Durante su Tercer Informe de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto puso a la cultura en primer plano: al dar a conocer su decálogo para lo que resta del sexenio reconoció que la cultura es una prioridad para impulsar el bienestar y el desarrollo integral de los mexicanos, “por lo que el país debe tener una institución de Estado a la altura de los nuevos desafíos”.
En este sentido el mandatario federal presentó “una iniciativa para crear la Secretaría de Cultura” que, añadió, lejos de representar un mayor gasto permitirá optimizar y dar mayor relevancia a la inversión que se realiza en este sector, pues es resultado del análisis del presupuesto base cero.
Como era de esperarse, el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) fue uno de los primeros en reaccionar ante la iniciativa. En conferencia de prensa, Rafael Tovar y de Teresa destacó que la creación de la Secretaría de Cultura representa un reconocimiento a la cultura nacional y “nunca había habido un pronunciamiento tan contundente y tan definitivo como el de hoy, expresado y asumido por el Ejecutivo”.
Tovar y de Teresa advirtió que entre los objetivos del organismo destacan, entre otros, el detectar y eliminar la duplicidad de funciones, ya que ante los recortes presupuestales existen áreas que “podrían compactarse y que hagan más cosas”, y el aprovechar la infraestructura cultural y la experiencia acumulada del INAH y el INBA.
Lo importante de esta iniciativa, dijo, es “la preservación del patrimonio cultural, los temas de educación artística, fomento del libro y lectura, temas de cine, los temas de culturas populares, la proyección internacional y ciertas prioridades que este gobierno marca: uno es la integración de una agenda digital cultural, aprovechamiento pleno de la infraestructura que tenemos, animación cultural, darle trabajo por así decirlo a los artistas, aprovechar su talento, la proyección internacional del país”.
Asimismo, señaló la importancia de articular una política cultural que se convierta en una política pública y una política de Estado. “La cultura tiene que ver con la política exterior e interior, con la secretarías de Comercio, Hacienda y Turismo”.
Por último el dirigente del Conaculta, cuestionado sobre si será el primer secretario de cultura, respondió: “Esa es una decisión que toma el presidente”.
Antecedentes
Uno de los primeros funcionarios en exponer la importancia de la cultura como elemento de desarrollo fue José Vasconcelos, quien la concebía como un eje estratégico de la educación nacional.
En 1971, bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez, se impulsaron algunos ajustes y la Subsecretaría de Asuntos Culturales pasó a ser la Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar. El entonces presidente envió incluso en 1975 una iniciativa de ley para crear el Consejo Nacional de las Artes; según contaba Raquel Tibol, la redacción de aquel anteproyecto estuvo a cargo del procurador general de la República.
La idea no prosperó y tocó al gobierno de José López Portillo realizar un nuevo giro al crear el Fondo Nacional para Actividades Sociales, del cual se desprendieron eventos como el todavía vigente Festival Internacional Cervantino.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se habló más en forma de una Secretaría de Cultura, e inclusive el historiador José Luis Martínez redactó una propuesta… que nunca llegó a buen puerto.
Aquel documento se recuperó como una exposición de motivos en la administración de Carlos Salinas de Gortari. “Supo recoger las inquietudes de los intelectuales, en especial de Octavio Paz, para crear el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) con la finalidad de promover la cultura dentro y fuera del país, y lo dotó de un sistema de apoyo a los creadores denominado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”, escribe Carlos Lara en su ensayo La política cultural en México. Oficialismo, alternancia y transición, incluido en el libro 1988-2012. Cultura y transición, coordinado por el propio Lara en compañía de Eduardo Cruz Vázquez.
A partir de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la posibilidad de crear una Secretaría de Cultura federal ha persistido con mayor o menor intensidad.
Del dicho al hecho…
Fundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), Eduardo Cruz Vázquez se ha desempeñado como gestor cultural y diplomático. Autor de títulos como Economía cultural para emprendedores y Los silencios de la democracia, hace historia y expone en entrevista que la iniciativa de una Secretaría de Cultura no tiene exclusiva paternidad presidencial.
“Falta reconocer el esfuerzo aportado durante cinco lustros por diversas personalidades interesadas. Si se ha llegado a esto es gracias al trabajo de años. Ahora estamos en una nueva etapa dentro de un proceso largo”, explica.
Cruz Vázquez recuerda que las condiciones para crear un organismo de este tipo están dadas desde la época de Carlos Salinas de Gortari. “Hay testimonios públicos y privados de que el tema de una secretaría estuvo en la mesa. Hoy nuevamente estamos ante un escenario propicio, porque si bien el país tiene numerosos conflictos, la reorganización de la administración pública es un tema cotidiano”.
Optimista, aunque con reservas, el especialista expresa la necesidad de discutir la secretaría desde una visión de conjunto y que no se vea como algo exclusivamente administrativo. “Lo más importante es que lo que se vaya a hacer responda a la necesidad de cambiar muchas cosas y que realmente tenga repercusiones, no solamente al interior del gobierno, sino que pueda distribuir sus beneficios en los demás actores del sector; me refiero a los empresarios privados y a quienes trabajan desde la sociedad civil”.
Incertidumbres
A decir de Gabriel Zaid: “Con la democracia llegó a México la indiferencia cultural de la clase política”.
En su ensayo Cultura y democracia el intelectual abunda: “Para Altamirano, Sierra y Vasconcelos la importancia de la cultura en el desarrollo de la especie humana, del país y de cada persona, era obvia. Despertaba en ellos grandes ambiciones de fomento cultural. Desgraciadamente, hoy que la clase política tiene más títulos universitarios que nunca, más ingresos que nunca y más recursos que nunca para desplegar sus ambiciones, son pequeñas”.
Quizá por ello persiste la duda de escritores como Juan Domingo Argüelles, poeta y autor de títulos dedicados a la promoción de la lectura: “Cuando hay problemas políticos de legitimidad y credibilidad, invariablemente los políticos miran hacia la cultura. No olvidemos que en diciembre de 1988, una de las primeras medidas de Carlos Salinas de Gortari, quien tenía un problema de legitimidad, fue crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por decreto, seguramente para echarse al bolsillo a los intelectuales y críticos”.
Así, Argüelles tiende un puente entre el contexto de 1988 y 2015: las autoridades, asevera, no tienen credibilidad o han perdido legitimidad. Y explica: “Cuando el presupuesto es menor y los problemas son mayores, hablar de una Secretaría de Cultura me parece que tiene un sentido de oportunidad y oportunismo”.
Confiado sobre el futuro de la propuesta presidencial, el intelectual hace un llamado para que se discuta un concepto válido de cultura. “Hay que hablar desde todas las manifestaciones culturales, las relacionadas con la política y lo social. Esta es una oportunidad para redefinir el rumbo, porque ha prevalecido un concepto cultural desprendido de lo educativo”.
No obstante, reconoce que le parece contradictorio que se hable de crear una dependencia de este tipo en momentos donde los presupuestos se reducen. Para 2015 el subsector cultural contó con 18 mil 583.47 millones de pesos y la proyección para 2016 prevé una reducción de 430 millones. “Por supuesto que todo país civilizado tiene un Ministerio de Cultura, pero me parece extraño que en México se hable de crear una secretaría cuando se reducen los recursos, como si eso fuera a cambiar las cosas”.
¿Y ahora por dónde?
Una Secretaría de Cultura “no resuelve las cosas, pero es mejor tenerla que no tenerla”, comenta el economista Ernesto Piedras.
Para el autor del estudio ¿Cuánto vale la cultura? el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto es positivo. “No me parece razonable que un país con el peso cultural de México carezca de un corpus institucional al nivel de Secretaría de Estado”.
Piedras prevé que con la dependencia se podrá alcanzar la transversalidad que siempre se ha buscado para el sector: “A partir de ahora la cultura se podrá hablar de tú a tú con otros rubros. Si la cultura participa del desarrollo económico y social, la secretaría le da una plataforma de negociación más equitativa para empezar a avanzar. Por sí misma no es una solución, simplemente se trata de agregar músculo institucional a la construcción de una política cultural que ahora empieza a ser más equitativa”.
En términos de operación, el economista sugiere la inclusión de diversas subsecretarías. “Más allá de los nombramientos o las personas lo importante es la estructura. No queremos el Ministerio de Cultura de Canadá o el Council of Arts de Estados Unidos: debemos hacer algo acorde a los requerimientos de México”.
Por tanto, sugiere que en el organigrama se debe incluir una subsecretaría dedicada al patrimonio; otra enfocada a la planeación estratégica; una más dedicada a industrias creativas y culturas, y un despacho dedicado a las culturas populares. “Estas son las básicas”, dice.
“No se trata de mercantilizar la cultura, sino de dotar a los creadores de mecanismos de mercado y recursos financieros para llegar a las audiencias y producir sus bienes y servicios culturales. Se necesita de un apoyo integral y centralizado”, puntualiza Piedras.
El sindicato
Uno de los puntos finos en la transición de Consejo a Secretaría será el sindicato. Tanto los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes como los del Instituto Nacional de Antropología e Historia están afiliados a la Secretaría de Educación Pública. La reingeniería en el sector supondría crear una organización laboral que los agrupara.
El pasado 1 de septiembre empleados de ambas instancias acudieron a protestar a las afueras del Congreso de la Unión. En representación de más de cinco mil trabajadores, María del Carmen Vázquez Rosales y Leonardo Macareno Mejía, secretarios general y de organización de la sección D-III-22 INBA, respectivamente, y Juan Manuel Hernández Melchor, secretario general de la sección D-III-24 INAH, entre otros integrantes de sus organizaciones, demandaron respeto irrestricto a la personalidad jurídica de ambos institutos, ante la idea de dotar de un marco jurídico al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para transformarlo en una Secretaría de Cultura.
“A lo largo de los recientes 16 años se ha pretendido legislar sobre el ámbito cultural a partir de una serie de iniciativas que han sido elaboradas por encargo o por iniciativa propia, por los asesores de los diputados y senadores. Muchas son tomadas de manera textual de legislaciones de países como Francia, Canadá, España y Colombia. Lo preocupante es que estas no consideran la realidad multicultural del país”, expresó Vázquez Rosales.
A decir de Eduardo Cruz Vázquez los sindicatos son un tema central. “La propuesta implica crear un nuevo despacho con los temas legales y laborales que impone. Espero que exista una propuesta convincente para los numerosos trabajadores adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Supongo que hay una estrategia en este sentido. Hasta donde entiendo, la creación de una nueva secretaría impone crear una nueva central sindical y un nuevo contrato colectivo; se tienen que revisar las relaciones laborales. Los institutos no pueden pasar de facto a la Secretaría de Cultura y seguir siendo trabajadores de la educación, aunque sean descentralizados. A menos que piensen dejar temporalmente al INBA e INAH dentro de la SEP, mientras se hace una transición. El tema jurídico laboral es muy interesante; es una gran oportunidad para replantear esto”.
La lectura del fundador del Grecu apunta a un acotamiento del sector cultural. “La declaración sobre el presupuesto base cero me hace pensar que en realidad quieren acotar al subsector y les sale más barato hacer una Secretaría de Cultura”.
Cruz Vázquez considera que “es como decir: ‘Voy a reducir tanto los recursos, que para que no sientan tan feo les voy a dar esa secretaría’”.
Lo que viene
En lo práctico, el Conaculta opera como una secretaría de Estado. Aun así, asume Cruz Vázquez, aceptar una Secretaría de Cultura supone reconocer a la cultura como un campo autónomo y complementario a la educación.
Antes de cualquier cambio, expresa, deberá desahogarse la Ley General de Cultura.
“En un primer momento la creación de una nueva dependencia no tiene impacto en la población. Ahora vendrá un proceso de cabildeo y negociación para construirla. Si se da de manera fast track y se autoriza en este periodo de sesiones, estaríamos hablando de que en enero empezaría funciones. Viéndolo fácil, la transición se estaría llevando un año. Esto quiere decir que prácticamente la secretaría empezaría a operar en 2017 o bien 2018, de modo que el primer ganón o primer gran secretario de cultura será el que designe el próximo presidente de la República”, señala.
Juan Domingo Argüelles espera por su parte mayor claridad en los hechos. “No sé cómo resolverán las cuestiones legales y concernientes al marco jurídico, porque la Secretaría de Cultura deberá absorber en los hechos y en lo laboral a INBA e INAH; deberá normar toda la acción cultural y los apoyos. Si no se hace con cuidado, se creará más burocracia”.
Añade que desde hace tiempo “se ha exigido un rango más alto para la cultura”, pero hacerlo en este momento de problemas financieros globales “me parece cuestionable”.
La única estimación numérica sobre el impacto de la cultura en el Producto Interno Bruto en México la realizó Ernesto Piedras. Su cálculo es de 7.3%. Sus expectativas en caso de que se consume el nuevo organismo son positivas: “Siempre nos hemos preguntado qué pasaría si tuviéramos una política integral y estable en este sentido. Mi intuición es que el aprovechamiento económico podría ser mayor y pasar a 9%, que es mucho en términos de empleo, generación de recursos e infraestructura, incluso en generación de divisas. Implica también un reconocimiento de que en la cultura hay gente que trabaja e invierte, y en este sentido bien ameritaría tener un seguro social. La mera existencia de un corpus institucional no garantiza el buen desempeño, pero sí sabemos que sin este corpus no tenemos la visibilidad o la capacidad de argumentación que requerimos para este sector…”