El magistrado Édgar Elías Azar es categórico: una democracia no puede existir sin la presencia de jueces independientes y autónomos del poder político, y puntualiza el riesgo que causan a los poderes judiciales del mundo los regímenes populistas e ideologías de extrema derecha a nivel internacional.
El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México asegura que al disminuir la legitimidad de la judicatura aumenta el poder fáctico del representante político, con lo que se generan daños a la libertad, los derechos humanos y la igualdad de las personas.
Resalta que los jueces son el cimiento de las sociedades democráticas y desde su perspectiva los poderes judiciales tendrán el reto de preservar principios que se consideran universales en sociedades que los rechazan cada vez más, así como defender su independencia para juzgar sin presiones externas.
—¿Cuál es la afectación a la labor de los jueces con los cuestionamientos a las democracias liberales por regímenes populistas o antiliberales?
—El daño que se genera a los poderes judiciales a causa de los populismos e ideologías de extrema derecha es gravísimo en el mundo, aunque todavía no es irremediable. Son varios los poderes políticos que utilizan como estrategia la deslegitimación del Poder Judicial para contrarrestar principios del Estado de Derecho, el cual procura el balance entre los poderes del Estado.
Elías Azar resalta que estos regímenes pintan un panorama desalentador donde a los togados se les presenta como privilegiados, ajenos a los intereses de los ciudadanos, con mentalidades rígidas (conservadoras), lo que considera una perspectiva retrógrada y peligrosa. “Al disminuir la legitimidad de la judicatura lo único que se logra es aumentar el poder fáctico del representante político, permitiendo que se trastoquen los requerimientos impuestos por los derechos humanos y la Constitución, y generando con ello verdaderos daños para la libertad y la igualdad de las personas”.
—¿Cuál es el riesgo de que los responsables de hacer valer las leyes y el Estado de Derecho pierdan autonomía para juzgar de acuerdo a la racionalidad jurídica?
—El riesgo es inmenso. La autonomía de los jueces implica que resuelvan sin ninguna presión externa: ni proveniente del poder político ni de ningún otro poder fáctico. Una sociedad que no cuente con esta garantía terminará irremediablemente en las fauces de la tiranía. Ya sea que este poder recaiga en una sola persona, en un grupo de personas o en una mayoría: sin jueces cualquiera de ellos tiende a volverse tiránico.
—¿Por qué los poderes judiciales son indispensables en una democracia?
—La fortaleza de los jueces reside en su valentía y en su honestidad. Ser la persona que decide para dónde se debe inclinar la balanza en un caso de conflicto requiere, antes que nada, valentía, templanza y prudencia. La honestidad no solo se relaciona con lo que actualmente se ha querido entender como ausencia de corrupción sino que también incluye honestidad intelectual y ética. Un juez es honesto cuando cree fielmente que lo que decidió es lo correcto.
Explica que los fundamentos que los hacen necesarios en un Estado de Derecho son la ley, la Constitución, los principios jurídicos y el respaldo legítimo de una sociedad democrática. “Siempre que exista interés por que una sociedad dirima sus controversias sin caer en la venganza privada requerirán de leyes preestablecidas y de jueces independientes que las apliquen. Este es el primer requisito para lograr la paz y la estabilidad social. Los jueces son el cimiento de las sociedades democráticas”.
—¿Cuáles son los retos para la justicia en un entorno mundial con formas políticas adversas al liberalismo, la división de poderes o restricciones a la libertad?
—El discurso desde las nuevas corrientes políticas corre por vías adversas al liberalismo: cerrar fronteras, levantar muros, clausurar derechos laborales a extranjeros y reforzar la perspectiva de la otredad. Y con esos recursos discursivos encuentran enemigos a los que se les pueden achacar todos los males sociales y ahorrar otra clase de esfuerzos políticos y sociales. Esta clase de medidas no solo afectan el sano desarrollo de las instituciones republicanas sino que terminan por minar a una de las más representativas de esta clase de sistemas políticos: el Poder Judicial.
Límites
Resalta que los políticos identificados con el populismo advierten en los jueces la primera amenaza política ya que son estos los que restablecen derechos en una democracia, clausuran medidas que afecten a las personas y establecen límites al actuar político y jurídico.
Y describe formas de someter a los poderes judiciales desde la política: disolución de tribunales, amenazas veladas hacia los jueces y otras escondidas en reformas jurídicas y acuerdos políticos que se presentan como de avanzada.
“Los retos de los poderes judiciales en el mundo consisten en tratar de seguir defendiendo principios que se consideran universales en sociedades que cada vez más los rechazan. Su principal reto será, sin lugar a dudas, el más primario de todos y el que históricamente ha sido su única bandera: defender su independencia”, puntualiza.
—¿Cuál es el costo para una sociedad el debilitar su Poder Judicial a favor de un régimen político o una circunstancia social?
—En el ámbito estrictamente de su independencia el Estado liberal dotó al Poder Judicial de mayor fuerza, autonomía y legitimidad por medio de una estructura con base en jueces conocedores, inamovibles, con responsabilidades jurídicas específicas y criterios procesales a los cuales estos deberían ceñirse, para que los ciudadanos tengan la capacidad de confiar sus derechos y libertades en un poder con características apolíticas.
Elías Azar asevera que el liberalismo ha demostrado ser la única oportunidad real de proteger al individuo y sus derechos y uno de sus aspectos más relevantes es la forma de garantizar la independencia de los jueces. “Los guardianes de los valores liberales son los jueces. No puede existir una democracia sin la presencia de jueces independientes y autónomos del poder político”.
—¿Para usted qué es la libertad?
—No creo que la libertad pueda o deba definirse en términos subjetivos, relativos a lo que ese concepto es para mí. Es un concepto que reclama universalidad y, por ello, su definición debe ser hecha en términos objetivos. Creo en el liberalismo y en una sociedad en la que reina la pluralidad y la inconmensurabilidad de los valores. Creo que la libertad consiste en que los individuos puedan adoptar una gran diversidad de valores, creencias, modos de vida, estilos e ideales que son igualmente valiosos, aunque a veces incompatibles entre sí. No puedo concebir la vida de una persona en libertad sin que esta incluya la capacidad de elegir, de optar por la opción que mejor se acomode a sus intereses y deseos. Creo en la libertad de elección. En la elección racional y razonable. En la elección libre de ataduras, libre de restricciones, libre de coerciones. Creo en el libre desarrollo de la personalidad, en la libertad para generar deseos e intereses personales. No creo que haya otra postura política distinta al liberalismo que logre asegurar este pluralismo de valores ni la igualdad entre los individuos. Creo en el liberalismo porque propone una regulación construida mediante un consenso de reglas y principios que, a pesar de nuestras diferencias y divergencias, nos convengan y nos convenzan a todos. Estoy convencido de que esa clase de consenso solo es válido hasta que hayamos logrado plasmarlo en una Constitución efectiva, legítima y estable. La libertad depende de ello, como depende también de la existencia de jueces independientes que la hagan valer y respetar.
Édgar Elías Azar ejerció como presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino de 2008 a 2017. Se desempeñó como director jurídico de Guerrero y en la Secretaría de Salud. Ha sido catedrático de las universidades Americana de Acapulco, Anáhuac del Sur, Iberoamericana, ITAM, Escuela Libre de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Recién concluyó su encargo como embajador de México en los Países Bajos. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurisdiccional como juez y magistrado de paz, entre otros, además de participar en trabajos legislativos de los que derivaron reformas a leyes relacionadas con la administración de justicia.