Ha sido una semana de crítica relativamente fácil al discurso presidencial. En un evento de organizaciones civiles encaminado a presentar su punto de vista sobre la situación de la seguridad pública la dirigente de la organización Causa en Común señaló entre otras cosas que la masacre es de consideraciones bélicas. El señalamiento pone el acento sobre uno de los problemas, si no el mayor, más sentido por la ciudadanía.
El interlocutor de la crítica a la estrategia de seguridad pública era, físicamente, el gobierno federal con la presencia del presidente de la República. Sus palabras, a manera de respuesta, irritaron de manera generalizada a los articulistas que comentaron el evento. El presidente Enrique Peña Nieto en una interpretación semántica tal vez demasiado amplia se refirió al bullying de organizaciones y de opinión pública hacia las fuerzas de seguridad. Tal vez fue demasiado liberal en el uso de la palabra bullying pero puso el acento en un tema fundamental: el hostigamiento interconstruido en amplios grupos de opinión respecto de la autoridad facultada para el uso de la fuerza y la persecución del delito.
Tocó, sin mencionarlo expresamente, un problema central de la cultura cívica del México contemporáneo, que es el rechazo a priori de la autoridad.
En el ámbito político la ley no se aplica: se negocia, se instalan mesas de diálogo, se compran organizaciones para su repliegue temporal, se llega a arreglos extralegales.
En la economía sucede lo mismo, sobre todo en lo que toca al fenómeno de la corrupción cuando esta, en sí misma, es un intercambio ilícito entre la función pública y el interés privado, el que nunca se menciona porque la sociedad, contrapuesta al Estado, es impoluta.
En cuanto a seguridad pública los críticos de la estrategia gubernamental, en su concepción particular y parcial de lo que constituye un gobierno, piensan y se refieren al Ejecutivo federal.
Generalización
En la inconciencia de la autonombrada sociedad civil no se han dado cuenta o no quieren hacerlo de que desde hace años, no de ahora, la división de poderes existe y es efectiva y que las acciones del Poder Legislativo y del Judicial repercuten directa- mente en la realidad, alcances y limitaciones de las políticas públicas.
Olvida la gente de Causa en Común —organización predilecta en el sexenio de Felipe Calderón— que su aliado, el ingeniero Genaro, secretario de Seguridad Pública, fue convidado de piedra de la estrategia y creación de condiciones de violencia que el país arrastra hasta la fecha. Olvida
que el Poder Legislativo no ha hecho lo que tendría que haber facilitado, que es la certeza y eficacia de las Fuerzas Armadas en la persecución del delito, a un plazo indefinido, en un periodo de gestación de policías profesionales que lleva años. E ignoran que la aplicación en los hechos de una ley penal política y administrativamente puede ser distinta a la letra de su aprobación.
El hostigamiento es real y es válido siempre y cuando se tenga la vergüenza y la franqueza de hacer manifiestos los intereses políticos detrás de una crítica vaga y de una generalización imprecisa e incompleta.