La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en guerra contra la Secretaría de Educación Pública. El tema de disputa es la reforma educativa. Esta organización disidente del sindicato magisterial está acostumbrada a obtener lo que quiere del gobierno. Pero hoy el Estado mexicano no puede echarse para atrás. Desechar la reforma educativa, ya sea de manera formal con una reforma constitucional o de manera informal simplemente no aplicándola, sería un golpe del cual ya no se levantaría el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En estos últimos días la guerra entre maestros disidentes y el Estado mexicano se ha reflejado en batallas en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
En Chiapas incluso murió un maestro atropellado —por sus mismos compañeros, según las autoridades— en el marco de una protesta.
En Guerrero los grupos de protesta se introdujeron en una sesión de evaluación y desconectaron las computadoras.
En Michoacán el nuevo gobernador perredista, Silvano Aureoles, ordenó la detención de normalistas que habían tomado la caseta de peaje de una carretera.
La SEP ha empezado ya a destituir a maestros que no han presentado las evaluaciones. También ha presentado denuncias penales contra quienes han cometido actos de vandalismo en los actos de protesta.
La CNTE considera la reforma educativa como un acto que pone en peligro su propia existencia. Y quizá tiene razón: la Coordinadora tuvo hasta ahora un control total de la educación en los estados donde opera. En Oaxaca, de hecho, colocaba a sus incondicionales en muchos puestos de dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En una entidad donde los paros ilegales y las faltas de asistencia de maestros para asistir a manifestaciones y plantones son constantes, oficialmente nunca faltaba un docente a clases.
La reforma educativa hace simplemente dos cosas. Ordena un censo educativo con el fin de verificar que las personas que reciben un sueldo de maestros efectivamente estén dando clases. Establece también una serie de evaluaciones del desempeño y de los conocimientos de los maestros. Es tan laxa la evaluación que un maestro no será retirado del aula aun si falla en tres evaluaciones.
Pero incluso en ese caso tiene derecho a recibir un sueldo el resto de su vida laboral y una pensión después por el resto de su existencia.
Fuerza
No sé si las evaluaciones que se hacen son las mejores que pudiera haber. Pero para eso se ha creado un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, autónomo del gobierno y formado por expertos respetados, el cual debe definir el contenido de estas pruebas. Lo que sí entiendo es la necesidad de verificar que quienes reciben sueldo de maestros realmente den clases y que tengan por lo menos conocimientos mínimos.
Para la CNTE estos requerimientos son inaceptables porque ponen en jaque el control real que ha tenido sobre la educación en los lugares en que opera. Por eso está dispuesta a incrementar constantemente el reto al Estado mexicano y llevar las acciones de protesta incluso a la violencia.
El Estado mexicano tiene, por supuesto, una enorme fuerza, muy superior a la que puede tener la CNTE. Pero estas guerras se ganan no solo con fuerza, sino con una percepción favorable de los ciudadanos. Un uso excesivo de la fuerza pública podría dar al traste con el mismo propósito del gobierno de mantener la reforma educativa. El gobierno no puede echarse para atrás en la reforma, pero tampoco puede tomar medidas que al darle mártires a la CNTE simplemente la fortalezcan.