Ineficiencia, falta de planeación y corrupción pública son fenómenos que van de la mano aunque no sean sinónimos unos y otros.
Es un tema que persigue a México desde la época colonial. De hecho un famoso historiador inglés, James Cockroft, en un cuidadoso estudio sobre México mencionaba la corrupción a lo largo de la historia del país como quizá la principal causa del atraso económico y social.
En la etapa posrevolucionaria y en las décadas de partido hegemónico en el gobierno se volvió un lugar común de la sabiduría popular —por lo general sin pruebas fehacientes— la grave corrupción de los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, mientras que el aparato institucional y legal era muy básico y casi incompetente para detectar y perseguir el fenómeno, aun en el caso de que hubiera habido voluntad gubernamental para erradicar malas prácticas.
No faltaba, sin embargo, que de vez en vez algún funcionario o exfuncionario fuera a dar a la cárcel por la comisión de ilícitos en el desempeño de su cargo.
Esto para la clase gobernante, y también para la opinión pública, era considerado más una revancha política que un acto de conformidad al Estado de Derecho. Esa cultura permeó y arraigó durante décadas.
En realidad es hasta el gobierno de Miguel de la Madrid cuando los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción empiezan a perfeccionarse y a ponerse en operación, primero con la Secretaría de la Contraloría de la Federación y posteriormente con la Secretaría de la Función Pública.
Algunos estados de la Federación, de manera incipiente, comenzaron a actuar en el mismo sentido. No obstante se seguía percibiendo que eran instrumentos de revanchismo y de carácter político-punitivo más que de combate a la impunidad y lucha contra el mal desempeño.
No había, ni hay en suficiente medida, una concepción generalizada de que la ineficiencia, falta de planeación y corrupción pública son fenómenos que deben ser investigados desde un punto de vista objetivo, imparcial y eminentemente técnico. Pero así es y así tiene que ser.
Vigilancia
Para todos es conocido que desde marzo la Línea 12 del Metro, la obra más importante del Gobierno del Distrito Federal durante la administración de Marcelo Ebrard, tuvo que suspender operaciones porque fallas graves a lo largo de toda la realización de ese proyecto ponían en riesgo la seguridad de más de medio millón de personas a diario.
El servicio de la línea sigue interrumpido, pero a lo largo de los meses han estado en curso indagatorias periciales para identificar los errores, los eventuales desvíos y a los posibles responsables.
El expriismo que abunda en las filas del PRD sigue pensando en términos de la opacidad, la falta de rendición de cuentas en la obra pública, y considera que las indagatorias en torno de una gestión anterior y el deslinde de responsabilidades es una persecución de carácter político.
Así lo hizo Manuel Andrés López Obrador poniendo en reserva por doce años el gasto realizado en los segundos pisos. Del mismo modo reacciona Marcelo Ebrard ante las investigaciones de Miguel Ángel Mancera, de su mismo partido, para identificar quiénes fueron los responsables de las fallas en la Línea 12 y si hubo delitos que perseguir.
El exregente se equivoca. No es una investigación de orden político. Puede ser el punto de partida al fin de impunidades en el GDF y una investigación ejemplar para un mayor cuidado y vigilancia en la planeación y ejecución de obras públicas por miles de millones de pesos en la capital de la República.