Durante los sesentas, setentas y hasta los noventas del siglo pasado la marca orgullo de la casa se llamaba Calzado Canadá.
El escenario perfecto: producción y distribución en uno. La firma, calidad y precio, alcanzó a varios países latinoamericanos y Estados Unidos, a donde llegaba su maquinaria de exportación.
Su presidenta, Sandra López Benavides, hija del fundador de la firma con sede en Guadalajara y ramificaciones en el Bajío, recibió la Medalla al Mérito Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
El aplauso fue unánime.
El caso es que años después el país decidió, tras su ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), abrir sus fronteras, lo que provocó una catarata de importaciones en cuyo marco la industria nacional quedaba en desventaja.
Aunque la norma al ingreso del organismo convertido hoy en la Organización Mundial de Comercio (OMC) era reducir gradualmente los impuestos de importación en un rango de 20%, México decidió de golpe bajarlos en 50.
La medida incluyó, naturalmente, al calzado procedente de países asiáticos y sudamericanos. Choclos o mocasines, botines y botas argentinas de piel a 60% del valor de sus similares en México. Zapatos chinos de piel sintética y resto de hule a la tercera parte.
Tenis a un dólar.
En la andanada Calzado Canadá se convirtió en importador… hasta que una por una fueron desapareciendo sus tiendas.
La zona del Bajío y el Estado de México perdieron la tradición artesanal en la imposibilidad de competir. Talleres de todos colores y tamaños desparecieron al embate.
Decreto
El rescate llegaría muchos lustros después, en la sorpresa de la temporada, bajo la rúbrica del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sorpresiva si consideramos la competencia tradicional de la Secretaría de Economía en estos asuntos.
Por resolución de la dependencia, en reversa al compromiso de otra reducción de aranceles o impuestos de importación, se incrementaron estos en rangos de 25 a 30% sobre su precio de ingreso al país.
La medida cierra la ruta con ocho medidas adicionales.
Estamos hablando de reducir las puertas de ingreso de zapatos del exterior a nueve de 33 posibles. En cada una de ellas habrá un representante de la industria para evitar trampas en la magia de la corrupción.
Además se fija un precio base para la llegada del calzado procedente de países con los que no se hayan firmado acuerdos de libre comercio, lo que evitaría en el papel prácticas de subvaluación.
Si el costo es inferior los importadores tendrán que pagar un impuesto adicional.
Ningún importador podrá traer a México el producto si no está inscrito previamente en un padrón.
Los importadores deberán plantear con anticipación de cinco días a la dependencia la llegada de cargas.
El decreto habla de “apoyo a la competitividad del sector calzado”.
Una medida proteccionista, dirían algunos. El caso es que la industria le da sustento a 276 mil familias. Se diría, pues, que el gobierno comprendió que se le pasó la mano en la posibilidad de obligar a la industria nacional a reducir sus precios con la presión del embate de la competencia del exterior, bajo el lema de que la competitividad con sangre entra.
El problema es que el precio no solo lo determinan las empresas sino el entorno en que se mueven, es decir, el costo de servicios públicos, los impuestos…
Reversa saludable.