Jueves 13 de diciembre de 2018
Gobierno Federal

Descentralización: realidad estructural

Secretaria de Energía
2018-07-30 12:19:21 por Norberto Vázquez
Foto: Secretaría de Energía.

Ciudad de México, 30 de julio. El candidato electo a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, planea que bajo su futura administración las dependencias federales se trasladen a otros estados a fin de generar una derrama económica pareja en todo el país, aseverando que con esta medida de descentralización administrativa se beneficiará una mayor población en todo el territorio nacional.

El objetivo, en sus propias palabras, es “que no solo haya islas de crecimiento y el resto de la República esté en el abandono”.

Esta propuesta, plasmada de manera formal en su plan de gobierno denominado Proyecto de Nación 2018-2024 la ha venido desarrollando desde que el voto lo favoreció el 1 de julio.

La idea es descentralizar al gobierno federal que se asienta en la Ciudad de México (CDMX) para integrarlo entre las principales urbes del interior de la República mediante una mudanza burocrática que traerá importantes movimientos financieros, logísticos para su planta laboral, en infraestructura para alojar nuevas dependencias y las ya existentes, así como en materia de modificaciones legales: todo ello calculado para que se haga de manera integral y los beneficios sean mayores que el desgaste gubernamental.

Mientras que López Obrador expone que esta medida no se realizará de manera arbitraria y se negociará con los trabajadores de las secretarías, otorgando apoyos especiales a quienes deseen trasladarse a otro estado, diversos expertos analizan con Vértigo el entramado que pueden conllevar estas medidas.

Los especialistas consideran que el plan pondría a diferentes ciudades en el mapa económico nacional y las urbes que alojen a las secretarías de Estado podrían convertirse en polos de desarrollo, de modo que resultarían más atractivas para diferentes tipos de inversionistas.

En términos logísticos dicen que mudar y descentralizar al gobierno federal ampliaría la economía de mercado en los lugares donde estén las secretarías, donde generarán comercio y urbanización.

A continuación la propuesta oficial por parte de la nueva administración que iniciará gestiones el 1 de diciembre, las cifras del erario involucradas, los movimientos de las dependencias que se piensan diseminar, lo que dice el marco normativo y las voces de expertos sobre una de las más importantes decisiones de gobierno de las últimas décadas en México.

Composición

El Poder Ejecutivo se sustenta en la Administración Pública Federal (APF) y esta se divide en centralizada y paraestatal. A pesar de que se adelgazó en los más recientes años la burocracia mexicana es una de las más numerosas del orbe: hoy está compuesta por 18 secretarías de Estado y 299 entidades del organigrama paraestatal u órganos desconcentrados que laboralmente suman cerca de tres millones de personas, de las que 80% trabaja en la CDMX.

Cabe señalar que la administración pública, según la Ley Orgánica, “es entendida como el gobierno en ejercicio, uno de los medios institucionales más importantes del Poder Ejecutivo federal que comprende el conjunto de órganos para instrumentar la política del Estado mexicano que define lo que se debe hacer, a fin de concretar la visión de sociedad y el proyecto de país consignados en la Constitución”.

La administración pública centralizada la conforman la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, mientras que integran la administración pública paraestatal los organismos descentralizados: empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.

Proyecto

Como parte de su campaña proselitista López Obrador dijo que la descentralización gubernamental ayudará a reactivar la economía de los estados y será por convencimiento. “Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida, tendrán crédito para vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas y otras garantías”, expuso.

Su Proyecto de Nación 2018-2024 establece que este plan tiene dos objetivos principales: “Que haya crecimiento parejo en todos los estados, ya que reactivaría la economía regional con la reubicación de empleos y generación de nuevas plazas; y que los diversos trámites administrativos sean más eficientes, ya que las dependencias estarían localizadas en puntos estratégicos del país, considerando la relación entre las necesidades locales y la función operativa de la institución”.

El argumento general es que “México tiene un exacerbado centralismo. Prácticamente todo el gobierno federal se concentra en la Ciudad de México. Esta situación causa que muchas instituciones y empresas privadas de múltiples sectores también se concentren en la capital para mantenerse cerca de las dependencias correspondientes a su sector, o por intereses y necesidades de gestión”.

Por esta razón “la Ciudad de México padece sobrepoblación y, por lo tanto, la calidad de vida de sus habitantes se reduce; asimismo, esta mudanza promovería el desarrollo de otros polos en el país y haría más sencillos algunos trámites administrativos y de gestión”.

Desglosando los presupuestos incluidos en el plan se prevé un costo de alrededor de 147 mil 805 millones de pesos en los seis años de gobierno.

Los recursos públicos que se plantea invertir se detallan en una primera etapa para “estudios y planes”. El esquema propone 250 millones de pesos en inversión en estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades, que permitan calificar su viabilidad y requerimientos de inversión para eficientar su infraestructura y equipamientos complementarios. Otros 56 millones de pesos en estudios sobre diversos aspectos sociales y antropológicos que permitan identificar la problemática a resolver o mitigar.

También 25 millones de pesos para elaborar una propuesta de plan de ruta y gestión de autorizaciones y procesos legales para lograr las anuencias locales y federales.

Igualmente, 65 millones de pesos en la creación de las entidades coordinadoras, promotoras y ejecutoras, así como 95 millones de pesos para elaborar una estrategia de promoción y difusión del programa.

Incluso 80 millones de pesos para estudios del mercado inmobiliario aprovechable para el programa y mil 400 millones en los primeros planes maestros y proyectos ejecutivos en su primera etapa, lo que suma un total de 22 mil 805 millones de pesos.

En una segunda fase se plantea la “construcción y mudanza” para la que a decir de los cálculos presupuestarios se estima una inversión promedio por dependencia de 90 mil metros cuadrados a 45 mil pesos por m2, lo cual incluye construcción, equipos, sistemas, mobiliario, mudanza, entre otros, lo que por 29 dependencias da un total de 125 mil millones de pesos.

En total, por ambas fases estamos hablando de una inversión cercana a los 147 mil 805 millones de pesos, según las cifras del Proyecto de Nación 2018-2024.

Según el planteamiento se estima que en el primer año 100% del gasto público sea ejercido por el gobierno, pero se propone analizar diversos estudios económicos y opciones de financiamiento para incluir a la iniciativa privada mediante el Fideicomiso para la Inversión de Bienes Raíces (Fibras), los cuales podrían participar mediante la Bolsa Mexicana de Valores, para con ello ampliar las fuentes de capitalización del programa de descentralización del gobierno.

Cabe señalar que las secretarías de Estado, las que se crearán y dependencias federales a trasladar al interior de la República inscritas en el planteamiento oficial son 29 (además del INEGI, que ya se encuentra en Aguascalientes, y Capufe, que se trasladó a Cuernavaca) y se quedarían en la Ciudad de México la Presidencia de la República y las secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional.

Escenarios

El economista Demian Sánchez Yeskett hace una evaluación de las dificultades financieras y de recursos humanos que traerá esta determinación: “Un primer problema es el costo y los inconvenientes de trasladar las oficinas del gobierno federal a distintos estados. Simplemente el costo de las nuevas oficinas y la mudanza sería considerable. ¿Cuánto costaría trasladar a la mayoría de esta gente, junto con sus familias, a sus nuevos puestos de trabajo? Propone además crear nuevas secretarías de Minería, de Pesca y de Ganadería para poder beneficiar a un mayor número de estados. Todo esto ¿a qué costo?”.

Dice que un segundo problema es el costo humano. “¿Qué pasa con las familias en donde el padre trabaja en su propia empresa y la madre en el gobierno? Todas las familias con algún servidor público tendrían que tomar difíciles decisiones que implicarían perder empleos o fuentes de ingreso, lazos familiares, amigos y estabilidad para sus hijos, entre muchas otras. El costo material y humano para las familias sería altísimo”.

En tercer lugar, agrega Sánchez Yeskett, “la medida afectaría desproporcionadamente a la economía de la Ciudad de México: nuestra capital, que no se recupera aún de los sismos, tendría repentinamente millones de metros cuadrados de oficinas y viviendas vacantes, deprimiendo su valor. Miles de negocios que atienden a las oficinas de gobierno o se benefician del consumo de los servidores públicos se verían severamente afectadas. Por más loable que sea la idea de generar actividad económica en el resto de la República no parece justo conseguirlo destruyendo fuentes de ingreso en la Ciudad de México”.

No obstante en la opinión de Manuel Ordorica Mellado, especialista en demografía de El Colegio de México (Colmex), la cantidad de población que será movilizada “no es importante en comparación con el tamaño de las poblaciones receptoras —de entre 100 mil y 1.5 millones de habitantes. La importancia de la descentralización radica en que puede ser un detonante del desarrollo social en ciudades intermedias donde la carencia afecta, en promedio, a la tercera parte de sus habitantes, y un generador de equilibrio poblacional y condiciones socioeconómicas regionales”.

Otra voz calificada secunda esta idea: “La descentralización sería uno de los mecanismos para tratar de reducir la brecha de desigualdad, pero debido a las condiciones económicas particulares de cada entidad y a la diferencia de magnitud presupuestaria de las dependencias de gobierno algunos estados continuarán teniendo mayor representación en la distribución de recursos federales”, advierte Miguel Meléndez Aguilar, especialista en cuentas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, expresa a su vez que la dimensión de la medida que se ha puesto sobre la mesa es equiparable a la decisión de las grandes empresas para determinar la localización de una planta automotriz, por ejemplo: “Nuestro análisis es claramente que (la medida) es inconveniente y en nada ayuda a hacer más eficiente al gobierno. Por el contrario, nos parece que generará costos adicionales para las empresas, mucho mayores al impacto que pueda tener en algunas ciudades el establecimiento de algunos puestos de trabajo por el traslado de oficinas centrales”.

Por el lado de los burócratas del Estado, Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), comenta que está “de acuerdo con la propuesta de descentralizar las dependencias federales, si se toma en cuenta a los trabajadores. Para la descentralización de las dependencias del gobierno federal tenemos que pensar primero en los trabajadores, que lleguen con mejores condiciones de las que tienen en la Ciudad de México y estén de acuerdo con el cambio”.

Ayala menciona “que los trabajadores posiblemente reubicados necesitarán de acceso a servicios médicos, vivienda y educación, por lo que este proyecto debe hacerse de manera gradual y planeada”.

En materia legal la analista Surya Palacios expone por su parte que “la propuesta de López Obrador no tiene que ser aprobada por el Congreso, a menos que las funciones de esas dependencias también se modifiquen. Lo único que requiere autorización del Poder Legislativo es el presupuesto para esa descentralización”.

Pero sí, agrega, “el proyecto podría enfrentar diversos problemas legales por parte de los trabajadores, quienes tendrían derecho a negarse a cambiar de residencia, aunque en el entorno del ganador de los comicios presidenciales se ha dicho que los cambios serían paulatinos y consensuados con los servidores públicos”.

Por lo anterior, entre los expertos se fortalece la idea de que una descentralización supondría que un número importante de empresas se instale cerca de la nueva ubicación de las dependencias de gobierno generando inversión, desarrollo carretero, bancario, puestos de trabajo, demanda de viviendas, áreas de recreación como parques y cines… lo que implicaría una redistribución económica importante a nivel nacional.

 

 

Gobierno federal a descentralizar

 

Dependencia o secretarías de Estado (existentes y de nueva creación)

 

Ciudad y estado

Petróleos Mexicanos

Ciudad del Carmen, Campeche

 

Secretaría de Energía

Villahermosa, Tabasco

 

Comisión Federal de Electricidad

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

 

Comisión Nacional del Agua

Alvarado, Veracruz

 

Secretaría de Desarrollo Social

Oaxaca, Oaxaca

 

Secretaría de Educación Pública

Puebla, Puebla

 

Secretaría de Cultura

Tlaxcala, Tlaxcala

 

Caminos y Puentes Federales*

Cuernavaca, Morelos

 

Infonavit

Toluca, Estado de México

 

Secretaría de Salud

Chilpancingo, Guerrero

 

IMSS

Morelia, Michoacán

 

Secretaría de Ganadería

Guadalajara, Jalisco

 

ISSSTE

Colima, Colima

 

INEGI**

Aguascalientes, Aguascalientes

 

Secretaría de la Función Pública

Querétaro, Querétaro

 

Secretaría del Trabajo

León, Guanajuato

 

Secretaría de Desarrollo Urbano

Pachuca, Hidalgo

 

Diconsa

Zacatecas, Zacatecas

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

San Luis Potosí, San Luis Potosí

 

Secretaría de Economía

Monterrey, Nuevo León

 

Nacional Financiera

Torreón, Coahuila

 

Comisión Forestal

Durango, Durango

 

Secretaría de Minería

Chihuahua, Chihuahua

 

Aduanas

Nuevo Laredo, Tamaulipas

 

Fondo Nacional de Turismo

Bahía de Banderas, Nayarit

 

Secretaría de Pesca

Mazatlán, Sinaloa

 

Secretaría de Agricultura

Ciudad Obregón, Sonora

 

Conacyt

La Paz, Baja California Sur

 

Servicio de Administración Tributaria

Mexicali, Baja California

 

Semarnat

Mérida, Yucatán

 

Secretaría de Turismo

Cancún, Quintana Roo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

31

*Capufe ya se encuentra en Cuernavaca.

**El INEGI ya se encuentra en Aguascalientes.

Fuente: Proyecto de Nación 2018-2014

 

¿Qué dice la ley?

Las oficinas centrales de las secretarías de Estado se encuentran en la capital mexicana debido a que la Ciudad de México es la sede de los tres poderes que integran el gobierno, de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución. Ese mismo numeral prevé la posibilidad de que los poderes federales se trasladen a otro lugar. Para ello se requiere de un acuerdo emitido por el presidente de la República de conformidad con la fracción II del artículo 89 constitucional y los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tras ser emitido por el mandatario federal el documento debe aparecer en el Diario Oficial de la Federación a fin de que surta todos sus efectos. El acuerdo debe especificar la forma en que se llevaría a cabo el traslado de las secretarías y las opciones que tendrán los trabajadores en caso de que estos no quieran mudarse de la Ciudad de México.

Fuente: Constitución Política y Ley Orgánica de la APF

 

Costos de la descentralización

Esquema

Inversión (en millones de pesos)

Estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades

250

Estudios sobre los diversos aspectos sociales y antropológicos

56

Ruta y gestión de autorizaciones y procesos legales

25

Creación de entidades coordinadoras, promotoras y ejecutoras

65

Estrategia de promoción y difusión del programa

95

Estudios del mercado inmobiliario 

80

Planes maestros y proyectos ejecutivos en su primera etapa

1,400

Construcción y mudanza (se estima una inversión promedio por dependencia, de 90 mil metros cuadrados a $45 mil pesos/M2 lo cual incluye construcción, equipos, sistemas, mobiliario, mudanza, entro otros)

125,000

Fuente Proyecto de Nación 2018-2024.

 

 

 

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Norberto Vázquez
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