En la pasada entrega formulé una serie de elementos que desde la perspectiva de los estudios y análisis especializados resultaba recomendable incluir en el anuncio del pasado 1 de diciembre.
Entre otros sugerí fortalecer la estructura municipal, dado que es la base del pacto federal y de la democracia en nuestro país. También incluir al Poder Judicial en la estrategia a seguir, así como considerar nuevos actores en la aplicación y evaluación de las probables nuevas medidas.
Los resultados de mi pronóstico fueron irregulares.
Coincidiendo con el fin del segundo año de gobierno, las diez propuestas del presidente de la República han tenido desde su lectura una recepción que va del escepticismo a la decepción. Pocos han sido los que se han sumado con entusiasmo. Por ejemplo el PRI (es lógico), pero también muy escasos analistas han saludado el contenido y sentido de las iniciativas ya enviadas al Senado de la República como cámara de origen, dado que se trata de probables modificaciones y nuevas leyes que afectan de fondo al pacto federal.
Desde luego que la más polémica ha sido la de desaparecer a las policías municipales y crear policías unificadas en cada uno de los estados de la República. El Distrito Federal es un caso por completo diferente. Con esta acción quedará en mayor evidencia el colapso y fracaso de lo que algún día se pretendió fuera el municipio libre. No hay duda respecto de la debilidad estructural de las corporaciones policiales locales, pero no es menos cierto que se trata de la última expresión de una larga y compleja cadena de fallos y descoordinación entre una amplia red de instituciones, leyes y procedimientos. A lo anterior deben sumarse funcionarios que por décadas no han estado a la altura del desafío.
Tendencia
La crisis de inseguridad pública que agobia al país ahora se ha visto agravada ante la movilización y estilos de protesta donde la violencia extrema sustituye a cualquier planteamiento ideológico o de debate. No hay espacios para la discusión ni la disensión: o a favor o en contra.
En este contexto de agitación social la propuesta de debilitar al municipio encuentra un ambiente poco favorable, además de que la tendencia en el mundo es contar con policías de proximidad que con su presencia inhiban la comisión de delitos.
Los mandos centralizados propiciarán que haya un repliegue de las policías locales y adquieran un perfil reactivo más que de disuasión, con lo que los índices de violencia pueden incrementarse.
Además, según cálculos de la Secretaría de Gobernación, para que la medida comience a aplicarse en el país pueden pasar hasta dos años, un lapso que sin duda es muy largo ante el ambiente de miedo, agitación y desconfianza hacia la autoridad que día con día se expande entre la sociedad.
De allí que el gran reto de la Presidencia de la República radica en las formas en que pueda de manera evidente y directa aplicar medidas orientadas a reconstituir el funcionamiento de los sistemas sociales.
Me pareció un acierto la inclusión del CIDE y su director general para organizar y conducir mesas de debate en torno del análisis de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Aunque podrían haber invitado a otras instancias, un nuevo jugador puede darle refresco y nuevo sentido a las discusiones. En cambio, en el contenido general de las diez medidas bastante poco se habló de la impartición de justicia y de las responsabilidades del Poder Judicial. Allí tendremos, más temprano que tarde, un problema de diseño.