Nunca antes se había vivido una situación similar en nuestro país: ocho ex gobernadores están sometidos a acusaciones penales formales; seis de ellos están detenidos, uno está prófugo y uno más se encuentra en proceso; siete son priistas, uno más es panista.
La gran pregunta es si estamos sufriendo la era de mayor corrupción en la historia de México, manifestada por este inusitado número de acusaciones y procesos contra ex gobernadores, o si por el contrario estamos presenciando un momento en que por primera vez el sistema judicial tiene el valor y los mecanismos para presentar cargos penales contra ex gobernadores.
Tomás Yarrington, de Tamaulipas, ha sido acusado de vínculos con el crimen organizado; Andrés Granier, de Tabasco, de operaciones con recursos de procedencia ilícita; Jesús Reyna García, de Michoacán, de lazos con el crimen organizado; Rodrigo Medina, de Nuevo León, de peculado; Guillermo Padrés, de Sonora, de defraudación fiscal; Javier Duarte, de Veracruz, de operaciones con recursos de procedencia ilícita; Flavino Ríos, de Veracruz, de facilitar la fuga de Javier Duarte, y César Duarte, de Chihuahua, de peculado.
Es difícil saber si todas estas acusaciones son correctas. Hay un ánimo de linchamiento en una sociedad agraviada que considera que todos los políticos son corruptos y está dispuesta a creer lo peor de todos.
En todos los casos, sin embargo, la presentación de acusaciones ha sido seguida de órdenes de aprehensión giradas por jueces que muestran poco a poco una mayor independencia frente a las procuradurías y el Ejecutivo.
Cambio
Desde hace años se han fortalecido los procesos de contraloría y auditoría en el sector público federal. No ha sido posible evitar las irregularidades, pero la impunidad ya no está garantizada en las dependencias federales. Los gobernadores, sin embargo, habían seguido gozando de una casi total impunidad. Parecía inevitable que se retiraran después de seis años de gobierno en condiciones de gran riqueza personal y sin necesidad de trabajar el resto de su vida.
Hoy los gobernadores en funciones deben sentir una gran incertidumbre al ver que ocho de sus predecesores se encuentran detenidos, procesados o en fuga. La impunidad parece haber terminado.
Estas acciones penales han tenido lugar antes de que entre en vigor el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Este establece nuevas instituciones y procedimientos para luchar contra la deshonestidad; y no solo en el gobierno federal, sino también en los estados.
Es muy temprano para juzgar el nuevo sistema, pero los especialistas hablan bien de él. Para empezar, no es un sistema establecido por políticos con el afán de protegerse unos a otros. Han sido académicos reconocidos quienes lo han diseñado. Falta todavía que el Senado escoja al fiscal anticorrupción, quien no solo tendrá un papel relevante sino que será el rostro visible de todo el esfuerzo. Es una lástima que la designación esté a cargo de un Senado que por definición es una institución política y no técnica.
El ciudadano común y corriente, por lo pronto, sigue sintiendo que la nación está agobiada por la corrupción. Las noticias que tienen que ver con estos ocho ex gobernadores fortalecen esta actitud negativa. Pero quizás el simple hecho de que estos ocho, que antes habrían sido intocables, enfrenten hoy acusaciones penales es indicativo de que el país empieza a cambiar.