En 2015 los organismos electorales y los partidos políticos erogarán recursos del orden de los 32 mil millones de pesos, entre gastos de operación (en el caso de los institutos electorales nacional y locales), prerrogativas (de los partidos nacionales y locales) y gastos de campaña de los candidatos a los más de dos mil cargos de representación popular que se disputarán el próximo 7 de junio.
A dicho gasto hay que agregar los casi 15 mil millones de pesos que representa el costo de los millones de spots que los partidos transmiten de manera gratuita por radio y televisión.
Ahora bien, por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) revisará en tiempo real los ingresos y egresos que registren durante las campañas los candidatos a diputados federales, así como también habrá de supervisar los movimientos financieros de los contendientes a diputaciones locales, presidencias municipales y gubernaturas.
Esa revisión de gastos y percepciones de los candidatos será a través del nuevo modelo de fiscalización que se implementó a partir de la reciente reforma electoral.
Y es que un sistema de partidos fuerte y sólido requiere de un sistema de fiscalización robusto y exhaustivo: ambas cosas son condición indispensable para tener una democracia plena, afirma el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
A su vez, el consejero Benito Nacif sostiene que la reforma política-electoral de 2014 exige que el instituto aumente la rendición de cuentas y establezca un marco más robusto de fiscalización, en el que los partidos políticos también sean partícipes de estos cambios.
Como bien sabemos, a partir de la fiscalización se puede detectar si algún partido o candidato rebasó los topes de gasto de campañas o bien si recibió recursos de manera ilegal o incluso de procedencia ilícita, causales todas estas de anulación de los resultados comiciales.
En 2015 la fiscalización será un verdadero reto para las autoridades electorales: casi 76 mil informes deberán ser revisados.
Ahora todos, autoridades y partidos, están obligados a rendir cuentas, pues ya no puede haber opacidad en el uso de los recursos públicos.
¿Qué es la fiscalización?
De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del INE por conducto de su Comisión de Fiscalización.
Se indica además que en el cumplimiento de sus atribuciones el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
Y en caso de que los partidos o candidatos incumplan sus obligaciones en materia de fiscalización y contabilidad, el Consejo General podrá imponerles las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.
La Contraloría General del instituto conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan de acuerdo a la ley.
Beneficios y dudas
Sobre este tema en particular Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), apunta que si bien la fiscalización de partidos y campañas se robustece a partir de las nuevas disposiciones, “el sistema de fiscalización no necesariamente se traducirá en la detección y prevención del financiamiento ilegal de las campañas y del exceso de gasto”.
Al respecto, abunda que la fiscalización mejora por tres motivos: “Primero, porque se conecta la fiscalización de campañas federales y locales; segundo, porque habrá más cooperación con entidades especializadas en la fiscalización de recursos, como la Secretaría de Hacienda, y, tercero, porque se utilizarán nuevas tecnologías como la fiscalización en línea”.
Sin embargo, indica Luis Carlos Ugalde, “las nuevas modalidades de fiscalización son insuficientes para detectar el dinero líquido que se inyecta a las campañas: recursos que provienen de contratistas, del propio gobierno local o de otras fuentes”.
Explica que de acuerdo con estudios en los que ha participado Integralia —la consultoría que él encabeza—, tres de cada cuatro pesos gastados en las campañas provienen de financiamiento no reportado.
“Mientras no se detenga el flujo de estos recursos la fiscalización, las sanciones y los topes de gasto de campaña serán insuficientes para evitar la influencia indebida del dinero en la política”, advierte el especialista.
Por su lado, el consejero electoral Ciro Murayama Rendón explica que el tema de la fiscalización es una de las áreas que mayor transformación ha experimentado como producto de la reforma constitucional en materia política-electoral y sus leyes secundarias de este 2014.
Murayama dice que “ahora vamos a un nuevo modelo de fiscalización donde tenemos, una vez más, una comisión de este Consejo General ocupada de estas tareas, como en su momento hubo en el Instituto Federal Electoral aquella Comisión de Fiscalización que indagó y sancionó los emblemáticos casos de Pemexgate y Amigos de Fox. Pero ahora con una Unidad Fiscalizadora Especializada que, a diferencia de lo que ocurrió en la última etapa del IFE, ya no tendrá autonomía técnica sino que está supeditada a las directrices de la propia Comisión de Fiscalización”.
Con la reforma política-electoral, añade, “se multiplica el número de sujetos obligados, se reducen los plazos para hacer la fiscalización y además aumentan las consecuencias de violaciones en materia de uso de los recursos. Incluso se abre la posibilidad para que se anulen elecciones si se rebasan los topes de gasto de campaña”.
El consejero Murayama Rendón precisa que “el nuevo modelo descansa en la existencia y en la operación de un sistema de fiscalización en línea y en el cumplimiento de tiempos acotados. Por lo tanto, para que este modelo funcione hay cosas que todavía se están permitiendo o tolerando, pero que en el futuro no pueden tener lugar, como la entrega extemporánea de información”.
Rendición de cuentas
De manera adicional a la fiscalización el Congreso de la Unión aprobó leyes reglamentarias en materia de transparencia y rendición de cuentas que ahora obligan a los partidos políticos a dar a conocer a la sociedad la información sobre el manejo de los recursos públicos que reciben.
Al respecto, la senadora del PRI María del Rocío Pineda Gochi manifiesta su confianza en que las nuevas disposiciones legales sean pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia y marquen la ruta en la lucha contra la corrupción, por lo que llama a la ciudadanía a ser corresponsable y participar en procesos de rendición de cuentas.
Isidro Pedraza Chávez, del PRD, sostiene a su vez que las nuevas disposiciones son un logro de la sociedad y ello permitirá erradicar vicios de opacidad y corrupción en el uso de los recursos públicos.
El senador Fernando Torres Graciano, del PAN, expresa por su parte: “Estamos dando un paso fundamental en el cumplimiento del acceso a la información, clave en los sistemas democráticos y que mantiene una relación estrecha con la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico, la gobernabilidad y la competitividad.
En tanto, el senador Zoé Robledo, del PRD, se pronuncia por que las nuevas disposiciones legales en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización sirvan para combatir eficazmente la opacidad y la corrupción que han puesto en grave riesgo el sistema democrático.
Luis Armando Melgar Bravo, senador del Partido Verde, destaca que las nuevas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas —a las que ya se ven sujetos, además de las autoridades, los partidos políticos— darán la oportunidad a México de crecer y desarrollar una política moderna, pues sientan las bases para homologar en todo el país reglas, principios y procedimientos para un correcto ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Problemas con el sistema de fiscalización
En agosto de 2014 el Consejo General del INE aprobó el diseño elaborado por la Junta General Ejecutiva y la Comisión de Fiscalización del propio organismo para contratar los servicios necesarios que permitieran instrumentar el sistema de fiscalización.
Luego de las evaluaciones respectivas se determinó que la propuesta de la empresa Scytl México S de RL de CV cumplía con los requerimientos establecidos por el instituto, por lo que se procedió a extenderle a esta el contrato INE/024/2014.
Se establecieron los plazos para la entrega de los tres módulos del sistema, así como para la ejecución de las actividades asociadas a cada uno de ellos.
Autoridades del instituto y representantes de la empresa celebraron 42 reuniones de trabajo para afinar detalles.
Llegó así el 14 de diciembre de 2014, fecha prevista para la recepción por parte del instituto del módulo de contabilidad, “primer entregable” previsto en el contrato.
Pero la empresa no lo entregó. Y desde el momento en que se tuvo conocimiento de esta omisión el instituto “emprendió un proceso de valoración que involucró aspectos técnicos en materia de fiscalización, tecnológicos, administrativos y legales”, indicó el INE
De hecho, desde los días 23 y 30 de noviembre, así como 2 y 5 de diciembre de 2014, los funcionarios del organismo celebraron reuniones adicionales con representantes de Scytl para recabar información sobre la ya evidente falta de cumplimiento.
En los primeros días de enero pasado Scytl, en un comunicado, rechazó que hubiese fallas en el proyecto y al mismo tiempo garantizó al instituto “la entrega de un sistema de contabilidad en línea confiable”.
El 7 de enero el instituto emitió un comunicado en el que indicó que el incumplimiento de Scytl lo llevó a iniciar un proceso de revisión de las cláusulas del contrato y sus anexos técnicos para valorar las consecuencias administrativas, técnicas y jurídicas que se desprenden de este hecho.
Para el 19 de enero los funcionarios del INE ya tenían una resolución: rescindir el contrato a Scytl.
El 20 de enero el órgano electoral dio a conocer que “ante la omisión en la presentación del primer entregable determinó dar inicio al proceso administrativo de rescisión”.
El 29 de enero el Consejo General, en sesión extraordinaria urgente, tomó un acuerdo en el que instruyó a la Junta General Ejecutiva del instituto realizar las acciones necesarias para que la autoridad electoral nacional esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Finalmente, el pasado 4 de febrero la Comisión de Fiscalización presentó a los partidos los avances del aplicativo informático, que formará parte del Sistema de Contabilidad y que puso en marcha la primera fase de la fiscalización de las campañas.
Al mismo tiempo, el INE dio a conocer que ya contaba con una “ruta de construcción de un sistema que tiene el respaldo, la asesoría técnica y la infraestructura informática necesaria por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Actualmente el INE ya se encuentra fiscalizando los egresos e ingresos de los partidos y candidatos.
Desafío
Al respecto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destaca su confianza en que la fiscalización se realizará en tiempo y forma, al apuntar que las nuevas responsabilidades del instituto en materia de fiscalización representan “un ejercicio de gran envergadura, un ejercicio que implicará un enorme esfuerzo por parte de la autoridad electoral para tener a tiempo y con plena operatividad un sistema que es inédito en el ámbito del Estado mexicano”.
Pero también, añade, se van a imponer a los partidos políticos “una serie de cargas y de obligaciones que hasta ahora no habían tenido”.
El reto no es menor: el INE pronostica que revisará casi 76 mil informes que presentarán precandidatos y candidatos a los más de dos mil cargos de elección popular —diputaciones federales y locales, alcaldías y gubernaturas— que serán disputados por diez partidos políticos nacionales (así como algunos locales) en los comicios del próximo 7 de junio.
