Si hay una pieza delicada en un sistema constitucional, esa es el Poder Judicial. En cualquier sistema. En unos tiene más peso que otros poderes; en otros no tanto, pero es la clave de la ecuación de la convivencia civilizada y legal.
Asoman nubarrones en el Poder Judicial mexicano por diversas razones. Unas inevitables y otras coyunturales. Inevitables, ya que se aproxima la designación de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se ha hablado mucho al respecto y se ha argumentado relativamente poco. Conforme a la Constitución, en sus términos, el presidente de la República puede integrar las ternas cumpliendo con el artículo 25 constitucional.
No es un requisito que obligue o restrinja seriamente la capacidad de propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. El texto constitucional no impide candidatos que se han manejado en los medios de la opinión pública. Por lo demás, a pesar de las últimas designaciones en la Suprema Corte, no hay elementos para objetar la honorabilidad, capacidad e imparcialidad de quienes integran el órgano supremo de justicia de la nación. Simpatías o antipatías pueden haber muchas. Juicios sólidos en contra, no los hay.
Hay problemas, sin embargo. El próximo 28 de octubre se votará la resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la que propone otorgar amparo en contra de la Ley General de Salud respecto de la autoproducción y autoconsumo de marihuana. Sus razones filosóficas son sólidas, liberales y permisivas, como este espacio siempre ha defendido. Hay un pero.
Representación
Otorgar un amparo contra la Ley General de Salud por parte de tres ministros, en función de la arquitectura e ingeniería constitucional del sistema político mexicano, parece abusivo. La decisión legislativa, buena o mala, que impide la autoproducción y autoconsumo de la marihuana fue emitida por la representación nacional. Buena, regular, mala, pésima, despreciable, fue la representación nacional. Es el Legislativo, el Congreso de la Unión el encargado de decir qué se prohíbe y qué se permite. Son los ciudadanos que eligieron a esos representantes y los que se abstuvieron a elegir, los que les dejaron la facultad de elegir, qué se debe legislar y en qué sentido.
La argumentación del maestro Zaldívar, a mi manera de ver, lógica y filosóficamente es impecable. Puesto en otras palabras, cada quien en la privacía de su vida, en su individualidad, en el ejercicio de su libertad, tiene el derecho de meterse a su cuerpo lo que sea. Hasta el suicidio. A menos que este hecho se convierta en delito.
El tema no es la autoproducción y autoconsumo de la marihuana. El tema es quién y qué poder debe decidir si es o no permisible. En mi opinión eso no corresponde a la SCJN, que está invadiendo una atribución única y exclusiva del Poder Legislativo, que a su vez expidió la Ley General de Salud. Es una grave invasión de funciones y atribuciones de otros poderes. Tres ministros no pueden sustituir a la representación nacional ni al consenso sensato entre la libertad individual y el bienestar del grupo colectivo. El próximo 28 de octubre tiene que haber una decisión muy compleja de la sala de la Suprema Corte de Justicia para mantener abiertas las puertas de la libertad, cerrar las oportunidades a las voluntades autoritarias y tradicionalistas y dar cauce a la consulta, a la construcción de un consenso y que sea la representación popular la que decida.