El 2017 México se enfrentó a la emergencia nacional, no sólo por los fenómenos naturales, sino por la mayor vulnerabilidad que enfrentan niñas niños y adolescentes y ante la cual no se dieron avances significativos para erradicarla, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México, (REDIM), al dar a conocer su balance de 2017.
La epidemia de niñez desaparecida y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, (LGDNNA), se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno señaló el organismo.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de REDIM afirmó que se ve
con preocupación que el Estado Mexicano mantiene un patrón de silencio, vacíos institucionales y retrocesos legislativos frente a los derechos de niñas niños y adolescentes. Esto profundiza la desprotección para convertirse en las principales víctimas de la impunidad, la corrupción y el crimen organizado.
Ante ello, REDIM hace un llamado a cumplir con las leyes existentes para reducir la impunidad, castigar de forma real la corrupción como medio para fortalecer el Estado de Derecho y estimular la participación ciudadana.
Cada día en México son asesinados 3 niñas, niños y adolescentes y diariamente desaparecen 4 de ellos en el territorio nacional, sin que ante esta grave situación se cuente con una respuesta contundente del Estado Mexicano.
Según datos oficiales, en lo que respecta al total de delitos sexuales, 4 de cada 10 víctimas tenían entre 0 y 19 años; por cada 10 víctimas en este rango de edad, 8 eran mujeres y 2 hombres.
Los sismos del 7 y 19 de septiembre que derivaron en la pérdida de vidas, destrucción de escuelas y viviendas está afectando de forma importante el retorno a la vida cotidiana de la niñez, quiénes quedan en mayor desprotección; son especialmente las niñas y mujeres jóvenes.
El importante avance de la LGDNNA, está opacado por el escaso nivel de atención de la clase política. No es un tema de agenda, ni rentabilidad política.
Seguimos sin presupuesto apropiado para el cumplimiento de la Ley General, el anexo 18 del presupuesto de egresos sólo es una recolección de gastos sin articulación, aún seguimos con subejercicio y sin rendición de cuentas. Por ello, la Procuraduría de protección integral en el Sistema DIF continúa sin recursos para su instalación en los Municipios, y aún no asumen su responsabilidad de defensa jurídica en todo el territorio nacional.