Naturalización, obstáculo en la reforma migratoria

El inicio de los trabajos bipartidistas en los que se irán delineando las características y alcances de la reforma, genera esperanza para millones de indocumentados que han esperado años para ser reconocidos como ciudadanos.

Ángel Hernández
Política
Foto: Especial
Exigen reforma migratoria

El inicio de los trabajos bipartidistas en los que se irán delineando las características y alcances de la reforma, genera esperanza para millones de indocumentados que han esperado años para ser reconocidos como ciudadanos.

La vía libre que han decidido tomar demócratas y republicanos en Estados Unidos para aprobar una reforma migratoria, con apoyo de una intensa campaña por parte del presidente Barack Obama, quien la señala como prioridad de su segundo mandato, debe enfrentar un camino lleno de obstáculos y resistencias.

En este sentido, la naturalización de millones de inmigrantes es uno de los temas que mayores diferencias provoca entre congresistas norteamericanos.

Por ello, si bien las actuales circunstancias políticas y económicas abren la posibilidad de regularización para casi 12 millones de inmigrantes que hoy carecen de estancia legal, se requerirá de un cabildeo sin precedentes e intensas negociaciones de las propias comunidades hispanas —a las que pertenecen la gran mayoría de los indocumentados—; de sus representantes políticos; y, en menor medida, aunque no menos importante, del respaldo de sus países de origen.

Barack Obama habla de la reforma migratoria


El inicio de los trabajos bipartidistas en los que se irán delineando las características y alcances de la reforma genera ya grandes esperanzas para millones de indocumentados que han aguardado años para ser reconocidos como ciudadanos, aunque puede ser un camino largo que puede llevar hasta diez años, advierten algunos legisladores estadunidenses.

Pero mientras demócratas y republicanos negocian y afinan detalles y propuestas, en una primera instancia los inmigrantes ilegales tendrán que cumplir con requisitos mínimos para aspirar a ser tomados en cuenta como candidatos a la regularización: saber inglés, no tener antecedentes penales graves y que hayan pagado impuestos serían condiciones básicas para una primera calificación de un estatus legal de prueba.

Condicionamientos

La victoria electoral del presidente Obama para un segundo mandato en la presidencia de Estados Unidos fue el revulsivo político que ha permitido que los congresistas, sobre todo los republicanos, reconozcan la necesidad de legislar en un tema polémico que divide a la sociedad norteamericana y cada vez tiene un mayor impacto en los resultados de las elecciones presidenciales de EU.

De ahí que un reflejo de la manera en que se ha revalorado la importancia electoral de los hispanos sea la advertencia del ex candidato presidencial y senador republicano, John McCain, quien reconoce que su partido corre el riesgo de seguir perdiendo elecciones en caso de no apoyar una reforma migratoria integral.

Y más allá de los cálculos electorales que puedan estar implícitos en los proyectos de reforma migratoria que discutirá el Congreso de ese país, los analistas en EU destacan que se abre una gran oportunidad para la primera reforma después de 26 años, cuando se dio el último gran proceso de regularización de millones de inmigrantes.

Sin embargo, esa puerta abierta al proceso de legalización tendrá que librar condicionamientos como la exigencia de líderes de ambos partidos en el Senado, quienes antes de dar pasos firmes hacia la reforma han antepuesto la condición de que se garantice una frontera segura, analizar un programa de trabajadores invitados o verificar los antecedentes de los trabajadores por parte de sus empleadores.

Entre los principales obstáculos a los que se pueden enfrentar millones de inmigrantes sin papeles en regla —de los que se calcula casi seis millones son de origen mexicano—, está la oposición a una amnistía que mantienen los republicanos en la Cámara de Representantes, sobre todo del sector más conservador.

¿Quiénes sí?

Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, afirma que toda reforma supone obstáculos y más en materia migratoria, ya que persiste una fuerte oposición al interior del Congreso.

Sin embargo, asegura que hay condiciones favorables porque se ha debilitado la presión que mantenían grupos conservadores, como el Tea Party, por la derrota del candidato presidencial Mitt Romney, un descalabro que disminuyó la oposición que tenían los republicanos respecto de la reforma.

Una muestra de ello, agrega, es la apertura mostrada por varios liderazgos de ese partido, como el senador McCain, de Arizona —entidad que ha criminalizado la inmigración ilegal cono leyes xenófobas como la SB1070—, que ahora mantiene una actitud más abierta respecto del otorgamiento de la naturalización a través de la reforma.

Protestas por la SB1070


La experta coincide con otros analistas en señalar que la naturalización es el tema que mayores resistencias y rechazo genera en el Congreso estadunidense, además de que son varios los segmentos de inmigrantes que ingresaron en diferentes años a territorio norteamericano y habrá que ver cómo se procesan sus casos.

Así, por ejemplo, menciona a los dreamers, jóvenes que fueron llevados por sus padres a ese país cuando eran menores de edad, quienes generaron un vínculo con la Unión Americana por vivir ahí, por compartir sus tradiciones, su cultura, y hoy enarbolan precisamente esos vínculos para solicitar que se les otorgue la ciudadanía.

Rodríguez Santibáñez destaca que en ese segmento se considera justificado el otorgamiento de la naturalización, pero no pasa lo mismo en cuanto a otro amplio sector de ilegales, por lo que los legisladores demócratas y republicanos se preguntan: ¿los derechos de un dreamer, que llegó desde niño y se ha formado en el sistema educativo de la Unión Americana, son los mismos de aquel que se dedica a labores de la agricultura u otros sectores de la economía?

“Algunas voces dicen que no; que son cosas diferentes. Y, en consecuencia, tendría que haber un criterio diferenciador para el otorgamiento de la naturalización. Pero ese criterio de exclusión no convencerá ni satisfará a quienes durante años han pugnado por los derechos de los indocumentados, por lo que su discusión formaría parte de la polémica que genera la reforma”, asegura.

Sin embargo, confía en que al final esa reforma transitará hacia su aprobación: “Porque, finalmente, no hay que olvidar que en este momento la coyuntura es de carácter político y ambos partidos capitalizarán la propuesta que surja”.

Riesgo de retraso

Martín Íñiguez Ramos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estima a su vez que cualquier proyecto de reforma migratoria que logre consenso en el Congreso de EU enfrentará obstáculos más allá de los aspectos legales de un proceso de este tipo.

Entre esos obstáculos menciona el hablar inglés, pues dice que es un grave problema para millones de mexicanos; o el pago de impuestos, ya que es difícil que demuestren el pago impositivo cuando ingresaron a ese país de manera ilegal, pues en muchas ocasiones cuentan con un documento de seguridad social falso.

El analista dice que hay limitaciones que en la práctica van a provocar que de los casi doce millones de indocumentados estimados —y suponiendo en el mejor de los escenarios que republicanos y demócratas se pusieran de acuerdo— la mayoría enfrente graves obstáculos para regularizar su situación.

“El tema de cómo se efectuará la regularización suscitará mucho debate. Y los legisladores de ambos partidos ocuparán mucho tiempo, que puede retrasar y poner en riesgo la aprobación de la reforma”, advierte Íñiguez.

Impacto económico

Otra circunstancia en favor de la reforma migratoria es el reconocimiento del presidente Barack Obama sobre su importancia económica, ya que el crecimiento financiero y la creación de empleos en EU son su prioridad número uno.

Íñiguez Ramos resalta que el componente económico puede ser el detonante final que requiere la reforma. Recuerda que en 1996, durante la administración del presidente Ronald Reagan, se aprobó la amnistía con la Ley Simpson-Rodino que permitió la naturalización de casi cinco millones de indocumentados, de los cuales 2.3 millones eran mexicanos.

La experiencia de ese momento, resalta, es que permitió que las personas que estaban en la oscuridad y que fueron documentadas impactaran en la economía de forma positiva, sea porque ya no pensaban regresar o porque compraron casas y coches mejores, lo que se reflejó en la reactivación de la economía estadunidense a finales de los ochenta.

Y como lo han sugerido otros expertos, el catedrático universitario ve la conveniencia de que México debe prepararse para una posible aprobación de la reforma migratoria, porque millones de connacionales van a necesitar documentos como actas de nacimiento o credenciales de elector, por lo que sería conveniente que las autoridades estén prevenidas para recibir ese tipo de solicitudes en los consulados y en el propio territorio nacional.

Con ello se evitarían las filas enormes y los atorones administrativos que se dieron en los ochenta, cuando los mexicanos que calificaban para amnistía requirieron sus documentos personales. Ahora es posible que al menos cinco millones puedan calificar para ese proceso, lo que sería el doble de los que tramitaron su naturalización hace 26 años.