De acuerdo a una resolución judicial en víspera que le abrirá las puertas de la cárcel al que fuera socio principal de Oceanografía, Amado Yáñez, la empresa contratista de Pemex no le cometió fraude alguno a Banamex, es decir, el epicentro de un escándalo que la orilló a un concurso mercantil.
—Usted dispense, don Amado.
El problema es que hasta hoy, dos años después, como el Monje Loco, nadie sabe-nadie supo en qué rayos se invirtieron los 475 millones de dólares de la discordia, ni por qué el banco despidió con estrépito a once de sus funcionarios.
Ahora que cuatro años después continúa en el misterio el destino de los 32 mil millones de pesos solicitados por el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, durante su gestión, elevando el débito a 36 mil.
En el remolino, el común denominador de las “campañas” electorales fue una cascada de denuncias de corrupción de gobernadores y candidatos. El abanico osciló desde filtración de llamadas telefónicas con tufo de conflictos de interés hasta exhibición de colosales propiedades.
La ruta obligó a los candidatos del PRI en Nuevo León, Ivonne Álvarez, y del PAN en Sonora, Javier Gándara, a deslindarse por estrategia electoral de los gobernadores Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, amenazando tibiamente con castigarlos.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica y el Instituto Mexicano para la Competitividad, la corrupción le cuesta al país el equivalente de 6 a 10% del Producto Interno Bruto; es decir, en números cerrados, de 360 a 600 mil millones de pesos.
Hace unos meses el Banco de México había planteado 9%, en tanto que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hablaba de 10 por ciento.
Según el Fondo Monetario Internacional, el país perdió el año pasado por corrupción 341 mil millones de pesos.
Incredulidad
El flagelo, de acuerdo al documento del CIDE y el IMCO, impide la consolidación de cuatro de cada diez proyectos de inversión privada en el país.
La opción se diluye al temor de escasa solidez del terreno a abonar. De acuerdo al Foro Económico Mundial, México se ubica en el escalón 89 de un total de 130 países en respeto al Estado de Derecho.
La impunidad es la principal semilla.
Las estadísticas son de escándalo: entre 2010 y 2011 derivaron de la revisión de la Cuenta Pública, es decir, el gasto gubernamental, que realiza la Auditoría Superior de la Federación, dos mil 498 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, con la novedad de que solo cuatro funcionarios fueron inhabilitados.
En 2012, a su vez, las mil 171 auditorías practicadas plantearon mil 798 promociones similares, de las cuales solo 301 fueron aclaradas a satisfacción del órgano, quedándose 494 en el aire y el resto en etapa de respuesta.
Y aunque la instancia dependiente de la Cámara de Diputados presentó 134 denuncias de hechos, no hay avance alguno.
En 2013 las mil 413 auditorías practicadas derivaron en mil 321 recomendaciones administrativas… con saldo de solo diez multas.
La incredulidad de la población, pues, no es gratuita.
Instancias como el FMI o la OCDE han advertido que la corrupción provoca una pérdida de dos puntos porcentuales en la posibilidad de crecimiento del país; 15% de la inversión pública de México está contaminada.
La maldición nacional.