Después de tres días de bloqueos constantes, la policía federal y la capitalina realizaron el 11 de febrero un operativo de desalojo de los maestros de la Sección 22 de Oaxaca en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
Los líderes ya habían conseguido todo lo que querían. El bloqueo del 11 de febrero solo buscaba retar al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera en represalia por el hecho de que el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, había declarado que no permitiría el bloqueo de Reforma.
Ahorcar un día más una de las principales avenidas del Distrito Federal era una forma de mostrarle al gobierno de la ciudad que la CNTE puede cerrar cualquier vía de comunicación cuando se le antoje.
En sus negociaciones con la Secretaría de Gobernación, la Sección 22 obtuvo el derecho de violar la ley. El gobierno aceptó contratar a maestros sin el examen de oposición que ordena la legislación. También accedió a cubrir las quincenas íntegras de maestros que no se han presentado a trabajar, a pesar de que la ley dice que los días deben ser descontados y los maestros despedidos después de tres faltas sin justificar.
La acción de la policía en Paseo de la Reforma fue limpia y ordenada. No hubo ni heridos ni detenidos. Los maestros fueron replegados a la plaza del Monumento a la Revolución, el lugar que el gobierno capitalino les designó como base desde su llegada a la Ciudad de México el 9 de febrero. Aun así, el secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez, cuestionó la “represión fascista” de los gobiernos federal y capitalino y prometió que la Sección 22 estaría de regreso en el Distrito Federal para tomar no solo el Paseo de la Reforma sino el Zócalo.
Rehenes
Yo no sé si el secretario general de la Sección 22 realmente crea que el operativo del 11 de febrero fue una represión fascista, pero sí me queda claro que los políticos tienen una conciencia culpable ante la posibilidad de usar la fuerza pública para impedir bloqueos, robos y agresiones que se realizan al amparo de supuestos movimientos sociales. Los líderes explotan esta situación y han convertido las movilizaciones políticas o sociales en simples acciones de extorsión que toman como rehenes a los ciudadanos para obtener privilegios.
En los países democráticos esto no ocurre porque, aunque las autoridades respetan el derecho de protesta, no permiten que se abuse de los derechos de terceros. Quizás en esas naciones hay manifestaciones que por su dimensión pueden afectar el tránsito de manera temporal, pero los gobiernos recurren a la fuerza pública cuando hay bloqueos, robos, daños u otros delitos en las protestas.
En México también las autoridades deben entender que no solamente es legítimo el uso de la fuerza pública para impedir violaciones a la ley o los derechos de terceros sino que esto es una obligación. Un gobernante no puede lavarse las manos cuando se agrede a terceros solamente porque los agresores son miembros de algún grupo político.