La Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Archivos, que establece los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los documentos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes de la Unión.
Además, de los archivos en posesión de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación.
Precisa que los sujetos obligados se regirán por los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad, y que deberán administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, adquieran o posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, los estándares y principios en materia archivística.
Establece un sistema institucional para la administración de sus archivos y para llevar a cabo procesos de gestión documental, integrar documentos en expedientes, e inscribir en el Registro Nacional la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo, entre otros
Prevé que la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona, siempre en consideración de la norma en términos de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.