La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que, a casi 7 años de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (Ley General), no existen evidencias de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hayan implementado una política pública dirigida a la atención preventiva en zonas y grupos de alta vulnerabilidad.
De acuerdo con un análisis realizado por este Organismo Nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en torno de la Ley General, no existe una evaluación o diagnóstico que permita identificar a las regiones y localidades con rezagos en la atención a los delitos en materia de trata de personas, ni se han desarrollado los programas complementarios mandatados por la Ley General en materia preventiva para cumplir con las disposiciones señaladas en los capítulos relativos a la Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta Vulnerabilidad y Atención a Rezagos del citado ordenamiento.