Ciudad de México, 27 de abril. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de la mano de su presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada; y bajo el consenso de organizaciones civiles y de Derechos Humanos, avaló una ley de amnistía dirigida a jóvenes que han sido recluidos por su libre manifestación de ideas, lo que pone a la Ciudad de México a la vanguardia a nivel nacional en la tutela de esta posibilidad legal para que estos jóvenes que no han matado, secuestrado o traficado con drogas, puedan encontrar otra oportunidad de vida: ya que su delito sólo ha sido el de opinar públicamente sus ideas.
La norma legal, pone a la vanguardia a la CDMX, pero sobre todo, garantiza la postura de los gobiernos de izquierda que han asegurado la protección de los derechos individuales y de las minorías en la capital del país desde hace 21 años, cuando los gobiernos del PRD fueron sustentados por el voto democrático de los ciudadanos.
Esta Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra aquellos jóvenes que participaron en la manifestación de diciembre del 2012, tiene como objetivo central no criminalizar a jóvenes que han sido privados de su libertad durante alguna manifestación pública o al exponer sus ideas, todo lo contrario a la propuesta federal que propone el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador que va dirigida a delincuentes de alto impacto.
“A diferencia de la ley de amnistía que promueve Andrés Manuel López Obrador para pactar con los narcotraficantes, la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra aquellos jóvenes que participaron en la manifestación de diciembre del 2012, busca que la Ciudad de México siga siendo un ejemplo del derecho a la manifestación y a la libre expresión de las ideas”, dice Leonel Luna.
Describe que “la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló por unanimidad una ley que es absolutamente diferente a lo que propone Andrés Manuel López Obrador, pues no da amnistía a quienes hayan cometido delitos como narcotráfico, secuestro u homicidios. Al contrario: busca hacer justicia para aquellos que fueron detenidos en forma arbitraria durante la gestión del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón”, añade Luna.
Por tal contraste jurídico, el coordinador del grupo parlamentario del PRD acusó a los diputados de Morena de querer, una vez más, tergiversar la información para confundir a la ciudadanía. “El gobierno actual tenía que darle el trámite correspondiente y justamente por ello, las distintas organizaciones nos solicitaron que se aprobara esta ley que se procesó en el pleno de la ALDF”, destacó.
Cabe señalar que esta aprobación legislativa, dice Luna, “tuvo como sustento el seno de la propia ALDF con el apoyo conjunto con la sociedad civil para revisar cada uno de los casos, a diferencia del pacto o acuerdo que busca promover López Obrador con la delincuencia organizada. Y lo digo con toda claridad, fueron detenidos algunos arbitrariamente y sufrieron violación a sus derechos humanos por quien entonces era el Jefe de Gobierno saliente, Marcelo Ebrard Casaubón. Hoy solo tres están en la cárcel y el resto en libertad”, enfatizó.
Y subraya: “Lo que pretendemos es que esta capital siga siendo una ciudad de libertad, de derechos, donde no solamente los habitantes de la Ciudad de México puedan manifestar sus ideas”.
Es necesario apuntar, que esta ley jurídicamente apoyará a aquellas personas a quienes se les imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015 lo que “es un hito en la procuración de justicia”, destaca Luna.
De esta manera, la ALDF y su presidente Leonel Luna, ponen en la palestra nacional una ley que “no atiende los delitos del fuero común”, sino que es una norma para garantizar la libre manifestación de las ideas, la libre manifestación, y tutelar el derecho universal como es el de pregonar las opiniones libremente de los jóvenes un una ciudad donde las libertades individuales han sido una garantía ciudadana de los gobiernos de izquierda desde 1997.