El secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade y el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, profundizarán las líneas de acción y coordinación en materia de blindaje electoral para los procesos electorales en el 2017, cuya finalidad es garantizar el manejo responsable y transparente de los programas sociales durante los comicios que se realizarán en los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz.
Para tal efecto, los titulares de las dependencias mencionadas sostuvieron una reunión a la que asistió en calidad de testigo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
En su intervención, el secretario Luis Miranda expresó que esta decisión contribuye a encontrar el mejor camino para reconciliar a la ciudadanía con los actores políticos y las instituciones. Significa, dijo, “honrar nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”.
Dijo que la Secretaría a su cargo, por la cantidad de programas y recursos que maneja y por estar en contacto cotidiano con millones de mexicanos, es quizá la dependencia más fiscalizada de la administración pública federal.
El secretario Luis Miranda afirmó que “en la política social del gobierno de la República no habrá espacio alguno para la impunidad y sí mano firme contra casos de corrupción”.
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González aseguró que la confianza ciudadana, indispensable para la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental, nace desde las instituciones y los procesos electorales y aseguró que se convocará a la sociedad a supervisar y vigilar el uso correcto de los recursos públicos.
“Con certidumbre en nuestros mecanismos democráticos habrá confianza en los gobiernos que emanen de ellos”, puntualizó. Asimismo, refrendó el compromiso de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de dirigir sus acciones y facultades a la prevención de la comisión de delitos electorales, fundamentalmente mediante la Contraloría Social.
En el evento, realizado en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, precisó que el propósito fundamental de la firma del documento es blindar los programas sociales y evitar el uso de los recursos federales destinados a impulsar el desarrollo social para fines político-electorales. “Los programas sociales son instrumentos de cumplimiento de derechos sociales, no prebendas de gobierno o de partidos”, expresó.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, expresó que “el desencanto que padece nuestra democracia no encuentre nuevas experiencias en las elecciones locales de 2017, sino por el contrario, encuentre pruebas de que hay instituciones comprometidas con la imparcialidad y con respeto a la voluntad libre y secreta de los ciudadanos en todo el proceso electoral”.