Según los historiadores y especialistas en la materia, la nueva filtración de información, formas de operar y datos del sistema y comunidad de inteligencia de Estados Unidos, esta vez a cargo de un ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad y de la Central Nacional de Inteligencia, de tan solo 29 años, ha sido la más grave de que se tenga memoria.
¿Cuál es la diferencia entre el caso del soldado Bradley Manning, el responsable de la filtración a WikiLeaks, y el de Edward Snowden? La respuesta es sencilla: que en el primer caso se revelaron procedimientos establecidos, marcados por los reglamentos internos del servicio diplomático estadunidense, y aunque secretos no estaban fuera de la ley, simplemente dejaron ver lo que en realidad piensan y opinan en el Departamento de Estado de tal o cual gobernante o político de un país determinado; en cambio, lo dado a conocer en días pasados es la evidencia de tratar de defender la ley, la democracia y la seguridad a partir de violar la ley, la democracia y la privacidad de los ciudadanos estadunidenses y de varias partes del mundo.
El presidente Barack Obama ha salido a justificar algo muy difícil: explicar que se toman todas esas atribuciones por parte de las agencias de seguridad nacional e interior para realizar escuchas, escaneos de correos electrónicos, solicitudes de acceso a cuentas privadas en Facebook y Twitter, para garantizar que los sospechosos no puedan estar en condiciones de realizar u organizar algún atentado terrorista.
De tal forma, que se llegó a sostener, de parte del general Keith Alexander, jefe del Comando Cibernético del Departamento de Defensa, que gracias a esas misiones se inhibieron varios potenciales actos de terrorismo en Estados Unidos.
Así, la violación de la ley para defender a la ley quedó consumada.
Efectos
Sin duda que este es uno de los dilemas más complejos a los que las democracias contemporáneas deben hacer frente. ¿Hasta dónde pueden sostenerse las garantías individuales y los derechos del hombre inalterados, ante reales peligros y acciones de grupos que conspiran en contra de comunidades y ciudadanos inocentes y ajenos a sus objetivos?
Los límites son tenues y los efectos muy graves. Sea en el sentido de abrir las puertas a la posibilidad para la comisión de actos terroristas; mediante la utilización ilimitada de los recursos que ofrecen las redes digitales de comunicación; o bien estableciendo procedimientos de espionaje que, aunque ilegales, pueden limitar esas criminales intenciones.
La cuestión es que se usan recursos informáticos contra adversarios políticos, o empresarios, o cualquier personalidad que resulte incómoda al gobernante y su equipo y que puede ser afectada en sus acciones estrictamente privadas mediante el poderoso equipo electrónico al servicio del Estado y gobierno en turno.
Y es allí donde la democracia, en tanto reconocimiento de la integridad del ciudadano, se ve seriamente afectada respecto de la depredación de sus valores y principios, así como la incuestionable ventaja que ofrece para el gobernante la manipulación del espionaje en un sentido de beneficio personal.
El debate en Estados Unidos apenas comienza. Será muy importante seguir el curso que tomen los acontecimientos, pues no solo tendrán efectos sobre la comunidad internacional (ya hay reclamos de Turquía a Inglaterra por el espionaje en la pasada cumbre del G-8) sino, sobre todo, en el ambiente social doméstico y de los medios de comunicación de ese país y sus efectos en Latinoamérica. Ya lo veremos.