La nueva Ley General de Transparencia aprobada por el Congreso logra sortear lagunas que representaban cierta resistencia a uno de los logros democráticos más importantes surgidos e impulsados desde la sociedad civil en México.
Las reformas parlamentarias buscan, en esencia, modernizar el acceso a la información para todo aquel ciudadano interesado en conocer detalles del ejercicio de la administración pública.
Es la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Areli Cano Guardiana, quien ofrece una entrevista a Vértigo sobre el contenido y los tiempos de entrada en vigor de estas nuevas normas.
Génesis
Sobre los pormenores de la negociación legislativa, Cano dice creer que “fue un proceso que llevaba la misma lógica de la reforma constitucional: se hizo totalmente abierto, tanto a la sociedad civil como a las instituciones involucradas, es decir, el IFAI, los órganos garantes locales, analistas y académicos. Esta lógica venía desde que se reformó el Artículo 6 constitucional que fue aprobado en 2014, que también llevó el proceso de integración de los comisionados actualmente miembros del órgano autónomo que es el IFAI”.
Admite que el proceso al inicio tuvo tropiezos en las dos cámaras legislativas “porque se estaban dando reformas, o propuestas de reforma, o estableciendo normas que considerábamos que implicaban un retroceso. No sabíamos de quién eran estas propuestas porque no tenían autoría. Sin embargo, los legisladores reconsideraron a tiempo esta discusión e hicieron audiencias públicas a las que fueron citados la sociedad civil, autoridades públicas y el IFAI, que emitió un decálogo donde especificamos diez preocupaciones importantes”.
Añade que “se reencausó este procedimiento. Fuimos escuchados y creo que se atendieron muchas de las sugerencias que habíamos considerado junto con la sociedad civil. Al final se tuvo un marco jurídico adecuado y normativo de avanzada, en el cual se garantiza el derecho de acceso a la información a un nivel reglamentario”.
—¿Qué se logra y qué se busca con esta ley?
—En principio se buscan normas homogéneas en toda la República en materia de acceso a la información. Se establece un ámbito de competencias integrales entre la Federación, los estados, el DF y los municipios. Respetando, obviamente, el ámbito de atribuciones tanto de la parte federal como de la local. ¿Qué implica esto? Que si bien se reconoce a un órgano garante, como al IFAI, que ahora se llamará Instituto Nacional de Acceso a la Información, también tendrá homólogos en las 32 entidades federativas.
Por lo anterior, dice, “se establecen criterios de un programa de transparencia proactiva y de gobierno abierto”.
—¿Qué implica esto?
—Una plataforma del sistema nacional de transparencia. ¡Y esto es lo relevante e importantísimo de esta ley general! Porque en este sistema se incorporarán varios aspectos: la atención a solicitudes de información para que se hagan con procedimientos y criterios homólogos en toda la República; que haya plazos precisos y tanto a nivel federal como local se den los mismos tiempos para atender una solicitud de información, y procedimientos de recursos de revisión expeditos, con las formalidades mínimas para su exposición, a fin de que cualquier persona con toda sencillez pueda interponer un recurso de revisión evitando alguna traba legal que se pueda ocasionar.
—¿Quiénes entran ahora a la carpeta de sujetos obligados?
—De hecho, se establecen obligaciones de oficio en materia de transparencia para todos los sujetos obligados, que se amplían para incluir a partidos políticos, fondos públicos, fideicomisos y toda entidad que reciba recursos públicos. Esos son los nuevos, pues ya todos los otros poderes públicos estaban sujetos a la transparencia, pero ahora el órgano nacional de transparencia tendrá un control desde el punto de vista de beneficio de derecho de acceso a la información, donde sus resoluciones serán definitivas.
—¿Serán atacables la resoluciones, legalmente?
—Nada más van a poder ser recurribles por los ciudadanos o en el caso específico que considere el Consejero Jurídico de la Presidencia que hay una afectación a la seguridad nacional. Es el único que podrá interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
—¿Cómo funcionarán las obligaciones de oficio?
—Para ello se creará una plataforma informática. En este momento la ley federal tiene 17 obligaciones de oficio de todos los sujetos obligados. ¿Qué quiere decir? Que hay información que obligadamente toda autoridad debe tener en sus portales de internet: normatividad, estructura, funcionarios de alto nivel, programas, contrataciones, adquisiciones, gastos… Es decir, información que se ha detectado que es de una preocupación ciudadana y en la cual los legisladores de 17 obligaciones de oficio subieron hasta 48, que tendrán que establecerse en los portales de internet. Además de las obligaciones específicas que tendrá cada autoridad dependiendo de su función, ya sean electorales o los poderes Ejecutivo, Judicial y todos los órganos autónomos.
Proactivos
Areli Cano señala que aparte de las obligaciones de oficio habrá información que de manera proactiva tiene que ponerse a consideración de las personas.
—¿Y cómo operará esa información?
—Pues si hay información que está pidiendo la ciudadanía, la propia autoridad deberá establecer mecanismos de accesibilidad a esa información. Y hablo de criterios que sean sencillos, comprensibles y veraces.
Para lograr este cometido, menciona, se avanza en la posibilidad de establecer sinergias y dinámicas de un gobierno abierto, por ejemplo, “donde no solamente la autoridad esté obligada a otorgar información sino que exista participación ciudadana en la toma de decisiones. Un gobierno abierto no se entiende si no existe participación ciudadana”.
Por lo tanto, añade, “se establecerán mecanismos de denuncia ciudadana para que puedan informar al IFAI del incumplimiento de una obligación de oficio que no esté considerada en su portal de internet. Los órganos garantes debemos dar facilidades y propiciar la participación de la sociedad civil en materia de acceso a la información”.
—¿Habrá sanciones?
—No se entiende tampoco un derecho si no existen los mecanismos de sanciones en caso de incumplimiento de las autoridades. Hay un capítulo de infracciones para aquellos que cometan una infracción en atención a solicitudes o que no garanticen adecuadamente el ejercicio del derecho. Habrá dos modelos para sancionar: por un lado, lo hará el órgano garante a través de los órganos de control interno y, por otro, se establecen medidas de apremio, multa o amonestación en caso de que exista un incumplimiento por parte de la autoridad o de un funcionario público que no haya atendido adecuadamente una solicitud de información.
Ante esto, remarca que “por eso digo que el proceso no ha concluido. Después de esto tiene que venir una ley federal de transparencia y acceso a la información única y exclusivamente para al ámbito federal: de las dependencias federales, partidos políticos con registro nacional, fideicomisos y fondos públicos que atiendan cuestiones de carácter federal. Y posteriormente también las legislaturas harán lo propio con sus Congresos locales para expedir las leyes locales en materia de transparencia”.
—¿Quedan satisfechos con el abanico de sujetos obligados y con lo legislado?
—Creo que están incorporados todos. Realmente la reforma constitucional y esta nueva Ley General de Transparencia no podrían ir tampoco más allá de lo que establecen los principios, salvo que fuera extensiva en la protección de derechos pro persona plasmados en la Constitución. Pero esta ley ya atiende a los sujetos obligados considerados en el sexto constitucional, que son los poderes de la Federación y toda entidad que reciba recursos públicos o realice actividades de interés público, como en el caso de los partidos políticos.
—¿Cuándo veremos ya en la práctica estos cambios?
—Tenemos un año. Hay un año para solventar todo lo que viene en la ley general. Particularmente, el Sistema Nacional de Transparencia será la cabeza de lo que implementará a nivel federal y local. Se creará un Consejo Nacional que estará integrado por los titulares del IFAI, los órganos garantes locales, del INEGI, la Auditoria Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Este consejo tiene 30 días naturales a partir de que se publique la Ley General de Transparencia por parte del Ejecutivo federal. Instalado este consejo tendremos el resto del año, y hasta por ahí de mayo de 2016, para instaurar toda la normatividad de esta nueva Ley General de Transparencia.