Ciudad de México, 26 de febrero. De manera rotunda en estos últimos días los distintos sectores de la sociedad unieron voces para expresar su condena contra la virtual censura que a juicio de los expertos el Instituto Nacional Electoral (INE) intenta imponer al prohibir que se realicen debates o propuestas de gobierno de manera pública durante el actual periodo de intercampañas.
El malestar social se agudiza, otra vez, como resultado del fallido modelo de comunicación política que se adoptó con las reformas electorales de 2007 y 2014, las cuales ofrecieron una mayor transparencia democrática pero en realidad trajeron consigo únicamente nuevas maneras para disimular el errático uso de propaganda electoral, sin verdaderos debates de ideas ni propuestas sino apenas sujetas a los millones de spots (radiofónicos y televisivos) que saturan al electorado y que son gratuitos para los partidos, que por tanto abusan de ello.
Aquellas reformas, insisten los especialistas en tareas electorales desde hace casi una década, se traducen también en verdaderos catálogos de confusión sobre qué es válido y qué no durante las diversas etapas proselitistas: precampañas, intercampañas y campañas.
Y por si fuera poco, añaden, algunas medidas conllevan restricciones a libertades individuales de los ciudadanos como la libertad de expresión, el derecho a opinar en cuestiones políticas, la libre difusión de ideas o el derecho a estar bien informados, por ejemplo.
Orígenes
Los analistas puntualizan que esta situación la generaron de manera unilateral los partidos políticos y ellos mismos la legislaron por medio de sus congresistas, lo que significó crear un cúmulo de reglas con las que el INE aplica “un dispendio de ordenamientos excesivamente regulatorios, confusos (que ni los propios candidatos entienden), procesos electorales descomunalmente costosos y que limitan la libre opinión de la sociedad en cuestiones democráticas de vital importancia para su país, situaciones absurdas que no suceden en ningún lugar del mundo”.
Hoy, agregan los consultados, por todas estas causas el actual periodo de intercampañas tiene tintes de mordaza y deja en la indefinición el conocimiento de los diversos abanderados a cargos de elección popular sobre lo que está permitido decir o lo que está vedado comentar en eventos, declaraciones a medios de comunicación masiva o debates, que indiscutiblemente son de suma importancia para que los votantes amplíen su criterio hacia la hora de emitir su sufragio el próximo 1 de julio.
Por lo pronto, la autoridad electoral afirma que en el periodo de intercampañas los candidatos deben abstenerse de aparecer en spots, no pueden hacer actos de proselitismo, reuniones públicas donde se presenten como oferta política de cara a la elección ni pueden hacer una referencia expresa a la contienda en marcha, porque incurrirían en actos anticipados de campaña.
Los especialistas argumentan que todo ello genera embrollo político, dispendio de recursos de los contribuyentes y pantomimas legislativas.
Es por todo ello, expresan, que el modelo de comunicación política electoral no aporta nada a la discusión ni coopera al conocimiento de las propuestas de los candidatos y más bien se traduce en arbitrariedades legales por parte de la autoridad electoral.
Expertos
Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, comenta que contrario a la prohibición de debates en el periodo de intercampañas para los electores más bien resulta “deseable que haya debates, contraste de ideas, información… De inicio estoy en favor de que se permita todo lo posible para que la gente se entere, contraste y reflexione”.
En segundo lugar, explica, “este acuerdo del INE se da como respuesta a una consulta que hizo Morena”, es decir, un solo partido político pidió formalmente aclaraciones.
Y como “tercer punto, la ley es bastante ambigua en el concepto ‘intercampañas’: no se tiene claridad de qué es esto. Este es un ‘limbo’ que no se puede explicar con precisión”.
Ugalde determina que “el INE y los consejeros temen que haya debates y que acabe siendo una campaña… ¡pero por supuesto que es una campaña! En las próximas semanas ocurrirá lo mismo. De tal forma, me parece que el INE por conservadurismo decidió que los candidatos no se sienten juntos. Es una decisión debatible y controvertible. Ya veremos qué opina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El origen de esto es desde hace once años: ¡es una ley electoral defectuosa! No solamente en el tema de candidatos sino que habrá muchas más quejas por una mala ley”, expone.
Sobre la posibilidad de que se impugne este acuerdo afirma: “Sí, de hecho dijeron que lo iban a hacer. Supongo que los candidatos afectados pueden hacerlo; incluso un ciudadano puede decir que esta decisión le afecta porque limita su capacidad de estar informado. Realmente la sociedad podrá hacerlo”.
Para el columnista Julián Andrade “uno de los riesgos de hacer preguntas es que a veces se obtienen respuestas. Es lo que está ocurriendo con las resoluciones del INE sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer durante el limbo de las intercampañas. Los partidos querían precisiones sobre los encuentros en programas televisivos y de radio, y ya las tienen: están prohibidos si se trata de debates o confrontación de ideas”, detalla.
Andrade explica que esto “es absurdo, pero proviene de una lógica que se fue alimentando con la desconfianza. Como todo es sospechoso, todo hay que regularlo, aunque esos corchetes terminen por debilitar una de las premisas más importantes de la democracia: la discusión pública. Seguimos atados, de algún modo, al fantasma de 2006, al que se le achacan leyendas sobre inequidad y trampas en la elección. La narrativa permeó en propios y extraños”.
Y puntualiza Andrade: “Por eso se tuvo que establecer un nuevo modelo de comunicación. El propósito era evitar que el dinero invertido en los medios influyera en el resultado, aunque en aquella contienda ganó el que menos recursos utilizó y quedó en tercero el que pautó con mayor empeño. Pero a partir de los pleitos y ajustes de cuentas posteriores a aquel proceso electoral ningún partido puede comprar espacios para transmisión de propaganda en medios electrónicos y los tiempos oficiales son administrados por el INE”.
Con todo ello “se logró un esquema bastante aburrido en el que los políticos se dan el lujo de enviar verdaderos bodrios a las estaciones de radio y a las televisoras, mal hechos y que no le interesan a nadie. Creen que no cuestan pero en realidad significan millones y millones de pesos y una presión inaudita para los concesionarios, que tienen que pautarlos por ley”, argumenta Andrade.
Plantea que “lo que sí ya es increíble es cancelar, durante las semanas previas al arranque de las campañas, la oportunidad de observar y escuchar programas de análisis en los que participen quienes aspiran a gobernarnos. Estamos pagando por persistir en la simulación. Ante la ausencia de proyectos lo último que necesitamos es el silencio o la ambigüedad”.
Sobre el tema en particular el analista Alejandro Sánchez Cano apunta por su parte: “Una vez más el INE tiene una intervención que afecta a la propia democracia y acomoda los ordenamientos legales a su modo, por lo que no será extraño que el Tribunal Electoral, una vez más, le enmiende la plana. Resulta lamentable que la autoridad competente para organizar y llevar a cabo el proceso muestre signos de arbitrariedad, ya que por un lado hace interpretaciones de la ley que no le corresponden y, por otro, impone nuevas con base en criterios obtusos”.
Critica que “ahora al INE se le ocurrió prohibir la realización de encuentros entre dos o más candidatos presidenciales en mesas de análisis y demás espacios informativos donde se pudieran generar debates durante el periodo de intercampañas (que dura hasta el 29 de marzo). La medida nuevamente despertó suspicacias sobre la actuación de este organismo porque eso de querer coartar el derecho de libre expresión y manifestación de ideas en pleno año electoral es un exceso”.
Sánchez Cano asume que “la confrontación de ideas entre aspirantes a algún puesto de representación popular, en lugar de impedirlas, se debe incentivar, ya que le dan elementos de decisión a la ciudadanía, además de que permiten contrastar propuestas, medir capacidades y sopesar personalidades diferentes. Debe haber una posición enérgica del Congreso de la Unión para hacer un extrañamiento al INE, para que evite participar descaradamente con resoluciones propias de gobiernos dictatoriales”.
La columnista Ivabelle Arroyo señala rotundamente: “Permítame descalificar a los consejeros del INE. No hay nadie que esté destruyendo tanto el talante democrático y liberal como ellos. Esta semana se hicieron bolas otra vez con lo que está prohibido, con lo que está permitido; y como no entendieron nada, prohibieron a los candidatos tener debates antes de que empiecen las campañas”.
Y se pregunta: “¿En este país solo se vale argumentar y contraargumentar cuando la autoridad electoral lo determina? Dicen ellos, en plan de listillos, que no, que no se trata de eso, que los candidatos pueden tener debates, pero nunca, no lo quiera un dios, entre ellos. ¿Por qué? Porque algún obtuso consideró que el debate está definido en la ley como el intercambio entre candidatos durante las campañas. Y, por lo tanto, como ahí dice que es durante las campañas, no se puede hacer fuera de estas. ¡Genios!”.
Por lo anterior, reclama Arroyo, “una democracia requiere, sí o sí, del intercambio de visiones y ensayos permanentes de debate civil. Esto es un pésimo precedente y un ataque contra la construcción real de una democracia de calidad. Ya estábamos en el hoyo y vino el INE a prohibir la política de frente”.
IP
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dio a conocer que impugnará el Acuerdo INE/CG112/2018por el que se prohíben debates entre candidatos.
El organismo cúpula del sector dio a conocer sus motivos: el Consejo General contradice el aval dado previamente por los directivos del INE a la libre información de opiniones, además de que la medida es censora, atenta contra la libertad de expresión y el organismo electoral no tiene facultades para restringir tales eventos.
La CIRT explicó en un comunicado que impugnará este acuerdo bajo cinco argumentos: “Uno, consideramos que el INE no tiene facultades para restringir debates ni la libertad de expresión de los comunicadores de radiodifusión en México; dos, los directivos del INE habían dado su aval para debates/mesas de diálogo en intercampañas; ahora el Consejo General toma una posición contraria”, expone.
El tercer punto alude a que “el efecto censor de esta medida inhibe el debate público en todos los niveles de elecciones: presidencial, senadores, diputados, gobernadores y alcaldes”. Como cuarta tesis supone que al “anunciar un cambio de reglas, ya iniciado el periodo de intercampaña, deja en riesgo jurídico a comunicadores que han realizado mesas de debate en distintos lugares del país”.
Y finalmente “para la CIRT los debates deben ser libres y sin límites a la libertad de expresión. Nadie debe tener el monopolio de los debates”.
En el mismo tenor Federico Baeza Mares, presidente de la Coparmex en Chihuahua, considera que la prohibición de los debates presidenciales durante la intercampaña por parte del INE es inviable y pide que se reconsidere la decisión.
“Los ciudadanos deben oír de viva voz el debate de quienes nos quieren representar a nivel federal y más aún a los presidenciables. Nosotros no vemos muy positiva esta decisión; al contrario, se deberían generar más debates para enriquecer los proyectos e informar más a la ciudadanía, para que se tenga un voto más pensado y más estudiado”, dice Baeza.
Legisladores
Al mismo tiempo diversos senadores de la República exponen que la mediada por parte del INE es “una prohibición sin sentido”.
Ernesto Cordero, presidente del Senado, planteó que en próximas reformas electorales se suprima esta figura de intercampañas ya que “no tiene ningún sentido tener precampaña, intercampaña y campaña. Ya de entrada, y ahí asumimos la responsabilidad los legisladores, toda esta historia de la intercampaña es increíble. Ya nadie entiende qué es lo que sucede en la intercampaña”.
Al respecto Luis Sánchez, líder de los senadores del PRD, asevera en tanto que esto beneficia a ciertos candidatos. “Entiendo que es una forma de aprovechar que se aplique este espacio de tiempo, que es una veda prácticamente. Es una cosa muy rara. Tenemos que legislar sobre ello porque se presta para muchas cosas”.
El senador Enrique Burgos García, del PRI, subraya por separado que ese instituto político no está de acuerdo con los lineamientos del INE sobre el periodo de intercampañas y las restricciones a los candidatos presidenciales en esta etapa, pero a manera de mesura “nuestro compromiso es acatar lo que dice el órgano electoral. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se invaliden o se sancionen posiciones de candidatos”, apunta.
Además, en su conjunto el pleno de la cámara alta pidió al INE revocar el acuerdo que prohíbe los debates entre los candidatos presidenciales durante el actual periodo de intercampañas “a fin de que prevalezcan los derechos humanos a la libertad de expresión y difusión de ideas y a la información”.
El Senado de la República —indica el acuerdo aprobado por el pleno— “considera que ese silencio de los candidatos en el periodo de precampañas va más allá de lo establecido en la ley y prohíbe los debates, cuando la legislación electoral no lo hace”.
De esta manera, la inconformidad social crece y las impugnaciones deberán ser tratadas y resueltas por el TEPJF, quien dirá la última palabra sobre si puede haber o no debates entre los aspirantes a los diversos cargos de elección popular en la etapa de intercampañas.