INE reparte multas a todos los partidos por 392 millones de pesos

El Consejo General del INE concluyó el proceso de revisión de los informes de ingresos y egresos de los candidatos y partidos correspondientes a las campañas del proceso electoral federal y de los 16 locales de este 2015.

Antonio Caporal
Consejo General INE
Foto: Cuartoscuro

Conforme se acerca la conclusión del proceso federal electoral y de los 16 procesos locales de 2015 los partidos políticos externan más desacuerdos con varias de las nuevas disposiciones de la reforma electoral de 2014 que ellos mismos aprobaron en el Congreso de la Unión.

Esta vez se trata de las multas que por casi 400 millones de pesos el Instituto Nacional Electoral (INE) ha resuelto imponer a diez partidos políticos nacionales, coaliciones y partidos locales por diversas irregularidades detectadas en los referidos procesos durante la fiscalización de egresos e ingresos en el periodo de campaña.

Otra causa que ha generado inconformidad es la inminente pérdida del registro como partido político nacional que sufrirán el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Humanista (PH), que dejarán de percibir las prerrogativas correspondientes: tan solo en 2015 les fueron asignados, en conjunto, recursos superiores a los 500 millones de pesos.

Las más fiscalizadas

El Consejo General del INE concluyó el proceso de revisión de los informes de ingresos y egresos de los candidatos y partidos correspondientes a las campañas del proceso electoral federal y de los 16 locales de este 2015.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la fiscalización a nivel nacional realizada por el instituto “ha sido la más amplia y exhaustiva de la historia”, la cual involucró la revisión de 24 mil 230 informes de campaña correspondientes a 13 mil 550 candidatos.


“Nunca antes en la historia una autoridad electoral en el mundo había realizado una fiscalización tan grande y en tan poco tiempo. Estamos ante las elecciones más fiscalizadas por una autoridad electoral en cualquier sistema democrático”, aseveró.

Lorenzo Córdova agregó que si bien la fiscalización nacional cumplió con sus propósitos, el modelo debe considerar en el futuro: “La necesidad de armonizar las disposiciones locales y federales; el perfeccionamiento del sistema de contabilidad en línea; mayor exigencia en los plazos de registro de las operaciones en línea, y evolucionar hacia métodos más modernos en materia de auditorías”.

Agradeció la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “cuya dedicación y profesionalismo han hecho que la primera experiencia del nuevo modelo de fiscalización haya llegado a buen puerto”.

Por su parte el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que “de la revisión de ingresos y egresos de partidos y candidatos se advierte que estos obtuvieron recursos para sus campañas en apego a la ley y los gastaron en fines lícitos previstos y permitidos”.

Advirtió que la tarea de fiscalización por parte del INE es más rigurosa, exhaustiva y expedita, a fin de vigilar y verificar la probidad en el acceso a los recursos de las contiendas y el respeto a la equidad del gasto.

Multas y multados

En el reporte presentado al Consejo General del INE, el consejero Murayama detalló que en este primer ejercicio de fiscalización de las campañas a nivel nacional el instituto revisó los informes de 13 mil 550 candidatos, dos mil 667 federales y diez mil 883 locales.

En la elección federal se presentaron cinco mil 325 informes de candidatos y solo se dejaron de presentar ocho, es decir, un cumplimiento de 99.85%. En tanto que en las elecciones locales el cumplimiento en presentación de informes fue de 93% de los candidatos.

En el Sistema Integral de Fiscalización los partidos cargaron un millón 69 mil 92 operaciones de ingresos y egresos.

El instituto cuantificó ingresos por tres mil millones de pesos de los actores, de los que mil 58 millones corresponden a las campañas federales y mil 930 a las locales; egresos por tres mil 110 millones, de los que mil 50 son de la elección federal y dos mil 60 de las elecciones locales.

Asimismo, indicó el consejero, la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto recorrió los 300 distritos uninominales para detectar la propaganda en la vía pública, con lo cual se obtuvieron 40 mil 66 testigos georeferenciados de bardas, espectaculares y mantas, entre otros, de los que 15 mil 966 no fueron reportados por los partidos políticos; es decir, “ante la omisión de los actores políticos de informar con plena veracidad fue el ojo fiscalizador del INE el que detectó y documentó ese gasto”.

Además, en el sistema se analizaron 416 mil 945 pólizas y se conformó un Padrón Nacional de Proveedores con 18 mil 897 registros.

Las sanciones propuestas en los proyectos de resolución ascienden a 392 millones de pesos; 131 en el ámbito federal y 261 en las elecciones locales.

Ciro Murayama también informó que las faltas más frecuentes de los partidos y candidatos consistieron en no comprobar gastos y en presentar pólizas sin soporte documental.

Dijo que en el caso local el partido más sancionado es el PAN con 50.4 millones, seguido por el PRD con 35.4, Movimiento Ciudadano con 23.7, el PRI con 21.6, Morena con 19.2, PT, 14.5; Partido Verde, doce; Humanista, 9.9, y finalmente el Panal con 3.6 millones de pesos.

El consejero indicó que las multas determinadas se harán efectivas una vez que hayan sido legalmente notificadas y los recursos obtenidos por la aplicación de dichas sanciones se destinarán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el caso de la elección de diputados federales, y a los consejos de ciencia y tecnología en cada entidad federativa de acuerdo a la elección local.

Errores y reproches

Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, afirmó que 80% de las erratas presentadas “se originaron porque en su etapa inicial los sujetos obligados (partidos o candidatos) registraron las operaciones de manera duplicada o en una entidad distinta o en una campaña electoral errónea y en el escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones no proporcionaron a la Unidad Técnica de Fiscalización los elementos que permitieran vincular los registros contables con las evidencias documentales”.

Pero también reconoció el funcionario que otra “causa que motivó las erratas es imputable a la Unidad Técnica de Fiscalización, ya que los usuarios del sistema catalogados como auditores no podían ver las pólizas canceladas y muchas de ellas se habían tomado como gasto no comprobado por falta de evidencia documental; esto se detectó a razón de una solicitud de aclaración realizada y se procedió a corregir y a verificar la totalidad de las pólizas canceladas en todos los casos”.

Julio Cisneros, representante del PRD ante el INE, recriminó a los consejeros que se cuente con poco tiempo para analizar y responder los reportes cuando la autoridad se los devuelve a fin de que se anexen los documentos requeridos: “Tendríamos que tener un espacio para poderlos revisar, porque si bien es cierto que ha habido avances en el tema de fiscalización sobre la rendición de cuentas, tanto por parte de los partidos como por parte de la Unidad de Fiscalización, también lo es que seguimos teniendo errores ambos”.

Juan Castro, representante de Movimiento Ciudadano, recordó en tanto a los consejeros electorales que su partido “ya en una ocasión, cuando se empezó a implementar la fiscalización, planteó la necesidad de que todo el sistema sufriera una auditoria antes de llevarse a cabo” y ello no se hizo. Y la consecuencia, dijo, es que los informes no lograron una efectividad de 100% en su presentación.

Al conocer las multas que pretende imponer el INE a los partidos, el representante del PT, Pedro Vázquez, aseguró que la reforma electoral de 2014, a la cual su partido se opuso votanto en contra en el Congreso de la Unión, solo sirvió “para atacar, reprimir y anular las voces disonantes”.

Berlín Rodríguez, representante de Encuentro Social ante el INE, dijo a su vez que luego de conocer el monto de las multas que le fueron aplicadas su partido acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para efectos de impugnarlas”.

Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, concluyó que el “modelo de fiscalización tuvo que construirse a marchas muy forzadas y habrá que reconocer que a lo mejor no fue o no se logró implementar de manera tan oportuna como debió haber sido”.

Adiós

El 14 de junio pasado el Instituto Nacional Eelctoral concluyó el cómputo distrital de la elección federal del 7 de junio: el PT apenas alcanzaba un millón 134 mil 447 votos, es decir, 2.84% de la votación total válida emitida, en tanto que el Partido Humanista se quedaba con 856 mil 903 sufragios, que representan 2.14% del total de votos válidos.

De esa manera, ambas fuerzas políticas perderían el registro al no haber alcanzado al menos 3% de los votos.

El 16 de junio la Comisión de Fiscalización del instituto llevó a cabo, como medida preventiva, la designación de los interventores responsables del control y vigilancia de los recursos de los partidos del Trabajo y Humanista.

El INE informó entonces que “el periodo de prevención y la designación de interventores constituyen procedimientos a los que están obligados por ley los partidos políticos y el instituto una vez terminados los cómputos distritales y no equivale a iniciar la liquidación del partido”.

El consejero Benito Nacif, en ese momento presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que “el periodo de prevención busca preparar al partido político para su probable liquidación en caso de que, una vez resueltos los recursos de inconformidad que se presenten ante el TEPJF, se confirme que efectivamente están por debajo de la votación mínima necesaria para mantener su registro”.

Nacif agregó que cada gasto que haga el partido político deberá ser aprobado por el interventor y esos gastos solo podrán destinarse a operaciones esenciales.

La Ley General de Partidos Políticos prevé en su artículo 97 que a partir de los resultados de los cómputos distritales la Comisión de Fiscalización deberá designar a un interventor de manera inmediata.

Durante el periodo de prevención para la liquidación los responsables de Finanzas de los partidos políticos que se encuentren en el supuesto de pérdida de registro deberán llevar a cabo con las instituciones de crédito en que tengan cuentas el cambio de las firmas mancomunadas, incluyendo la del interventor que, en su caso, fuera designado por la comisión.

Asimismo, las prerrogativas del partido se depositarán en una cuenta bancaria que el interventor deberá abrir para tal efecto.

El PT de inmediato descalificó los cómputos distritales, así como también se opuso a la designación de un interventor que fiscalizara sus movimientos financieros y llevó su queja ante el Consejo General del INE.

El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, exigió que se hiciera una auditoría externa al sistema de cómputo del INE, ante “las caídas que registró durante la contabilización de los votos en las elecciones del 7 de junio”.

El dirigente petista dijo en su momento que el reclamo de su partido “es por la caída del sistema el 10 de junio” y la consecuente pérdida de poco más de 37 mil votos, mismos que exigió a la autoridad electoral que le fueran restituidos.

El 24 de junio el Consejo General del INE rechazó la petición del PT de reponerle 37 mil 37 votos.

Al dar respuesta a ese partido, el consejero Ciro Murayama rechazó que en algún momento el instituto o el sistema de cómputos distritales hayan retirado o aumentado voto alguno a los partidos.

Edmundo Jacobo reconoció a su vez que si bien existió en algún momento un problema en el sistema de difusión pública de los resultados de los cómputos que se transmitieron vía internet, “este fue atendido de manera inmediata y no afectó en modo alguno la base de datos, ni mucho menos los resultados de la votación”.

Por su parte, el consejero Marco Baños afirmó que el INE no tiene atribuciones legales para restituir votos, “además de ser un acto ilegal”, en tanto que el consejero Arturo Sánchez aclaró que el único que tiene la capacidad jurídica de restituir votos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio de impugnaciones que interpongan los partidos políticos.

Y a él acudió el PT en busca de sus 37 mil votos, aunque solo necesitaba cuatro mil 709 para llegar a un millón 139 mil 156, que representan 3% de los 37 millones 797 mil 876 votos válidos totales emitidos.

La Sala Superior del TEPJF rechazó una a una las impugnaciones del PT a 16 distritos electorales federales con las cuales pretendía juntar los votos necesarios para conservar el registro. Los magistrados resolvieron que ellas estuvieron infundadas, pues, por ejemplo, los petistas argumentaron que varias actas de escrutinio no presentaban la firma del presidente de casilla, pero nunca pudieron probarlo.

En el caso del Partido Humansita, sus impugnaciones igual fueron rechazadas por el TEPJF.

Hoy solamente resta esperar a que el Consejo General emita la declaratoria correspondiente para declarar la pérdida del registro de ambas fuerzas políticas e inicia así el proceso de liquidación: se cancelan las cuentas bancarias de los partidos y únicamente queda vigente una que será manejada por el interventor nombrado por el INE; el partido cancela todas sus actividades políticas; se hace un inventario de bienes y se procede a la enajenación de estos; se liquidan las deudas pendientes; se cubren las obligaciones fiscales, así como las multas.

Finalmente, el saldo final positivo, en el caso de recursos financieros, es asegurado por el interventor del INE, quien emite los cheques correspondientes que entregará al instituto y este a su vez los reintegrará a la Tesorería de la Federación. En caso de haber bienes muebles o inmuebles, el interventor los transferirá al Sistema Administrativo de Enajenación de Bienes.

Saldos

El PT perdió su registró por primera vez en 1991, cuando apenas consiguió 1.08% de la votación total válida emitida y entonces solo era necesario lograr 2%. En 1992 lo recuperó y pudo participar en las elecciones presidenciales de 1994, en las que obtuvo 2.78% y no lo perdió en los sucesivos procesos.

Incluso, en 2012 se le asignó una votación de 4.24% luego de distribuir la votación, pues participó en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano.

Para este año al PT se le asignaron 389 millones 720 mil 205 pesos, incluidos 84 millones 586 mil 629 pesos para gastos de campaña.

El pasado miércoles Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, declaró que su partido y el PT analizarían la posibilidad de “fusionarse” para crear una sola fuerza política y contender de esa forma en los comicios locales de 2016; sin embargo, el propio presidente petista, Alberto Anaya, aclaró que ellos aún se encontraban ocupados en la “defensa” de su registro y por el momento no atendían otros temas.

En cuanto al Partido Humanista, fue el primer proceso en el que participó. Se le asignaron 120 millones 874 mil 315 pesos, incluidos 23 millones 457 mil 274 pesos para gastos de campaña.

Hoy ambas fuerzas políticas están a punto de perder el registro: es el saldo del proceso electoral de 2015, así como también los casi 400 millones de pesos en multas que se impondrán a los partidos.

Pero sin duda el saldo más significativo es la descalificación unánime a la reforma electoral de 2014.