Por Ricardo Pérez Valencia
Entendemos que un futuro de paz, de respeto y de tolerancia comienza por que nuestros menores estén libres de abuso, violencia o agresiones, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al anunciar su decisión de presentar una iniciativa con trámite preferente ante el Congreso de la Unión, con el firme propósito de garantizar que los menores cuenten con una mayor protección de sus derechos.
Pero no solo eso: la iniciativa pretende también que los diferentes niveles de gobierno y todos los sectores de la sociedad asuman sus responsabilidades frente al interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes.
La propuesta establece objetivos, estrategias y políticas para atender y garantizar los derechos de la población infantil:
- Homologar las garantías individuales de este sector poblacional en todo el país
- Regular los centros de asistencia social
- Crear un registro nacional sobre niños que se encuentran en albergues
- Establecer las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o custodia
- Contiene protocolos de actuación contra la violencia escolar y sanciones de índole económica cuando este tipo de acoso genere alguna consecuencia por omisión
El presidente Peña Nieto señala en su iniciativa que “a pesar de que han pasado 14 años desde que se expidió la legislación vigente en materia federal para la protección de la niñez los resultados han sido insatisfactorios para el Estado mexicano, pues no existe una actuación homogénea por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno”.
Propósitos
La iniciativa del Ejecutivo busca la promulgación de una Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, además de crear un Sistema Nacional de Protección a la Niñez, instancias que se coordinarán con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En el proyecto de Ley General se imponen obligaciones a las autoridades federales, estatales y municipales para homologar la protección a niñas y niños y adolescentes, y se regulan con más profundidad sus derechos.
La propuesta presidencial insta además a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad de los menores a garantizar su alimentación, el desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, hacer que concurran a la escuela, fomentarles el respeto a todas las personas, protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación.
Asimismo abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física o mental o actos que menoscaben su desarrollo integral y evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia.
Peña Nieto decidió usar el carácter de iniciativa preferente porque, dijo, “el bienestar de nuestra niñez es una prioridad en la que además estoy seguro coinciden los legisladores de las distintas fuerzas políticas”.
Voces
Al respecto el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México AC, Juan Martín Pérez García, señala que es relevante que desde el nivel de la Presidencia de la República se ponga atención a una agenda pendiente en el país durante muchos años sobre la problemática que afecta a la infancia, que en México representa casi 40 millones de personas, toda vez que las omisiones y las ausencias del Estado frente al tema “han sido muy grandes”.
El Senado de la República tiene ahora “la gran responsabilidad de ajustar, enriquecer y fortalecer el proyecto para que no solo esté en el estándar internacional sino sobre todo que atienda las reformas constitucionales en materia de derechos humanos”, dice Pérez García.
Por su parte el director del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey, Óscar de los Reyes, considera que la iniciativa “está alineada a este viraje que están proponiendo para los programas sociales”, por lo que espera que exista “una vinculación entre la ley y los recursos que se canalizarían a través de Prospera en favor de los niños y adolescentes para su sano desarrollo”.
“Lo que tiene de interesante el proyecto —explica— es la creación de un sistema nacional de protección y también el carácter de Ley General que pretende alinear normativamente los esfuerzos de los tres niveles de gobierno”.