En política los precedentes cuentan, por excepcionales que sean. De ahí la importancia crucial de un auténtico pacto social y concreto para que las elecciones en Guerrero se realicen con absoluta normalidad, en tiempo y forma.
Hoy parecería que no hay condiciones en algunas poblaciones del estado, como Chilpancingo y Tixtla. Existe información contradictoria. Por un lado, el gobernador afirma que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) controla 60% de las casillas. Pero, por otro lado, la delegada del Instituto Nacional Electoral en Guerrero señala que todavía no se firma el convenio con el estado para la ubicación de las casillas dentro de las secciones debidamente delimitadas en términos geográficos.
En paralelo, tanto el líder de la CETEG como el vocero de los padres de los normalistas asesinados afirman que primero tendrá que resolverse el caso de los 43 y después habrá elecciones. Se trata de una encrucijada en las circunstancias actuales casi insoluble y mientras más se aproxime la fecha de la elección, el 7 de junio, será mucho más difícil impedir un brote de violencia de consecuencias imprevisibles.
Constituye esta situación un enorme desafío desde diferentes ángulos. El órgano electoral estatal está a todas luces rebasado y seguramente será rehén de la disidencia magisterial, lo que hace casi inevitable la intervención directa, desde un punto de vista organizacional, del Instituto Nacional Electoral. Esa tarea implica desde la capacitación de funcionarios electorales —que vaya uno a saber de dónde los van a sacar— hasta la realización de la jornada misma, en la que será prácticamente imposible garantizar la seguridad física de cientos de casillas en un estado en el que, además, la orografía es y ha sido obstáculo para la seguridad, de por sí precaria en una de las entidades históricamente más violentas y poblacionalmente más dispersas de todo el país.
Intolerable
Se requiere un pacto de unidad de todos los partidos políticos para convocar a la población y al mismo tiempo presentar un frente unido ante quienes proponen posponer los comicios. De todos los partidos políticos sin excepción, incluido Morena, y que la ocasión sirva para que ratifiquen su voluntad de apegarse a la legalidad y no simplemente valerse de ella de “contentillo”.
Se necesita una compleja combinación de inteligencia en materia de seguridad y de uso de fuerza pública con un carácter eminentemente disuasivo y preventivo y no esperar a que los acontecimientos se presenten y se genere un escenario fuera de control.
En este sentido, no debe descartarse la posibilidad de que las autoridades federales emitan alguna o algunas órdenes de aprehensión contra liderazgos visibles y otros no tan visibles. Suena difícil, pero en ocasiones aplicar la ley es una labor ardua y arriesgada.
No es casual que el presidente del Senado, un hombre de izquierda, perredista, declare que los activistas de la CETEG ya se convirtieron en desestabilizadores sociales. Han transcurrido más de dos años desde que tres secciones del sindicato magisterial arguyen cualquier cantidad de pretextos para impedir la aplicación de la reforma educativa, reforma estructural que de todas las realizadas en este sexenio alcanzó el mayor de los beneplácitos públicos.
Han bloqueado la Autopista del Sol y paralizado actividades productivas cuantas veces han querido. Han atacado instalaciones militares y edificios públicos. Han secuestrado funcionarios y han agredido a la autoridad impunemente. Ha prevalecido la tolerancia, pero la posposición de los comicios federales en una entidad es inevitablemente intolerable.