En varias partes de México persisten las peleas clandestinas de perros —que operan en su mayor parte integrantes del crimen organizado— como negocio redituable: aunque no se cuenta con datos certeros a causa de la clandestinidad bajo la cual se realizan, se trata de un secreto a voces debido a denuncias ciudadanas, reportes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y notificaciones de centros veterinarios por las heridas con las que reciben a animales que participan en esos sanguinarios torneos.
De acuerdo con organizaciones civiles, desde hace una década la situación se incrementó en el país debido a que grupos delictivos de Estados Unidos se aprovechan de legislaciones locales sobre protección animal para hacer negocios.
No obstante, tras varios años de lucha de la sociedad civil junto con diversas ONG y con el apoyo de diversos legisladores se logró en la Cámara de Diputados, el pasado 8 de diciembre, la aprobación de una reforma al Código Penal Federal (CPF) para castigar severamente esta actividad.
Y recién el jueves 6 de abril la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó también la iniciativa para reformar el artículo 419-bis del CPF y sancionar con seis meses a cinco años de prisión o el equivalente de 200 a dos mil días de salario mínimo de multa, a quienes críen o entrenen a un perro con el fin de involucrarlo en una pelea entre dos o más canes.
La sanción incluye a quien posea, compre o venda perros de pelea; organice, promueva, anuncie, patrocine o venda entradas para asistir a dichos “espectáculos”; posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas; ocasione que menores asistan o presencien estos eventos; y/o realice, con o sin fines de lucro, cualquier acto con el objetivo de involucrar a perros en peleas.
Por su parte “los asistentes a estos espectáculos incurrirán en responsabilidad administrativa”.
Consecuencias
De acuerdo con el director de Humane Society International (HSI), Daniel Anton Aguilar, las peleas de perros están relacionadas con organizaciones del crimen organizado involucradas además en trata de personas, tráfico de enervantes, tráfico de armas y pornografía.
“Existen reportes sobre cómo los estadunidenses peleadores profesionales de perros, en la medida en que las autoridades de allá endurecen su persecución y sus sanciones, han comenzado a trasladar sus actividades a México y América Central. Se trata de un fenómeno que sufrimos de manera creciente como consecuencia de ese desplazamiento”, explica.
Representantes de las distintas asociaciones señalan que en la actualidad, los involucrados en las peleas clandestinas únicamente son castigados con 36 horas de prisión, por lo que se pretendía que se endurecieran además las sanciones para los espectadores: de dos meses a un año y medio de prisión y de 70 a 700 días de salario como multa.
La diputada federal Verónica Delgadillo, una de las principales promotoras de la reforma, dice al respecto que la violencia física y sicológica que experimentan los animales habla de una descomposición social, del deterioro de las relaciones humanas y un dominio del crimen organizado en los lugares donde se realizan los espectáculos.
“Hay que reconocer que en algunos estados del país existe la prohibición de las peleas de perros, pero solamente como falta administrativa; es decir, no se juzga penalmente por estas actividades. La propuesta que hicimos desde la Cámara de Diputados busca penalizar a toda la cadena relacionada con este ‘espectáculo’, que es dañino: desde el que presta el espacio para las peleas, pasando por quien vende los boletos, hasta quienes asisten a presenciar este tipo de expresión que es una de las más violentas dentro de la categoría del maltrato animal”, explica.
Combatir la crueldad
La tipificación tiene un amplio respaldo político y social, ya que de acuerdo con una encuesta de Parametría 99% de las personas rechaza las peleas de perros y 85% se pronuncia en favor de sanciones severas.
“En total recabamos 200 mil firmas durante la campaña ‘No más peleas de perros’ en apoyo a esta reforma, en un tiempo relativamente corto. Esto nos indica el respaldo que hay por parte de la población para esta iniciativa y cómo el asunto se extiende del plano social al político, puesto que en diciembre del año pasado 200 de los diputados votaron a favor de esta reforma y solo uno en contra”, apunta Anton Aguilar.
Confirma que actualmente es difícil contar con estadísticas sobre peleas de perros debido a que son clandestinas, pero puntualiza que se tiene información de que la capital es un lugar de tránsito para los peleadores y hay registro de peleas en Aguascalientes, Nuevo León y Guanajuato.
De acuerdo con Claudia Edwards, directora de programas de HSI México, en Aguascalientes el año pasado se atendieron alrededor de 20 casos en que estos animales fueron usados para peleas.
“Es muy importante señalar que es difícil atrapar a los peleadores en flagrancia: esa es una de las condiciones más complicadas, porque normalmente llegan, hacen la pelea y se van; todo es muy rápido; se mueven de escenario, no siempre tienen un mismo espacio. Eso lo hace mucho más complicado. De ahí la importancia de castigar a toda la cadena que participa en esta actividad”, advierte.
En este sentido, Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano, señala que en los últimos tres años se atendieron 19 mil 825 llamadas relacionadas con el maltrato animal, de las que se comprobaron seis mil 671, pero de las 111 denuncias vinculadas con peleas de perros ninguna se pudo corroborar.
Con la aprobación a la reforma al CPF los senadores envían ahora una señal clara y hacen eco de lo que pide la sociedad mexicana: erradicar la crueldad animal y la violencia en México.