Un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados advierte que los sistemas de pensiones del gobierno federal, organismos, estados y municipios, así como de las universidades públicas, tendrán importantes implicaciones en el futuro de la economía de la nación, debido a que se estima que la población de adultos mayores de 64 años sumará 20 millones dentro de unos años.
Y ante el aumento previsible a casi el triple de dicho segmento de la población, actualmente integrado por 7.7 millones de personas —sugiere el estudio—, todos los sistemas de pensiones “deberían prever un importante aumento en el número de pensionados que cotizan en sus sistemas de ahorro para el retiro, considerando que el gasto en pensiones sea insostenible hacia el futuro’’.
Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que actualmente las personas mayores de 64 años representan poco más de 9% de la población en edad activa (de 15 a 64 años) y para 2050 ascenderán a 34%; es decir, más de 32 millones de mexicanos serán mayores de 64 años, mientras que la esperanza de vida promedio al nacer se incrementará del nivel actual de 75, hasta los 82 años.
Con ello, señala el CEFP, el impacto negativo se extendería a los servicios de salud, al registrarse un fuerte incremento en los gastos destinados a atender enfermedades propias de la vejez y a dotar de cuidados a los adultos mayores.
Tan solo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, menciona el reporte, el gasto destinado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aumentó 10%, y la mayor parte de cuyos recursos se destinó al pago de pensiones.
Solidaridad
Aunado a la descripción anterior, en los últimos años han surgido opiniones diversas acerca de la endeble situación de los sistemas de pensiones en nuestro país, la cual —aseguran analistas especializados— tarde o temprano agravará toda la arquitectura de las finanzas públicas. De ahí que la viabilidad de la política fiscal debe considerar el creciente endeudamiento del Estado proveniente de los contratos sociales existentes; y dentro de ellos, de manera particular, el referente a los planes de pensiones con garantía pública explícita o implícita.
En México existen más de 4.1 millones de pensionados afiliados a más de 105 sistemas de pensiones públicos, la mayoría de los cuales son de reparto, pues las pensiones son financiadas por los patrones y trabajadores en activo, con base en el principio de solidaridad intergeneracional: junto con los empresarios, los jóvenes con empleo aportan para fondear esta prestación para los más viejos, en espera de que “los trabajadores del futuro” empiecen a aportar y así financiar las pensiones que entonces les correspondan.
No obstante, Pedro Vásquez Colmenares Guzmán, autor del libro Pensiones en México, la próxima crisis, editado por Siglo XXI, recuerda que durante más de 50 años autoridades del país generaron un cúmulo de beneficios pensionarios creados para determinados sectores laborales, en los que sólo las personas con relación formal de trabajo pueden tener una pensión.
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