Como resultado de la reforma electoral aprobada en 2014, por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de revisar en tiempo real los ingresos y egresos que registren durante sus campañas los candidatos a diputados federales, además de supervisar los movimientos financieros de los aspirantes a diputaciones locales, presidencias municipales y gubernaturas, entre un total de 74 nuevas atribuciones.
Por medio de un nuevo modelo de fiscalización —establece la norma— podrá detectarse si algún partido o candidato rebasó los topes de gastos de campaña o bien si recibió recursos de manera ilegal e incluso de procedencia ilícita, causales todas ellas de anulación de los resultados comiciales.
No obstante, en opinión de analistas y politólogos el sistema de fiscalización no necesariamente se traducirá en la detección y prevención del financiamiento ilegal de las campañas y del exceso de gasto de los candidatos a los más de dos mil cargos de representación popular que se disputarán en las elecciones del próximo 7 de junio.
En lo anterior abona el hecho de que el árbitro electoral se haya visto en la necesidad de rescindir el contrato a la empresa Scytl, que se encargaría de implementar un sistema compuesto por los tres módulos definidos por el Consejo General: contabilidad, fiscalización y transparencia.
La rescisión, registrada en enero pasado, obedeció a que dicha empresa incumplió con la entrega del módulo de contabilidad en la fecha prevista, por lo que un mes más tarde el INE dio a conocer que contaba ya con una “ruta de construcción de un sistema que tiene el respaldo, la asesoría técnica y la infraestructura informática necesaria por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Es decir, no contrató a otra empresa especializada, aunque este proceso electoral lo amerita.
Insuficientes
Revisar los más de 76 mil informes sobre gastos de precampañas y campañas que se calcula arrojará el actual proceso electoral no solo es un reto para las autoridades electorales: especialistas y analistas coinciden en que el INE carece de infraestructura y capital humano para cumplir con los objetivos de la fiscalización de los comicios.
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), por ejemplo, asegura que las nuevas modalidades de fiscalización “resultan insuficientes para detectar el dinero líquido que se inyecta a las campañas, recursos que provienen de contratistas, del propio gobierno local o de otras fuentes”.
Y explica que de acuerdo con estudios en los que ha participado Integralia —la consultoría que él encabeza— tres de cada cuatro pesos gastados en las campañas provienen de financiamiento no reportado.
“Mientras no se detenga el flujo de estos recursos la fiscalización, las sanciones y los topes de gasto de campaña serán insuficientes para evitar la influencia indebida del dinero en la política”, advierte el especialista.
Partidocracia
Al emitir su opinión acerca del evidente fracaso del sistema de fiscalización del INE y de la inequidad en la asignación de los recursos a los partidos políticos, Gabriel Reyes Orona, presidente de la asociación civil Transparencia Nacional, comenta por su parte: “El problema de México es que se confunde lo electoral con la partidocracia. ¿Cuál es el tema? Pues que para que nosotros no estemos cambiando cada elección de árbitro electoral lo que necesitamos es credibilidad, la cual no se da a través del discurso ni de reformas, sino por medio de los personajes que toman en sus manos la aplicación de la ley”.
Lo que ha demostrado este proceso electoral, precisa, “es que no solamente se necesitan reformas, sino gente capacitada para aplicarlas. Las personas que hoy en día integran el INE están obviamente incapacitadas para aplicar no esta sino cualquier reforma electoral, porque nuevamente el oportunismo político ha privado”.
Con relación a la fiscalización de los recursos a cargo del INE, menciona: “Lo primero que diría es que ni siquiera tienen el equipo capacitado para realizar una fiscalización seria. Actualmente los mecanismos de control que han establecido son altamente vulnerables y pueden ser evadidos con suma facilidad”.
Reyes Orona afirma que al concluir el actual proceso electoral “seguramente entraremos en el túnel oscuro de la duda; un túnel donde fiscalizar los topes de campaña finalmente será una ilusión: vamos a encontrar una gran cantidad de números, pero faltan capacidades para acreditar realmente el ejercicio y el origen de los recursos”.
—¿Le parece que las decenas de miles de pesos que se invierten en las campañas de los partidos están justificadas por la calidad de las mismas?
—Por supuesto que no. Uno de los mayores dispendios que tiene este país es en materia electoral. Lamentablemente, vemos que el problema no es de los recursos que se canalizan a las elecciones; en realidad lo que sucede es que es un problema de credibilidad, generada por la capacidad de las personas que aplican las leyes.
Ineficiente
A su vez, el analista Carlos Ramírez asegura que la fiscalización de gastos de partidos será siempre ineficiente “si no toma una decisión trascendental: retirarle el registro a algún partido grande por el abuso en el gasto de campaña”.
Para comenzar, abunda, el INE carece de mecanismos reales y precisos para fiscalizar gastos de los partidos “porque el gasto electoral es huidizo y puede ocultarse. De hecho, todos —en efecto: todos— los partidos políticos han violado los topes oficiales y el INE no sabe cómo imponer su autoridad”.
Luego viene el tema de los castigos, añade: “Las multas se absorben y nada más; los castigos no detienen los abusos de poder. Ahora mismo se multa a partidos por excesos de gasto o por actividades adelantadas de campaña y los afectados las pagan, si es que lo hacen, y siguen su camino sin variar estrategias abusivas”.
Así, considera Ramírez, “el problema del gasto a los partidos políticos radica en un sistema de fiscalización ineficiente y poco operativo. Su intención no era mala: evitar ingreso de dinero ilegal a los partidos, impedir que se colaran intereses criminales y estabilizar gastos en función de votaciones y no de fuentes privadas. Las tres metas han fracasado: el Estado sacrifica gasto fiscal para financiar la democracia, pero los partidos han tenido financiamiento ilegal y hasta criminal, como se ha probado en Michoacán y Guerrero”.
Carlos Ramírez sintetiza: “La fiscalización del gasto de partidos en el proceso electoral de 2015 ha comenzado mal: multas que no disminuyen las irregularidades, porque los resultados de violar los topes no llevan a la cancelación de registro. Cuando algún partido mediano o grande pierda el registro por gastar de más, en ese momento el INE habrá impuesto su autoridad; pero mientras ello no ocurra, partidos e INE estarán jugando al gato y al ratón, unos haciendo como que castigan para corregir abusos y otros aceptando sumisos el castigo, pero manteniendo sus gastos ilegales”.
Y al final del presente proceso, concluye, “seguirán las guerras verbales entre partidos acusándose entre sí y los discursos retóricos de una autoridad que no controló nada y no pudo imponer su autoridad”.
Gastos
En 2015 los organismos electorales y los partidos políticos dispondrán de recursos por más de 32 mil millones de pesos, entre gastos de operación (en el caso de los institutos electorales nacional y locales), prerrogativas (de los partidos nacionales y locales) y gastos de campaña de los candidatos.
A dicho gasto hay que agregar los casi 15 mil millones de pesos que representa el costo de los millones de spots que los partidos transmiten de manera gratuita por radio y televisión.
A las siete principales fuerzas políticas (PAN, PRI, PRD, Partido Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Panal) se les asignaron cinco mil 52 millones de pesos entre gastos de campaña y actividades ordinarias, sobre todo, cifra que representa 94.88% del total de recursos.
En consecuencia Morena, Partido Humanista y Encuentro Social reciben por igual la cantidad de 78 millones 190 mil 916 pesos: total inequidad en el reparto de los recursos.
En el caso de los candidatos independientes a un cargo de elección popular, tanto federales como locales, la inequidad se hace aún más evidente: reciben un monto de financiamiento público equivalente al de un partido de reciente creación (2%) y solo podrán obtener por financiamiento privado 10% del tope de campaña de los comicios en los que participen, algo así como 68 mil pesos.