En medio de una crisis con múltiples exigencias de solución las elecciones legislativas federales y capitalinas de junio próximo no serán un acercamiento a la búsqueda de soluciones sino que se agotarán en un nuevo reparto del poder entre las élites.
Las primeras encuestas revelan que los partidos seguirán más-menos con sus mismos espacios, salvo la división que se perfila en el sector neopopulista por el desacuerdo entre el PRD y el partido-movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y en el PAN también se va a resentir el enfrentamiento de Gustavo Madero contra Felipe Calderón Hinojosa.
De ahí que el PRI tiene la oportunidad de recuperar algunas curules federales y podría regresar a ser más competitivo en el DF. El riesgo para el PRI radica en la posibilidad de que tenga que pagar su alianza con el PAN mediante algunas candidaturas sin futuro. Por ejemplo, la candidatura priista de Ivonne Álvarez al gobierno de Nuevo León podría reproducir el modelo de Baja California en 1989, cuando el entrante gobierno salinista hubo de entregarle la gubernatura al PAN como pago a la calificación electoral de Carlos Salinas y por ello puso a una candidata débil: Margarita Ortega Villa.
Lo malo, sin embargo, no se localiza en los juegos palaciegos de poder. El funcionamiento de la Cámara de Diputados que termina en septiembre se movió entre tres coordenadas: el regreso del PRI a la Presidencia, las reformas estructurales consensuadas en el Pacto por México y la ruptura sistémica por la nueva fase de la crisis de seguridad.
En sus tres años, la cámara baja no entendió la lógica de las necesidades sociales: los legisladores, por la preeminencia priista en la Presidencia de la República, le dieron prioridad a las reformas estructurales, mientras el sistema político profundizaba la ineficacia de muchos de sus instrumentos. En materia de seguridad se privilegió lo policiaco, pero dejando a un lado lo social y lo político. La crisis guerrerense Iguala-Ayotzinapa no pasó por los espacios de poder del Congreso y se radicalizó en las calles.
Problema
Los legisladores se han dedicado a aprobar leyes, pero sin legislar sobre la viabilidad de su aplicación.
Como en los tiempos del viejo régimen, los legisladores de la primera minoría, el PRI, se han sometido a la lógica del Poder Ejecutivo aunque su papel era el de un poder autónomo pero complementario al del presidente de la República. Al final, la bancada priista en San Lázaro apoyó al presidente pero se alejó de la crisis de la República.
Por como se ven los primeros perfiles de candidatos y los estrechos espacios de movilidad política de los partidos, la próxima Cámara de Diputados no será diferente a la que termina. La crisis del sistema político necesitaba de una cámara con capacidad de empujar iniciativas de modernización política. Sin embargo, su rendimiento se ajustó estrictamente a las necesidades de las prioridades presidenciales.
El problema de la cámara fue la imagen de distancia de la crisis cotidiana. Las facultades de los diputados pueden dar para iniciativas de estabilidad política, de vigilancia del Ejecutivo y de reorganización política. Sin embargo, la cámara no fue más allá de los requerimientos presidenciales.
De ahí el pesimismo respecto del efecto político esperado en la renovación de la cámara baja: la continuidad de la inmovilidad política operó con un país con crisis acumulativas, algunas de ellas rayando en la ruptura institucional y otras en rebeliones políticas sin control.