Varias han sido las pruebas fehacientes en las últimas semanas de que cuando se trata de analizar la relevancia, responsabilidades, influencia política, aceptación social e imagen de las Fuerzas Armadas se hace desde la militancia en contra, el prejuicio y, permítanme señalarlo, la ignorancia.
En ninguno de esos casos hay una aportación razonada, propositiva ni mucho menos soportada por el más elemental método científico.
Grandilocuencia, lugares comunes, acusaciones sin prueba alguna, fotografías publicadas con fines de manipulación… en fin, algo muy lejos de periodismo de investigación cuya principal finalidad es aportar elementos para que el consumidor de información elabore sus conclusiones y no que se las proporcionen ya hechas.
La manera en que se ha tratado de inculpar al personal militar del XXVII Batallón de Infantería en Iguala, y por extensión al Ejército mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a su titular, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, es una muy mala señal respecto de la capacidad para hacer precisiones y críticas sin otro objetivo que el de lograr notoriedad y protagonismo.
La pregunta es para qué. Y con esta, quién o quiénes resultan beneficiados de tan cuestionable actitud, que dista mucho de ser periodismo profesional.
Extremos
Sembrar la duda de manera sistemática respecto del buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas en un contexto donde cualquier medición nacional e internacional nos arroja como resultado la preocupante debilidad estructural del Estado mexicano para hacerle frente a problemas atingentes como la corrupción, la impunidad y la pobreza, deja al mismo tiempo claro que lanzar acusaciones sin más sustento que el prejuicio marca más al medio de comunicación y al autor que al objeto de sus diatribas.
En México hemos llegado al extremo de que aplicar la ley es sinónimo de represión. Como prueba reciente, luego de los desmanes en la capital de Oaxaca, el pasado 2 de octubre, no hay un solo detenido pese a la gran cantidad de pruebas presentadas por dueños y locatarios afectados.
No son pocos los presidentes municipales que al ser “incomodados” por las operaciones militares contra la delincuencia organizada acusan, como sucede en Tamazula, Sinaloa, a la Infantería de Marina de violar los derechos humanos.
Que el edil es concuño de Joaquín Guzmán puede ser la explicación pero, ¿quién lo registró como candidato? ¿Se auditó debidamente el financiamiento de su campaña? Eso sí: gran despliegue para dar a conocer las quejas del personal militar empeñado para localizar y reaprehender al señalado delincuente.
Como se observa, son varios y amplios los flancos de ataques interesados en afectar la imagen y solvencia social de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército. Esto no significa que los probados abusivos queden impunes, de hecho no sucede así: hay militares que se encuentran sentenciados por abuso de poder. La cuestión es que al tratar los temas de la participación militar en labores de apoyo a la seguridad pública no existe disposición a analizar el tema desde una perspectiva bien argumentada, pues desde luego que es más fácil, y también más superficial, hacerlo sin referencias históricas, documentales, investigaciones especializadas, estudios comparados, nacionales e internacionales, derecho internacional, entre otras muchas fuentes.