Los cinco Centros Regionales de Fusión previstos en el Programa de la Secretaría de Gobernación y de los que uno fue inaugurado en días pasados tienen por finalidad articular, mediante procedimientos sistemáticos, la información recabada por las áreas relacionadas directamente con la seguridad nacional.
Y en este sentido cabe distinguir, aunque pueda ser reiterativo, las particularidades de la seguridad nacional con respecto de la seguridad pública.
Esto es fundamental comprenderlo, pues en la medida y tiempo que se requiera la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de contención y sometimiento a la criminalidad organizada, se continuará por la muy peligrosa ruta de no hacer responsables a las autoridades civiles (locales y federales) de las labores que les mandata la ley sobre la creación, manutención y perfeccionamiento de las corporaciones policiales.
Desde luego que es bienvenido el esfuerzo por atender de forma directa y eficaz el reto de la inseguridad, pero mientras sigan siendo el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina-Armada de México el soporte fundamental en la recuperación de la paz pública y la vigencia del Estado de Derecho, algunos responsables e instituciones no están cumpliendo con sus tareas.
Vistas así las cosas, y de acuerdo con la programación anunciada para la inauguración de los otros cuatro Centros Regionales de Fusión —por cierto, modelo y nombre tomado de las experiencias de las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán—, la persistencia en atacar las evidencias y no las causas de la violencia criminal seguirá siendo la prioridad.
No hay quien tenga duda de que las Fuerzas Armadas de México seguirán haciendo en materia de seguridad pública, y hasta el último día del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, lo que hasta ahora se les ha encomendado, lo cual avizora que también en el siguiente gobierno deberán continuar en su lucha por garantizar las paz pública.
Diferencias
De no haber un cambio profundo en cuanto al impulso para contar con las policías locales apropiadas, así como con la contribución decidida y coordinada de las corporaciones federales de prevención e investigación, el escenario tenderá a volverse volátil, complejo y sometido a periódicos episodios de tensión, donde la institución que acusará más desgaste será, en efecto, las Fuerzas Armadas. Y esto es muy evidente ante casos como los de Tlatlaya e Iguala.
La inteligencia tiene por función procurar mediante el análisis de la información inhibir, en primera instancia, aquellos antagonismos que en su involución pudieran afectar la estabilidad y vida cotidiana del gobierno y la sociedad. Sus resultados se notan de forma positiva en la aplicación de medidas preventivas, que tienen en la colaboración interinstitucional y participación ciudadana sus soportes más apreciados.
Pero la inteligencia para la seguridad pública es diferente a la que se utiliza y aplica para la seguridad nacional, diferencia que parte incluso desde las misiones asignadas a cada una.
No es un purismo conceptual o académico: dependiendo de la definición prevista en la ley respectiva se asignan presupuestos, se crean reglamentos, se definen cargos, responsabilidades y organigramas, entre otras muchas consecuencias.
No obstante, la principal distinción es que mientras la seguridad pública es una tarea de la estructura básica de la administración pública, solo cuando esta no opera, entonces y solo de manera provisional se le puede considerar como un asunto de seguridad nacional.