Colocada en la mesa una propuesta del Partido Acción Nacional para reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado en las fronteras del país y regresar a las empresas la posibilidad de deducir el monto de prestaciones sociales extraordinarias a favor de los trabajadores…
Realizadas doce rondas de negociaciones a lo largo de un año entre los organismos de representación empresarial y la Secretaria de Hacienda para devolver a las compañías la posibilidad de deducir en forma inmediata las inversiones y los ahorros depositados en instancias bancarias…
Entregados, debidamente engargolados o encuadernados, al gobierno una serie de estudios realizados por instancias como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado o instituciones académicas como el Instituto Tecnológico de Monterrey o el Instituto Tecnológico Autónomo de México en los que se demostraba que la reforma fiscal se había convertido en embudo para el desarrollo económico del país, colocándose como barrera para la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas…
Finalmente la Secretaria de Hacienda dijo no.
Contra viento y marea se mantiene el esquema tributario; es decir, el gobierno no sacrifica ingresos, pero tampoco le apuesta a engordarlos con nuevos tributos o el incremento de las tasas de los existentes.
Como las novias de pueblo, pues, la ilusión de un cambio de rumbo ante el evidente fracaso se quedó vestida y alborotada.
Qué importa si la firmeza del timón apunta a un inminente encallamiento. El barco no puede aumentar la carga, pero tampoco disminuirla, dada la caída de ingresos que representa el actual precio de la mezcla mexicana de petróleo.
El boquete se cubrirá con más recortes presupuestales.
Contrastes
Si este año en teoría se llegó a una reducción de 124 mil millones de pesos, equivalentes a 0.7% del Producto Interno Bruto, para 2016 la tijera apunta a 200, 300 o 400 mil millones de pesos.
Menos presupuestos público, pues, aunque la promesa habla de colocar el énfasis en el gasto corriente, es decir, sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos; además, naturalmente, de la maquinaria.
El problema es que la selectividad no ha sido congruente con la escala de prioridades. Por ejemplo, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es decir, el motor de la activación económica del país vía la obra pública, había reducido hasta julio pasado su gasto en 38.9 por ciento.
A su vez, la de Economía, cuya responsabilidad es agilizar el crecimiento de la actividad productiva, lo había reducido en 19.8%, en tanto Desarrollo Agrario lo habría hecho en 18.2 y Educación en 17.4 por ciento.
En contraste, creció 61.9% el de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en tanto se incrementó en 270% el presupuesto para el Instituto Nacional para la Evaluación en la Educación; en 86% el de la Comisión Federal de Competencia Económica y en 64.2% el de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Ahora que al grito de la “democracia cuesta” el Instituto Nacional Electoral está pidiendo para el año próximo un presupuesto de más de 15 mil millones de pesos.
Se diría, pues, que el gobierno mantiene su promesa de no tocar el escenario fiscal hasta 2018, pero al mismo tiempo el país mantiene la ruta del estancamiento.
Una por otra.