La discusión actualmente en curso sobre las responsabilidades y posibles soluciones a la contingencia ambiental, así como en torno de la eventual utilización de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando dejen de cumplir su función actual en 2020, pone de relieve la necesidad de adoptar una perspectiva más allá de lo local en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México.
Desde un punto de vista económico, es evidente que el desarrollo de conurbaciones interestatales obliga al diseño de marcos normativos y políticas públicas que trascienden lo municipal y lo estatal.
En México son pocas las experiencias en ese sentido; y las más de las veces, fallidas. Se pensó en algo así para Guerrero y Michoacán en el caso del puerto de Lázaro Cárdenas. Fracasaron. En el relanzamiento energético del país se comenzaron a hacer algunos ejercicios de planeación regional para el corredor Tuxpan-Tampico y la atonía del mercado petrolero ha retrasado todo. Algunos resultados concretos se han conseguido en el transcurso del tiempo en la Comarca Lagunera, entre los estados de Durango y Coahuila, más con sentido común y la búsqueda de ventajas mutuas que bajo una perspectiva planificadora de largo plazo.
Hoy la Ciudad de México está a unos cuantos meses de contar con una Constitución local propia, que como una de sus premisas fundamentales debería entender que la capital de la República es responsabilidad, entendida esta como derechos y obligaciones, de varios estados del país y no de una sola entidad federativa.
En los últimos días la contingencia ambiental del ya no sabemos si Distrito Federal o Ciudad de México se imputa a la asimetría de controles anticontaminantes en el centro del país. Unos aplican una norma; algunos más, otras; otros, ninguna. Cada una de las partes implicadas argumenta desde su conveniencia local sin que prevalezca en ninguno una perspectiva regional que trascienda limitaciones político-administrativas. El gobierno de la ciudad señala relajamiento de la verificación vehicular en estados circunvecinos. Estos, a su vez, apuntan a la falta de inversiones del hasta hace poco Distrito Federal en transporte público y en el manejo sustentable de residuos.
Catastrófico
Desde los ochentas se frenó drásticamente el desarrollo industrial de la capital del país bajo el argumento de que era el principal causante de la contaminación.
Parcialmente falso o verdadero, se condenó al Distrito Federal a convertirse en un centro de servicios que depende fundamentalmente de infraestructura y transporte público modernos que con el paso del tiempo no se hicieron, entre otras razones porque requerían de planeación e inversiones multiestatales de mediano y largo plazo, al margen de calendarios electorales propios.
Y como para colmo de males la pluralidad partidaria se acentuó en los distintos gobiernos del centro del país, la coordinación entre estados y gobiernos se vio rebasada y cada quien jala para su santo.
En la actualidad los usuarios, y no solo los habitantes de la Ciudad de México, pagamos ese precio a costa de la salud de la población y de la viabilidad económica de esta concentración urbana.
De manera que si el Constituyente próximo se construye a partir de las necesidades de una ciudad con una demarcación geográfica específica, de entrada estará arrancando de un punto de partida equivocado. Lo mismo aplica para la futura utilización de los terrenos del Aeropuerto. Si no se crea un órgano intergubernamental e interdisciplinario para el desarrollo de la Ciudad de México, el costo político y social será, sin catastrofismos, cata