La opacidad que existe en la información y rendición de cuentas de los 7.6 mil millones de pesos que reciben las entidades federativas en materia de seguridad pública, puede afectar la efectividad de las políticas estatales en la materia, según un estudio elaborado por el IMCO y Causa en Común.
El director de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope, señaló que está roto el mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) de los estados y el Distrito Federal.
“Estos instrumentos no ofrecen un control claro del gasto, más bien parecieran abrir espacio para la opacidad y el derroche de recursos, en detrimento de la efectividad de las políticas de seguridad pública”, añadió en rueda de prensa.
Apuntó que se destinan 140 mil millones de pesos a los programas y estrategias de seguridad pública a nivel nacional, de los cuales la Federación transfiere aproximadamente 17 mil millones de pesos a programas de seguridad en estados y municipios.
Precisó que el FASP concentra casi 45% de estos recursos, con 7.6 mil millones de pesos en 2013, sobre los cuales hay opacidad en su distribución y mala calidad en los sistemas contables que dificultan rastrear adecuadamente el destino del gasto.
El estudio elaborado por el IMCO y Causa en Común presenta un diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de los mecanismos de rendición de cuentas que regulan el ejercicio del FASP, a partir del análisis sistemático de 10 entidades: Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, apuntó que de los 10 estados analizados, los que tienen mejores prácticas en los informes sobre el gasto en seguridad son Durango, Distrito Federal y Colima, y los que son “muy preocupantes” son Morelos, Guerrero y Tabasco.