Miércoles 13 de diciembre de 2017
Federal

Mitos y realidades de la reforma educativa

Con la promulgación de las leyes secundarias se hará realidad una de las reformas más importantes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
2013-09-14 01:56:20 por Redacción
Foto: NTX

A. Hernández / N. Vázquez
reporteros@revistavertigo.com

La promulgación de las tres leyes secundarias de la reforma educativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una de las transformaciones que más urgen al país: alcanzar mayor calidad en la instrucción que reciben millones de estudiantes mexicanos.

Para ello, como bien señala la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, la evaluación y permanente capacitación de los profesores es indispensable.

Con la vigencia de las nuevas leyes General del Servicio Profesional Docente, General de Educación y la que otorga nuevas atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sistema educativo mexicano retomará la rectoría del quehacer educativo al contar con un nuevo marco jurídico que permitirá la evaluación de poco más de un millón 300 mil profesores de educación básica y media con esquemas diferenciados, proceso en el que los mentores conservarán sus derechos, pero a la que deberán presentarse por ley.

Además se contará con un Sistema Nacional de Evaluación que estará a cargo del INEE, institución que ya es autónoma y que establecerá las directrices para hacer la evaluación de manera objetiva, con la participación de expertos y autoridades, y no tendrá carácter punitivo, ya que se reconocen los contextos diferentes que prevalecen en las entidades de la República.

Así, y luego de un proceso legislativo complicado y con la movilización de miles de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a la reforma, los distintos actores que participan y tienen responsabilidad en el quehacer educativo admitieron que esta reforma era urgente y su aprobación es por el bien del país, al reconocer en la Constitución el derecho a la calidad educativa que recibirán millones de estudiantes una vez que entre en vigencia de manera completa.

Lo verdadero y lo falso

Pese a la claridad con que fue redactada la reforma, fuentes anónimas han propagado entre la ciudadanía falsedades y rumores que intentan tergiversar las intenciones y objetivos de la iniciativa.

Se afirma, por ejemplo, que “muchos maestros serán corridos y perderán sus empleos”, cuando la realidad es que el gremio educativo está cualificado y facultado para hacer valer los derechos adquiridos por los profesores.

Si como maestro cumplen con las evaluaciones y acuden a los cursos de capacitación y actualización, sus derechos seguirán vigentes y no corren ningún riesgo de ser violados, como bien apuntan fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Mucha gente se pregunta también quién garantiza que el gobierno federal cumplirá con lo que se establece en la reforma educativa.

En este sentido la reforma deja en claro que son los propios profesores y su sindicato quienes impulsarán acciones para que los legisladores asignen recursos suficientes y que los gobiernos federal y estatales cumplan con lo que estipula la iniciativa aprobada.

Acerca de que si desaparecerá o no la carrera magisterial, como algunas versiones aseveran, la reforma educativa es precisa cuando rechaza esa posibilidad, ya que su objetivo es transformar y de ninguna manera desaparecer la carrera magisterial.

Hay también la interrogante de si los profesores serán despedidos de manera automática si acumulan más de tres faltas consecutivas o tres faltas en un mes, sin importar los motivos, lo cual también es falso: no se podrá despedir a ningún profesor si sus faltas están justificadas, como está establecido en la ley desde 1946.

Sobre ciertas dudas de ciudadanos y maestros en el sentido de si habrá o no incentivos temporales y permanentes, individuales, por escuelas y a la profesión en su conjunto, para los docentes, directores y supervisores, se precisa que el proceso de evaluación no se basará en un solo instrumento sino en un conjunto de ellos, que recojan información directamente del aula, de la escuela y del contexto.

Los especialistas también aclaran que los maestros que no aprueben una tercera evaluación, como lo establece la ley, y cuando el personal que teniendo nombramiento definitivo no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, tampoco por ello será separado de la función pública: más bien será readscrito para continuar con otras tareas dentro de dicho servicio.

Es necesario también aclarar que el sindicato magisterial está facultado para defender a los profesores ante cualquier violación de sus derechos laborales que se presente.

Respecto a uno de los temas más polémicos, como es de los comisionados y a las dudas sobre si los comisionados en funciones de dirección o supervisión que carezcan del dictamen correspondiente pueden mantener esa función, los especialistas dicen que “sí, si participan en los procesos de evaluación y obtienen los resultados suficientes, además de que podrán obtener su plaza directiva, ya que se está impulsando un programa de regulación” para ello.

Acerca de qué va a pasar con los comisionados, el sindicato magisterial responde a sus agremiados que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.

Entre las principales inquietudes generadas entre la población por falsos rumores que afirman que la reforma educativa pondrá fin a la información gratuita es necesario destacar que, por el contrario, la iniciativa busca incluso garantizar la universalidad de la educación preescolar y la educación media superior en el país.

Transformación de fondo

De hecho el mismo presidente Enrique Peña Nieto, durante la promulgación de las leyes secundarias en materia educativa, recordó que desde el 1 de diciembre de 2012, al tomar posesión del Ejecutivo federal, dio a conocer a la sociedad mexicana que su gobierno emprendería una transformación de fondo para hacer realidad la educación de calidad en México.

Agregó que también se fijó esta prioridad como una de las cinco grandes metas nacionales para la administración que iniciaba, con lo que se decidió hacer frente a los rezagos educativos que han frenado el desarrollo del país, lo que generó amplios consensos sociales y políticos, y se convirtió en la primera iniciativa de reforma constitucional que presentó el gobierno federal en acuerdo con los partidos políticos.

El mandatario reconoció que el Congreso de la Unión, con responsabilidad institucional y compromiso social, y no obstante la intensa presión de que fue objeto para desarrollar su trabajo, aprobó las tres leyes durante un periodo extraordinario y otro ordinario de sesiones, con disposición al diálogo, escuchando a las partes involucradas y decidiendo en favor del interés superior de la nación.

Peña Nieto resaltó que con la promulgación de las leyes se hará realidad una reforma educativa que traerá importantes beneficios como establecer reglas transparentes y claras que premian y reconocen el mérito.

“Las nuevas condiciones de ingreso al magisterio permitirán que quienes impartan clases a nuestros niños y jóvenes sean aquellos mexicanos que mejor se han preparado y tengan la capacidad para responder a las exigencias de un aprendizaje efectivo”, señaló el presidente.

Nuevas oportunidades

Ante representantes de la Cámara de Diputados, secretarios de Estado y representantes de organizaciones sociales y de padres de familia vinculadas a la educación, aseveró que con las nuevas leyes se evitarán prácticas indebidas que violan el principio de equidad en detrimento de quienes tienen el mérito para acceder al magisterio y ascender profesionalmente en él.

El titular del Ejecutivo federal expuso que se darán nuevas oportunidades para el desarrollo profesional, ya que la Ley General del Servicio Profesional Docente reconoce la importancia de elevar el desempeño en el aula a partir de estímulos y apoyos adecuados, así como mejores condiciones para impartir clases.

“La ley abre las posibilidades para que la profesión docente sea más relevante, atractiva y desafiante, según los intereses y méritos de cada maestro, al permitir que quien destaque en su desempeño sea objeto de reconocimiento mediante movimientos laterales o estímulos económicos”, recalcó.

Precisó que la reforma también establece obligaciones a las autoridades, pues las nuevas leyes no solamente imponen obligaciones a los maestros o a quienes desean serlo sino también a quienes ejercen funciones de autoridad, por lo que se establece que no se podrá acceder a una plaza o a una promoción sin demostrar las capacidades suficientes y tampoco la autoridad podrá designar arbitrariamente a quien deba desempeñar estas funciones.

Además de que otra obligación que la autoridad adquiere es la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa a fin de agilizar los trámites administrativos, y que los maestros, además de quienes ocupan puestos de dirección o de supervisión, dediquen mayor tiempo a sus labores con sus alumnos.

Respeto a derechos laborales

El presidente dijo que se fortalecen las capacidades de gestión de la escuela y aseguramiento de la gratuidad, ya que la reforma está inspirada en la convicción de fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Y al dotar a la escuela de mayores capacidades de autonomía de gestión la autoridad deberá proporcionarle recursos indispensables para la realización de sus funciones.

Resaltó que otro beneficio es el pleno respeto a los derechos laborales de los maestros, debido a que los aspectos laborales contenidos en las nuevas disposiciones corresponden a condiciones indispensables para el logro de los propósitos eminentemente educativos de la reforma.

“La calidad de la educación se encuentra estrechamente ligada a la carrera profesional docente. Sin embargo, la Ley General de Servicio Profesional Docente respeta plenamente los derechos y estabilidad laboral de quienes ya trabajan en el Sistema Educativo Nacional, facilitando su superación y reconociendo el valor de sus aportaciones a la sociedad”, señaló.

Aclaró que los maestros de hoy, que están en el servicio y sean evaluados, mantendrán su plaza, al tiempo que se establecen estándares de calidad para los de nuevo ingreso, pues los niveles ya logrados por los maestros en carrera magisterial están plenamente protegidos.

El mandatario agregó que habrá imparcialidad, objetividad y transparencia de la evaluación, al tenerse el cuidado necesario para que la evaluación sea regulada con toda atención y respeto a los derechos y obligaciones del docente, ya que se tomaron en cuenta las voces del magisterio sobre la necesidad de contar con un sistema de evaluación que atienda la gran diversidad de circunstancias que hay en las distintas regiones de nuestro país y que evidentemente son distintas unas de otras.

“La necesidad de que la evaluación sea justa, objetiva y transparente llevó a impulsar la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La principal función de la evaluación docente es la mejora de la práctica docente, a partir de un mejor conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada maestro para apoyarlo en su desarrollo”, insistió.

Hacer realidad la reforma

Por todo lo anterior, recalcó el presidente, “la reforma educativa y sus leyes secundarias son, en los hechos, un paso fundamental para construir el México con educación de calidad al que aspiramos”.

Y con la promulgación de las leyes secundarias concluye el camino legislativo, pero apenas es el inicio de su instrumentación “que permitirá al Estado reafirmar su rectoría en la educación”.

Apuntó que hasta el día de hoy “hemos logrado transformar nuestras leyes federales. A partir de mañana debe iniciar la transformación de la realidad en cada escuela y aula del país”.

Invitó además a los maestros comprometidos del país a sumarse a la implementación de esta reforma y a que aporten sus conocimientos y experiencias para enriquecer los parámetros e indicadores que serán utilizados para la evaluación docente.

Anunció que para 2014 el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone doce mil millones de pesos para incrementar el número de escuelas de tiempo completo y pasar de seis mil 700 a más de 15 mil, así como más de 13 mil millones de pesos para el mantenimiento y dignificación en las escuelas del país.

“Todas esas acciones nos pondrán en el camino de la transformación educativa nacional, de la que estoy seguro los maestros serán parte fundamental”, afirmó.

Ruta de aplicación

Una vez promulgadas las leyes secundarias de la reforma educativa el siguiente paso para el inicio de su aplicación es la emisión, en las próximas semanas, de los lineamientos que regirán la autogestión de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y garantizar la participación activa de alumnos, maestros y padres de familia.

También en breve será instalado el Consejo Nacional de Participación Social, que involucrará a todas las partes del proceso educativo, y en las siguientes semanas se publicarán los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos en las escuelas a fin de cuidar la salud y el sano desarrollo de nuestros niños y jóvenes.

Y con el fin de contar con información confiable para transformar el Sistema Educativo Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lleva a cabo un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica del país, con el que se integrará el Sistema de Información y Gestión Educativa en todos los niveles educativos, que incluirá la información correspondiente a estructuras autorizadas, plantillas de personal de las escuelas y los datos de formación y trayectoria del personal.

Además, dentro de los próximos seis meses, las entidades federativas deberán adecuar su respectiva legislación educativa.

En el Ciclo Escolar 2014-2015 se realizará el primer concurso de oposición de nuevo ingreso y se definirán los mecanismos de evaluación del personal en servicio, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, autoridades locales y, por supuesto, el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Ventajas educativas y sociales

Para el INEE, que será un elemento fundamental en la aplicación de la nueva reforma educativa, el nuevo sistema normativo trae varias ventajas para el sistema educativo y la sociedad en general, ya que eleva a rango constitucional el derecho a una educación de calidad, establece la participación de la sociedad civil, padres de familia y maestros para revisar los contenidos de los planes de estudio.

También se crea un Servicio Profesional Docente que requiere hacer un ejercicio “virtuoso” desde la formación, así como el ingreso, la permanencia, el reconocimiento, la promoción y la jubilación digna de un maestro, además de que se crea un Sistema Nacional de Evaluación que será conducido por el INEE, institución que tiene ya rango autónomo derivado de la reforma, y que establecerá las directrices para hacer la evaluación en forma objetiva y no punitiva.

Destaca que habrá una mejora en el entorno escolar en cuanto a jornadas de tiempo completo, autonomía de gestión escolar, la reglamentación de alimentos nutricionales y la participación de la comunidad educativa para mejorar los espacios educativos y la desregulación de la normatividad y lineamientos para el director y maestros.

“Todo lo anterior —dice— será posible si todos los actores del sistema educativo asumen la responsabilidad conforme lo establecen las diferentes disposiciones  y se logre actuar guiados por el interés supremo en beneficio de nuestros niños”.

Conciliar intereses

El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, afirmó a su vez que con la aprobación de las leyes reglamentarias en materia educativa concluyó el proceso legislativo de la reforma educativa y ahora sigue establecer mesas de trabajo para definir el nuevo modelo de enseñanza que México requiere.

Aseguró que la Ley General del Servicio Profesional Docente atiende muchas de las preocupaciones que planteó la CNTE en los diálogos y negociaciones con legisladores, y “ahora es el tiempo de empezar a trabajar sobre la discusión y concretización de este nuevo modelo educativo que todos han requerido”.

El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, coincidió en que ahora toca a los gobiernos estatales dar respuesta a las demandas de los maestros y corresponderá a los estados conciliar intereses para darle viabilidad a dicha reforma.

El diputado del PAN Ernesto Robledo, por su parte, calificó la reforma como inaplazable, toda vez que establece “dentro del orden jurídico mexicano las regulaciones que garanticen a los maestros la posición económica y social que les corresponde y la libertad y el respeto adecuados al cumplimiento de su vocación; y esos son precisamente los alcances de la Ley General del Servicio Profesional Docente”.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo en tanto que la Ley General del Servicio Profesional Docente será cada vez más aceptada conforme se dimensionen sus verdaderos alcances y bondades, ya que responde al reclamo social de mejorar la educación y brindar a los maestros seguridad laboral, así como su fortalecimiento académico y profesionalización para mayores oportunidades de desarrollo.

Aseguró que hay plena confianza que en los estados se instrumentará su aplicación con oportunidad, porque México no puede esperar y la educación es un motor fundamental para mover a la sociedad.

“Con esta Ley General del Servicio Profesional Docente, con la que concluye el proceso legislativo de reforma educativa, los legisladores priistas en el Senado de la República sabemos que ganan los profesores, porque ya no tendrán que ser directores o supervisores para tener un mayor ingreso. Lo único que requerirán es ser mejores maestros”, concluyó.

 

#reforma educativa
# servicio profesional docente
# reforma educativa

Acerca del Autor
Redacción
Sin descripción