Me voy a permitir hacer un arreglo a una tan vieja como denigrante frase que conocemos de más en México: una democracia pobre es una pobre democracia. En efecto, y conforme a los datos del multicomentado informe del Coneval, en términos absolutos, es decir, sin apoyarnos en las cifras que arrojan los porcentajes, entre 2012 y 2014 aumentó en dos millones el número de mexicanos que hoy son considerados como pobres.
A pesar de que en la entendible lógica de la explicación por parte de los funcionarios de las dependencias responsables de atender y contener el aumento de la marginación y la pobreza debemos tomar con toda seriedad —no solo debatir la metodología para justificar lo imposible— resultados con base en consistentes estudios como el aquí referido, para entonces considerar la posibilidad de opciones y programas que tengan un mejor y profundo impacto en los equilibrios en una sociedad marcada por la desigualdad.
Evaluar para corregir es una práctica natural e incluso obligatoria de cualquier actividad individual o en grupo, pública o privada, nacional o internacional. Allí están, por ejemplo, las revisiones periódicas de lo que ha funcionado bien o mal en el Tratado de Libre Comercio.
Dentro del campo de los especialistas y funcionarios se debate la relación e influencia de la pobreza y la inseguridad pública. Aspectos tan dramáticos como elementales se observan, por ejemplo, en los datos dados a conocer en días pasados por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, donde se revela que los adolescentes que delinquen lo hacen mediante el robo a transeúnte y su perfil socioeconómico pertenece a los “deciles cercanos a la pobreza”.
También es común observar en las estadísticas criminógenas que las zonas de mayor incidencia delictiva se encuentran ubicadas en aquellas partes de las ciudades donde los servicios públicos en general son malos, escasos o de plano no hay.
Acciones
Aunado a la pobreza y la falta de oportunidades, así como a ciertas prácticas delictivas, se observa un sistema de administración de la justicia muy endeble. No solo por lo que hace a la capacidad para aplicar la ley, sino para cumplirla.
No es que en Alemania o Japón no haya pobres, ni que tampoco haya delincuencia, sino que al infractor sí se le aplica la sanción correspondiente y las policías actúan con oportunidad y contundencia.
Las condiciones económicas de la población, entonces, y de los recursos públicos bien administrados, en una conclusión apresurada permiten demostrar más allá de las buenas y legítimas intenciones de los gobernantes que la pobreza lastra el desarrollo de un país, perpetúa la desigualdad y, sobre todo, hace inoperante a la democracia como procedimiento y forma de gobierno.
De allí que sea muy importante considerar, con base en los datos aportados también por el INEGI en su encuesta sobre el gasto familiar, cuánto en los hechos se ha avanzado en la disminución de los amplios márgenes de desigualdad, cuánto se ha progresado en el incremento en la calidad de la alimentación, así como en la ampliación de las oportunidades para acceder a la educación y salud de calidad.
De otra manera, la condición de pobreza seguirá gravitando con fuerza en el deterioro de la seguridad pública y la aplicación del Estado de Derecho.
Seré optimista. Ya tenemos los datos, ahora hay que corregir lo necesario. Las condiciones de desigualdad y marginación demandan acciones de fondo. En el pasado no vamos a encontrar las respuestas. Como tampoco en la inmediatez de la permanencia en los cargos.