El planeamiento central de los expertos es que el futuro en México exige una conciencia ecológica con base en la premisa de que el ser humano producirá continuamente cambios en su entorno gracias a su poder de creación: este avance constante de la sociedad en relación con el medio ambiente entraña, de manera inevitable, alteraciones continuas que no siempre se manejan dentro de los límites impuestos por las leyes de la naturaleza y, por el contrario, invocan acciones jurídicas mediante huecos en nuestra legislación ambiental.
Luego de que en estas páginas (Vértigo No. 635) se publicó el trabajo intitulado Globalización de desechos peligrosos, las reacciones no se hicieron esperar: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ahora plantea en exclusiva una serie de advertencias que refuerzan lo publicado por este semanario, al exponer la implementación que se ha venido desarrollando bajo la figura de “litigio estratégico” en temas de medio ambiente.
Se trata de una especialidad jurídica —como sucede, por ejemplo, en materia de derechos humanos— que evoluciona desde 1993 y evidencia que existe una variada gama de temas que se deben afrontar de manera legal: desastres ecológicos, invasión de áreas protegidas, tala ilegal de recursos forestales, delitos contra flora y fauna silvestre —o exótica—, depredación de especies acuáticas, violaciones por impacto ambiental originadas por desarrolladoras o firmas paraestatales, apropiación de zonas federales marítimas o terrestres (islas, manglares o playas) por parte de particulares, vertederos clandestinos de sustancias industriales peligrosas, contaminación atmosférica de ríos, suelo y subsuelo…
Casos que actualmente se ventilan en tribunales federales al no haber juzgados con especialidad en materia ambiental ni existir un código procesal civil ambiental para poder sancionar a ciudadanos, empresas públicas y/o privadas o gobiernos municipales, estatales o federal cuando atentan contra el medio ambiente.
Aplicación
En charla con esta publicación, el presidente del CEMDA, Gustavo Alanís Ortega, expone un detrás de cámaras de lo que ha ocurrido a lo largo de dos décadas, para ilustrar la necesidad de que en México se dote al medio ambiente de vida jurídica propia, porque muchas veces por falta de conocimiento del sistema jurídico se provocan graves daños ambientales.
Como preámbulo, pone en contexto lo que significa el desarrollo del “litigio estratégico” en México: “Se trata de llevar casos en el país que puedan sentar un precedente y ayudar a la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Que puedan ayudar a las políticas públicas en materia ambiental para fortalecer la legalidad y el Estado de Derecho, en este caso en materia ambiental. Y algo muy importante: que podamos mejorar la calidad de vida y las condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza. Cuando hablamos de hacer litigio estratégico nos referimos a llevar casos legales donde podamos, de alguna manera, hacer una diferencia para brindar mejores condiciones de vida para la gente”.
Para leer el texto completo consulta mañana nuestra versión impresa en formato PDF.