Precisamente cuando en México se discute la viabilidad, contenidos y pertinencia de una Ley sobre Seguridad Interior ante la inminencia de la nueva administración presidencial en Estados Unidos, allá hacen acopio de argumentos que aluden en general a su seguridad para construir el tan citado y discutible muro en la frontera bilateral.
Justo se invoca —como ya se hizo durante la campaña por la Casa Blanca— como principal interés norteamericano el de conservar y reforzar las condiciones de seguridad interior en el vecino país.
Estamos ante un interesante ejercicio de decisiones que aun cuando nos parezcan ofensivas debemos analizar en su contexto y perspectivas, puesto que de allí se extraen conclusiones muy ilustrativas respecto de lo que serán las prioridades de la gestión de Donald Trump, que justamente arranca esta semana.
Por principio de cuentas, los contactos comenzaron no con algunas de las muy grandes empresas constructoras del país, o bien con los contratistas del Departamento de Defensa, no: se inició, como era lógico, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Army).
Ya en 2008, el entonces jefe del Departamento de Seguridad de la Patria (hay que insistir: Homeland no es “interior”, como se mal traduce en México) Michael Chertoff recurrió a varias leyes federales y locales para construir parte de la separación que hoy existe desde la frontera entre las Californias. El argumento fue, en efecto, que las condiciones de violencia e inseguridad del lado mexicano afectaban de forma notable el funcionamiento de las ciudades estadunidenses fronterizas. A pesar de las protestas locales de ambos lados de la línea divisoria, la construcción se hizo.
Ahora, de nueva cuenta, sobre todo luego del primer reality show (su primera conferencia de prensa formal) como presidente electo, Donald Trump expresó que a la brevedad comenzarán los trabajos para la construcción del muro divisorio en toda la frontera.
Supeditados
De acuerdo con la Ley Real ID, promulgada en 2005, el gobierno de Estados Unidos, a través del citado Departamento de Seguridad de la Patria, puede derogar cualquier legislación —entiéndase local, estatal y/o federal— sobre cualquier asunto o materia, en el caso de que se trate facilitar la construcción de muros, vallas y caminos en las fronteras del país.
Puede ser una ley que proteja a las aves migratorias, la calidad del agua, vestigios arqueológicos, especies animales en peligro de extinción… Todos estos diversos y trascendentales asuntos quedan supeditados al tema de la seguridad interior de Estados Unidos. Como se lee, en estas condiciones el histórico y tan sólido federalismo —aportación histórica de la Constitución de 1786— queda en letra muerta cuando de seguridad se trata; en este caso, interior. Es decir, pueden parecer o no relevantes los criterios del presidente en turno en esa materia, pero lo cierto es que los obstáculos legales, políticos, sociales, culturales y económicos no pueden ser tomados en cuenta como un factor que retrase, o peor aún obstaculice la toma de decisiones al respecto.
En nuestro país observamos una extraordinaria lentitud, con resultados muy disparejos en materia de seguridad interior. Tanto así, que a la fecha ni siquiera contamos con un ordenamiento jurídico a respecto de cómo obligar a los poderes locales y a los poderes de la Unión a cumplir con sus obligaciones y que fomenten así la estabilidad y el desarrollo en paz de la sociedad.
No se trata de copiar modelos, por supuesto. Pero sí de observar que cuando la seguridad e integridad de la sociedad e instituciones están en riesgo se debe actuar con determinación, precisión y oportunidad. Aunque no nos guste la construcción de un muro, que en poco tiempo quedará en una ficción.