Ciudad de México, 19 de marzo. Eduardo Bertoni ha sido uno de los más fervientes defensores de la libertad de expresión en el continente durante la más reciente década ya que fungió como relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ahora retoma esa batalla desde la trinchera institucional y defiende el libre acceso a la información gubernamental como director general de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina.
Con esta experiencia encima Bertoni habla con Vértigo de los significados de la libertad a escala mundial a lo largo de los años.
—¿Qué es para usted la libertad?
—El derecho a la libertad lo tenemos todos: lo tienen los periodistas, los ciudadanos de a pie. La libertad no tiene que estar ligada únicamente a los medios de comunicación: es un derecho reconocido por todas las declaraciones de derechos humanos como fundamental. Hay tratadistas que dicen que es un derecho individual, inherente al ser humano. Con la libre discusión de ideas se fortalece la democracia.
—¿Existe la libertad de expresión real?
—Sí, existe la libertad de expresión, pero es importante defenderla, no solo mencionarla desde el punto de vista dogmático ya que se encuentra en distintos pactos internacionales, como en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También lo contienen algunas declaraciones nacionales, el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —una declaración muy antigua de 1948 que firmaron casi todos los Estados del mundo—, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Para el especialista “la pregunta hoy debería ser: ¿qué perdemos si se pierde la libertad de expresión? Creo que cuando se pone en duda el ejercicio de la libertad de expresión no se pierde solo el derecho, como si esto fuera poco, sino también parte de nuestra dignidad como personas. Lo que nos distingue de los animales es nuestra capacidad de pensamiento. Y de poco serviría la capacidad de pensar si no podemos expresar nuestros propios pensamientos. Afectar la libertad de expresión es afectar la dignidad de las personas”.
—¿Afectar la libertad de expresión es entonces afectar a las democracias?
—Es prácticamente impensable sostener un sistema democrático donde no hay un ejercicio robusto, fuerte, desinhibido, de la libertad de expresión. No es momento para profundizar en este concepto, pero es bastante claro que gobiernos autoritarios, dictaduras que hemos vivido y a las cuales hemos sobrevivido en América Latina, como en mi país Argentina, más allá de violaciones aberrantes, de torturas y desapariciones uno de los primeros derechos que se conculca, que se lesiona, es la libertad de expresión a los periodistas que son críticos de una determinada situación. Por lo tanto, perder la libertad de expresión es perder la democracia.
Leyes
—Mucho debate se ha dado en torno de dos versiones de libertad: libertad de expresión legítima y libertad de protesta social…
—Cuando hay sectores que no pueden ejercer su libertad de expresión de otra manera se acepta la protesta pacífica como una herramienta, como una modalidad de ejercer la libre expresión. Pero este tema de libertad de expresión y libertad de protesta social es un problema en varios de nuestros países. Es algo preocupante porque, en verdad, si uno piensa cuál es la ventaja de gozar el derecho a la libre expresión encontramos que está en que todos podamos ser escuchados, que podamos debatir nuestras ideas. Aquí no hay ideología o color político que valga. En países liberales o menos liberales, más conservadores o más de izquierda, en todos los casos se hace uso en momentos del derecho penal contra la libertad de expresión. Se usa para achacar desde delitos vinculados con terrorismo hasta delitos vinculados con ataque a la propiedad: se ata con el código penal a la libertad, se trata de acallar la protesta.
Esto significa, puntualiza, “que se está utilizando el medio más fuerte, gravoso, para atacar una determinada forma de expresión que se da de una forma particular, que es la protesta en la vía pública”.
—¿Cómo avanza el derecho a la información en Latinoamérica?
—En los últimos diez años en los países de América Latina se ha visto un impulso muy fuerte por una mayor transparencia y como herramienta para difundir esa transparencia se han comenzado a establecer distintas leyes que permiten el acceso. Lo que vemos es un aumento fuerte de países que legislan para dar herramientas a los ciudadanos para acceder a esa información. La idea de que existan herramientas que permitan a la ciudadanía acceder a información en poder del Estado es fundamental, porque tampoco podemos hablar de libertad de expresión si uno tiene que expresarse sobre información que no conoce. No se puede pensar en una dimensión de la libertad de expresión que no contenga cómo acceder a información pública.
Reconoce que no hay ley que no tenga excepciones, pero el problema es cuando las excepciones terminan siendo la regla. “Cuando esas excepciones terminan siendo manipuladas y utilizadas arbitrariamente por quien debe dar la información, en estos casos en realidad estamos frente a una pantomima, frente a una situación de pantalla irreal, donde se pretende establecer la existencia de un derecho siendo que ese derecho no existe”.
—Finalmente ¿cómo cataloga la función de los organismos internacionales defensores de la libertad de expresión?
—En nuestros países, en las épocas más duras de las dictaduras, pensar en la defensa del derecho en los tribunales era una quimera. Entonces también había una cierta sensación de no poder hacer nada. Sin embargo, la estrategia de los defensores de los derechos humanos fue tratar de buscar apoyo internacional. La vieja estrategia, nombrar al que viola el derecho para avergonzarlo en el plano internacional, podemos seguir utilizándola todos.
Perfil
Eduardo Bertoni nació en Buenos Aires, Argentina, en 1965. Esdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Políticas Internacionales en la Universidad George Washington. Ha fungido como director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), así como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Ha dictado cursos de grado y posgrado. Fue asesor legal en varias ONG en Argentina y el extranjero. Se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington. Entre 2002 y 2005 fue relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Actualmente es director de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina.