Buenos Aires, Argentina, 5 de marzo. La ex presidenta argentina Cristina Fernández será juzgada por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.
El juez federal Claudio Bonadío dispuso el lunes la elevación a juicio oral de la causa en la que la ex mandataria (2007-2015) y actual senadora opositora, así como otros once ex funcionarios y allegados a su gobierno están acusados de supuesto encubrimiento agravado y abuso de autoridad, indicó el Centro de Información Judicial.
La fecha del enjuiciamiento de los procesados por parte de un tribunal federal no ha sido determinada aún.
Fernández, de 65 años, el ex canciller Héctor Timerman y los otros procesados niegan haber formado parte de un plan para dotar de impunidad a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza.
El juez sospecha que la protección a los acusados del ataque que causó 85 muertos se ideó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán a principios de 2013.
Fernández había manifestado días atrás su deseo de ir a juicio oral de forma inmediata en un escrito en el que le manifestó a Bonadío que en esa instancia se demostrará la “arbitrariedad de su acusación”.
Según el juez, la etapa de instrucción de la causa ha concluido y existen “presupuestos” sobre la presunta responsabilidad de los acusados que ameritan la realización de un juicio. Cuatro de los acusados están detenidos y el magistrado solicitó en diciembre al Congreso el desafuero de Fernández para arrestarla, lo cual no ha avanzado en instancias legislativas.
La inmunidad parlamentaria sólo protege a Fernández del arresto. Por el delito de encubrimiento, el más grave del que se acusa a los imputados, está contemplada una pena máxima de seis años de prisión.
La denuncia de Nisman contra Fernández había sido desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.
Bonadío considera que el memorando entre el gobierno de Fernández e Irán “formó parte de un acuerdo... para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes... como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA”.
La ex mandataria ha defendido ese acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto. El convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero luego fue declarado inconstitucional por la justicia.
Teherán siempre negó su participación en el ataque.
Fernández se considera víctima de una persecución de Bonadío y otros jueces a los que acusa de actuar bajo la presión del presidente Mauricio Macri.
La ex mandataria también será juzgada -sin fecha aún determinada- por supuesta asociación ilícita en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a una constructora y por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a raíz irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.