El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una estrategia de combate a la corrupción el pasado 20 de octubre.
El dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya planteó la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción y de una Comisión Nacional para la Ética Pública.
La propuesta aún no llega al Congreso, pero existen antecedentes de iniciativas similares presentadas en la actual Legislatura que no prosperaron.
El Senado aprobó en diciembre de 2013 la creación de un órgano anticorrupción, cuya minuta continúa estancada en la Cámara de Diputados.
Te dejamos un recuento de las iniciativas anticorrupción presentadas en la 62 Legislatura:
La del presidente
En noviembre de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto anunció que senadores del PRI y del PVEM presentarían una iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y el Consejo Nacional por la Ética Pública.
La comisión será un órgano público autónomo con facultades para imponer sanciones administrativas.
La iniciativa proponía que los comisionados que integrarían la comisión serían designados por el Ejecutivo Federal, lo que causó inconformidad en los legisladores.
Entre características de la Comisión Nacional Anticorrupción destacaban:
- Sería un organismo con plena autonomía. - Estaría integrada por 4 comisionados que durarían 7 años en el cargo y por un comisionado presidente que permanecería 4 años en dicha función. - Todos los comisionados serían nombrados por el presidente de la República, aunque el Senado podría objetar las designaciones durante los 30 días posteriores con el voto de las 2 terceras partes de sus miembros presentes. - Las facultades de la comisión serían prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por servidores públicos. - Dar parte al Ministerio Público cuando encuentre actos que pudieran tratarse de un delito. - La Comisión podría interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. |
La del PRD
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó el 20 de noviembre de 2012 una iniciativa para crear una Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción.
La principal diferencia con la propuesta del Ejecutivo federal es que la Agencia tendría la facultad de ejercer acción penal contra servidores públicos que cometieran actos de corrupción.
Aquí sus principales características:
- La Agencia compartiría con el Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal en la investigación de los delitos federales en materia de corrupción. - Estaría integrada por 7 fiscales generales que durarían 7 siete años en su cargo sin poder reelegirse. - La propuestas para los fiscales que integrarían la Agencia las harían organizaciones de la sociedad civil y el Senado sería el encargado de las designaciones con los votos de las dos terceras partes del Pleno. - Habría un consejo consultivo integrado por 10 ciudadanos electos mediante el mismo procedimiento establecido para los fiscales. - Podría solicitar el apoyo del Ministerio Público y de la fuerza pública en los casos que lo ameriten. - En cada entidad federativa habría oficinas de la Agencia y un fiscal por cada una de ellas. - Capacidad para interponer controversias constitucionales. - Establecía un mecanismo de reparación de daños causados por actos de corrupción. |
Las panistas
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) José María Martínez presentó una iniciativa en enero de 2013 para crear un Instituto Nacional Anticorrupción.
En la propuesta de Martínez también se creaba una Fiscalía especializada en el combate a la corrupción.
Las características del Instituto Nacional Anticorrupción serían:
- Sería un órgano autónomo. - Investigaría y sancionaría también las quejas administrativas contra servidores públicos. - El Instituto contaría con un Consejo integrado por 5 consejeros designados por las dos terceras partes de los integrantes del Senado. - Los consejeros permanecerían durante 7 años y podría reelegirse para un periodo de 4 años más. - Podría investigar los delitos cometidos por servidores públicos a través de la creación de una Fiscalía Especial. - La Fiscalía sería la encargada de ejercitar acción penal contra los servidores públicos que cometan delitos relacionados con corrupción. - Estaría presidida por un Fiscal Superior, quien será designado por los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Anticorrupción. |
Un grupo de senadores del PAN, encabezados por Ernesto Cordero, presentaron una iniciativa en abril de 2013 para crear un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
La propuesta retomó aspectos de la iniciativa presentada por José María Martínez como la creación de una Fiscalía y agregó otros como un Registro Nacional de Servidores Públicos.
Los aspectos más destacados de la iniciativa “corderista” eran:
- Crear una Fiscalía General de Combate a la Corrupción como un órgano autónomo. - La presidiría un Fiscal General elegido para un periodo de 7 años por las dos terceras partes de los votos del Senado. - Crear la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción como un órgano autónomo. - Esta Comisión fiscalizaría los recursos públicos y sancionaría las responsabilidades administrativas. - La integrarían 7 comisionados que durarían 7 años en su responsabilidad y serían designados por las dos terceras partes de los votos del Senado - Uno de los comisionados sería el presidente por un periodo de 4 años con posibilidad a reelegirse en una ocasión. - El Congreso tendría que expedir una Ley General de Combate a la Corrupción con las responsabilidades de los servidores públicos y las sanciones penales relacionados con actos de corrupción. - Se conformaría un Registro Nacional de Servidores Públicos. - La Fiscalía General y la Comisión Nacional podrían interponer acciones de inconstitucionalidad. |
La aprobada ‘descafeinada’
La cantidad de iniciativas en materia de combate a la corrupción y las diferencias entre los grupos parlamentarios en el Senado hicieron que el tema se discutiera hasta el 13 de diciembre de 2013.
Las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Anticorrupción y Participación Ciudadana elaboraron un dictamen basado en las diferente propuestas que terminó por ser una versión “descafeinada” de todas las anteriores.
El dictamen se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados donde se encuentra atorado.
Los puntos más destacados del dictamen aprobado son:
- Se contempla la creación de un órgano autónomo responsable de combatir la corrupción en el país. - Los grupos parlamentarios del Senado propondrían a los candidatos. - El titular del órgano anticorrupción durará 7 años en su cargo. - El presidente de la República tiene la facultad de objetar el nombramiento. - Las responsabilidades y atribuciones del órgano anticorrupción serían especificadas por el Congreso de la Unión. - El Congreso también deberá establecer las sanciones que podrá aplicar dicho órgano. - La ley que expida el Congreso fijará las bases de coordinación entre el órgano anticorrupción, el IFAI, la ASF, la PGR y las procuradurías estatales para labores de prevención, investigación y sanciones de actos de corrupción en los que participen servidores públicos.
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