La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 459 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobado previamente por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
El presidente de esta comisión, Rogerio Castro, resaltó que el objetivo de esta nueva ley y las reformas correspondientes en materia de fiscalización y rendición de cuentas públicas, es fortalecer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su capacidad para analizar las cuentas públicas y fiscalizar la totalidad de los recursos federales que son transferidos a otros órdenes de gobierno, estatales o municipales.
Asimismo, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan a la Cámara de Diputados y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos, todo ello, en consonancia con el que será el Sistema Nacional Anticorrupción.
Rogerio Castro explicó que con las nuevas atribuciones, la ASF podrá iniciar los trabajos de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente y solicitar información del ejercicio en curso o procesos concluidos para la planeación de sus funciones.
La reforma, añadió, permite tambiéin fiscalizar los recursos federales transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, tanto los de carácter público como privados.
Se establece que derivado de denuncias y con previa autorización de su titular, la Auditoría podrá fiscalizar a las entidades ya sea durante el ejercicio fiscal en curso o anterior, y éstas deberán proporcionar la información que se les solicite, en los plazos y términos establecidos por la ley.
La ASF, abundó, rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados sobre los resultados de dichas auditorías y promoverá las acciones correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y autoridades competentes.