Los estudiosos los llaman “ejército industrial de reserva”; para los intermediarios o coyotes laborales son su fuente rapaz de ingresos; los registros gubernamentales no les ofrecen nada en materia de salud, prestaciones sociales, salarios dignos o condiciones laborales adecuadas y, por si fuera poco, su alta movilidad es un obstáculo para su organización: son dos millones de mexicanos ocupados como trabajadores en el campo, quienes con sus familias a cuestas suman más de nueve millones de personas con las que el Estado tiene una deuda histórica: los jornaleros.
Hoy por fin, luego de que salió a la luz la situación precaria en la que trabajan los jornaleros agrícolas debido a dos graves casos en Baja California y Colima, las autoridades buscan mecanismos para saldar esa deuda.
En el Senado de la República, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos aprobó crear un grupo plural de trabajo para visitar el Valle de San Quintín, Baja California, para revisar la situación por la que atraviesan los trabajadores agrícolas de aquella región.
Este grupo de trabajo buscará reunirse con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local de Baja California, así como con la CNDH, a fin de presentar un informe puntual al Senado que concilie propuestas concretas que vayan más allá de la región que pretenden visitar.
Engaño
El modus operandi de los enganchadores de jornaleros es cambiante, pero por lo general llegan a ofrecer trabajo a comunidades de campesinos en estados como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Guerrero.
Engañan a los trabajadores del campo afirmando que tendrán empleo bien remunerado y un lugar donde vivir en tan buenas condiciones, que incluso les invitan a llevar con ellos a toda su familia.
Luego los trasladan a lugares muy alejados, en zonas agrícolas del norte del país y, con todo ello, los enganchadores evitan a los dueños de los campos agrícolas toda responsabilidad laboral con los jornaleros.
Al menos es lo que reveló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como producto de los operativos de inspección que sirvieron para rescatar a decenas de personas que laboraban en condiciones inhumanas en Baja California y Colima.
Cifras jornaleras
Los estudiosos definen a los jornaleros agrícolas como “trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, cosecha, recolección y preparación de productos” agrícolas.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol):
- En 2010 existían en el país 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas.
-Incorporando a los miembros de sus familias ascienden a más de 9 millones 206 mil 429 ciudadanos, con un promedio de 4.51 personas por hogar jornalero.
- 55% eran hombres y 45% mujeres.
Según esta misma fuente oficial, del total de la población jornalera:
- 57% se emplea en los cultivos de chile y tomate.
- 90% carece de contrato formal.
- 48.3% tiene ingresos de tres salarios mínimos.
- 37% gana dos salarios mínimos.
- 54.8% está expuesto a productos agroquímicos de forma cotidiana.
- Se estima que 727 mil 527 son niños, niñas y/o adolescentes.
Se trata en su mayoría de población joven, no mayor de 30 años. Por grupos de edad:
- 36.6% son menores de cero a 15 años.
- 32.7% tiene entre 16 y 30.
- 21.1% está entre los 31 y los 50 años.
- 8.3% se ubica en el rango de 51 a 80 y no hay información sobre el restante 1.3 por ciento.
Reacciones
Ante tal escenario, la Cámara de Diputados a través de la Junta de Coordinación Política exhortó a diversas autoridades federales —como la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)— para que investiguen y resuelvan el difícil conflicto de los jornaleros.
El objetivo es que estas autoridades incrementen la supervisión de las condiciones laborales bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros, con el fin de dotarles de circunstancias dignas de trabajo, salud, educación y vivienda.
De hecho, integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados se reunieron con el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, quien les informó de medidas adoptadas para enfrentar el problema de los jornaleros.
Martínez Veloz reveló que los reclamos de los jornaleros incluyen un incremento salarial por jornada o a destajo, la incorporación al Seguro Social y el reconocimiento de su trabajo para fines de retiro.
También exigen que sus cuotas obrero-patronales se inviertan en atender a esos mismos trabajadores y que tengan libertad para asociarse o crear un sindicato.
Protocolos
Para evitar que jornaleros sufran este tipo de condiciones laborales duras en campos agrícolas, autoridades federales han comenzado a desarrollar nuevos protocolos de vigilancia, comenzando por revisar ranchos donde se presume hay este tipo de subcontratación de ciudadanos mexicanos.
Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), menciona que se alista un grupo interinstitucional en el que participarán autoridades federales, locales y de derechos humanos para iniciar nuevas reglas de supervisión.
Ya se tienen ubicados 60 ranchos en Baja California y Baja California Sur que son destinos principales de jornaleros migrantes provenientes de todo el país.
Mayorga asegura que en esos centros agrícolas hay actualmente 40 mil indígenas y se busca evitar casos como los de jornaleros que laboraban en condiciones inhumanas en Comondú, Baja California Sur.
Manifiesta que si se encuentran situaciones como las de Comondú, San Quintín o Colima se aplicará el protocolo correspondiente, el cual incluye la participación de la PGR, además de las procuradurías y las policías locales.
Así, para los expertos la finalidad de poner orden en este sector es erradicar el trabajo inhumano y ofrecer a los jornaleros agrícolas servicios básicos de nutrición, salud, desarrollo, educación y perspectivas futuras, considerando además que es necesaria una protección especial a sus derechos humanos.