¿Qué argumentan los amparos de la CNTE?
La defensa de la Coordinadora explica cuáles son los razonamientos que utiliza en las demandas de amparo contra las leyes secundarias de la reforma educativa.
Los 600,000 amparos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pretende reunir, y que ya comenzó a presentar ante el Poder Judicial, se valen de la perspectiva en defensa de los derechos humanos que la ley de amparo vigente contiene desde su reforma en junio de 2011.
Desde la reforma, el juicio de Amparo en México contempla la protección de los derechos humanos como principio universal, y es este enfoque de derecho el que los maestros quieren usar para dar marcha atrás a las leyes secundarias de la reforma educativa promulgada por el gobierno federal.
El plan de defensa de los maestros
Eduardo Pérez Saucedo, asesor jurídico de la CNTE, informó que tiene confianza en que la justicia obrará a favor de los maestros desde la primera instancia, aunque espera que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo a Pérez Saucedo, los amparos buscan la suspensión temporal y luego definitiva de la aplicación de las leyes secundarias que rigen la reforma educativa, las cuales están vigentes y en operación desde el 12 de septiembre.
Después de obtener la suspensión, la defensa de la CNTE espera que el Poder Judicial falle de manera que obligue al Congreso de la Unión a modificar el texto de las leyes secundarias; para así derogar aquellos aspectos de la reforma que la Coordinadora considera inadecuados e inconstitucionales.
El asesor jurídico de la CNTE espera que más del 50 por ciento de los trabajadores de la educación en México presenten juicio de amparo, para lo cual la dirigencia de los maestros distribuyó de manera electrónica el texto de la demanda, de forma que los demandantes solo tienen que llenar sus datos, identificarse y firmar el documento.
Los argumentos de las demandas
Estos son los principales razonamientos que contienen las demandas de amparo que impulsa la CNTE, de acuerdo a su asesor jurídico:
- La reforma educativa viola el artículo 1 de la Constitución, el cual indica que las autoridades deben proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, señala que toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo.
- Con base en la protección de los derechos humanos, la CNTE planea evitar que los maestros sean separados del servicio docente al no aprobar sus evaluaciones, las cuales tienen la oportunidad de acreditar hasta en 3 ocasiones.
- El artículo 14 de la Constitución establece que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de una persona, y para los defensores de la CNTE, las leyes de la reforma educativa son retroactivas, debido a que se aplican a los profesores que ya se encontraban en el servicio docente en el momento de la promulgación de la reforma.
- La CNTE argumenta que el apartado B del artículo 123 constitucional, en su fracción novena, establece que los trabajadores sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada ‘en los términos que fije la ley’.
- Las demandas de amparo de la Coordinadora sostienen que las leyes de la reforma educativa intentan derogar derechos plasmados en la Constitución, lo cual es contrario al artículo 133, que establece la supremacía de lo dispuesto en la Carta Magna por encima de cualquier ley secundaria.
¿Qué tan pertinentes son los amparos?
Ser despedido al reprobar 3 evaluaciones es una de las principales preocupaciones de los maestros de la CNTE, aunque la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que los maestros con nombramiento definitivo (o ‘de base’) que no aprueben los exámenes, no serán separados de la función pública, sino que serán readscritos a otra área para realizar otras tareas.
De acuerdo a la ley, solamente los maestros que se encontraban cubriendo una vacante temporal menor a 6 meses al momento de la promulgación deben ser separados de la función pública, en caso de que no aprueben las evaluaciones.
La Coordinadora está demandando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y al Diario Oficial de la Federación.
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