Ahora fue el pasado miércoles 7, en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, donde se perpetró un asalto a la Cámara de Diputados y un ataque al mausoleo del ayatola Rohulla Jomeini, con un trágico saldo de doce muertos, sin contar a los atacantes, y 39 heridos: se abre un escenario más donde el grupo extremista autodenominado Estado Islámico (EI) reivindica acciones terroristas.
Este hecho se suma a la ya larga serie de actos violentos contra población indefensa en distintos países: Egipto, Reino Unido, Francia, Irak, Afganistán y Filipinas, entre otros.
Las presiones que ejercen las consecuencias de estos criminales actos han llevado, por ejemplo, a que el nuevo presidente galo Emmanuel Macron haya propuesto al Congreso de su país prolongar por seis meses más el estado de emergencia que se encuentra decretado desde noviembre de 2015, con lo que Francia alcanzaría dos años en esa crítica condición.
También, y en plena recta final de las elecciones generales adelantadas (que se celebraron el 8 de junio), en Gran Bretaña la primera ministra Theresa May anunció que en caso de que ganara impulsaría mayores facultades de investigación y de prevención para las policías en sus labores contra el terrorismo.
Resurge así un viejo pero a la vez difícil dilema: ¿cuántos protocolos de seguridad soportan las libertades individuales y cuánta libertad pueden prever las medidas de seguridad pública en una democracia?
Medidas
Conforme se agudizan las tensiones mundiales en la amplia zona geográfica que va del norte de África hasta los confines de la frontera entre Pakistán y Afganistán, las expresiones nihilistas de los terroristas y su resistencia a las acciones coordinadas de varias decenas de países contra organizaciones que los auspician, estas parecen avanzar sin embargo en sus objetivos para dinamitar la convivencia plural e impedir cualquier evidencia de estabilidad en los países más afectados por sus actos.
La aplicación de medidas “duras e intransigentes” ha demostrado, como en el caso de programas de seguridad pública para hacerle frente a las actividades del crimen organizado, que dicha opción tiene un rango de impacto positivo solo a corto plazo y, por lo tanto, un limitado éxito en cuanto a la aplicación de medidas correctivas efectivas, que garanticen una vuelta a la paz social y la reconciliación.
Así, la confrontación y el uso de la fuerza como prioritaria y fundamental opción en el corto plazo debe ser complementada con medidas también efectivas y medibles en cuanto a lo social; entiéndase integración y, en general, políticas sociales que fomenten la identidad y prácticas cívicas.
Chiara Volpato, en su obra Deshumanización. Cómo se legitima la violencia (Laterza, Bari, 2011), refiere en el primer capítulo la forma en que los eventos violentos, en este caso terroristas, pueden o no generar un adormecimiento de la sociedad. Y esto depende de forma directa no solo de las autoridades, sino de las demostraciones solidarias espontáneas e inmediatas de la propia sociedad afectada. Por eso es muy importante analizar con detalle las reacciones de los habitantes de ciudades como París, Manchester o Londres. Donadores de sangre por centenas, apoyo abierto e irrestricto a policías y soldados desplegados, cumplimiento de las indicaciones hechas por la autoridad, organización de colectas, ofrecimiento de dormitorios a desconocidos afectados por la violencia, entre otras muchas evidencias, impiden que la violencia sea vista como parte cotidiana y, por lo tanto, le cierran el paso a la deshumanización.
Hay que aprender.