De un tiempo a esta fecha las redes sociales han desatado una auténtica cacería de brujas, contra mujeres y hombres, de todas las edades, provocando una serie de consecuencias de índole moral que en algunos casos, lamentablemente, han tenido finales funestos para las personas señaladas.
Las piedras del escarnio y de la ira en internet desatan un linchamiento social en el que interviene la persona que acusa y miles, si no es que millones más de personas anónimas que aprovechan la ocasión para el insulto fácil e hiriente contra el presunto culpable.
En segundos un tuit puede alcanzar más de diez mil reproducciones y en Facebook la velocidad en que viaja la información también se multiplica exponencialmente.
Aquí en Europa persiste una doble preocupación respecto de la sociedad de la información: la primera atañe al papel económico de empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple, con relación al pago de impuestos; la segunda tiene que ver con su rol social, las nuevas adicciones digitales y su impacto en las relaciones humanas.
En marzo pasado los ministros de Economía de los 28 países que forman la Unión Europea (UE) debatieron imponer un gravamen especial de 3% a las ganancias de las empresas tecnológicas denominadas GAFA (por las iniciales de las cuatro multinacionales mencionadas en el párrafo anterior); sin embargo, no prosperó porque se opusieron Finlandia, Noruega, Austria y Suecia.
Después está el punto de su poder de penetración y de manipulación colectiva derivada de las redes sociales y el compromiso ético que los grandes corporativos, creadores y administradores de las diversas redes sociales existentes asumen de cara a la sociedad.
Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, se comprometió a borrar los sitios falsos y sobre todo de contenido terrorista o de incitación al odio; y eliminar las páginas usadas por bots y hackers.
No obstante Europa no está tranquila, mucho menos cuando en los últimos cuatro años se sospecha de la mano negra de hackers rusos y de páginas apócrifas y de usuarios falsos creados para sembrar la discordia, el miedo, la desazón entre el ciudadano en tiempos de campañas electorales. Es un espinoso asunto, primordialmente porque en la actualidad las elecciones se ganan con el poder de las redes sociales.
¿Constructivas o destructivas?
También en el renglón de las relaciones humanas resultan ambivalentes y en muchos casos dañinas, según concluyen diversos testimonios recogidos por Vértigo entre activistas sociales, abogados e investigadores en España.
En torno de las adicciones digitales, según datos de Manuel Fuentes, director de la Fundación Candeal Proyecto Hombre, han ido “in crescendo”. Al menos así lo observan en este organismo creado para ayudar a personas con alguna dependencia.
“Hemos visto de forma notable ese cambio. Hace años solo venía a nuestra fundación gente con adicciones al hachís y al cannabis… Ahora cada vez vienen más familias con sus hijos porque tienen un abuso de las nuevas tecnologías”, subraya Fuentes.
El año pasado la Fundación Candeal Proyecto Hombre, que tiene sede en Burgos, recibió más de 600 casos de personas con adicciones a las nuevas tecnologías. “Acuden de todas franjas de edad, de doce a 21 años es la de mayor porcentaje, pero los hay igualmente de 15 a 17”, agrega el directivo.
Hace años, explica Fuentes, echaron a andar un programa llamado Ariadna que trabaja en la prevención y el tratamiento de problemas de conducta derivados de los abusos de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
“Lo tenemos desde 2006, cuando detectamos las primeras manifestaciones, problemas emergentes de gente que no podía despegarse de jugar con videojuegos o de navegar por internet”, especifica el activista de derechos humanos.
¿Por qué está siendo tan acucioso? Para Fuentes deriva de una combinación de factores: “Ante todo, el uso y abuso de las redes sociales es un problema muy real; para nosotros interrumpe el desarrollo de maduración de un adolescente que no logra desapartarse de las mismas; al volverse adicto posterga su proceso de emancipación”.
Las TIC, insiste, vienen con un aura de modernidad pero “no debemos olvidar que son un arma de doble filo, sobre todo para los jóvenes” hay un problema concomitante que suele venir por conflictos familiares.
¿Qué hay que hacer? Para Fuentes la fórmula pasa por una labor de prevención con los chicos y sus familiares; por explicarles el uso adecuado de la sociedad de la información… porque además no se puede vivir al margen.
“Tienen su lado positivo porque facilitan las relaciones laborales, pero está su lado negativo, lo que está aconteciendo con las redes sociales: allí es donde sucede el perjuicio mayor porque se usan para la calumnia fácil”, indica.
Las redes sociales se llenan de basura; en ese universo infinito descargan su frustración y escasa tolerancia al fracaso tanto ex novios como ex novias, ex maridos, ex esposas, ex trabajadores… y otras voces que al calor del despecho fácil levantan acusaciones que no son capaces de denunciar directamente ante un ministerio público porque el golpe de efecto que buscan crear es el escarnio y el linchamiento social.
La difamación hace mucho daño. En España, comenta Fuentes, hay un dicho que reza: “Calumnia que algo queda”. Y en ese maremoto en internet “el anonimato hace que las personas sean más incisivas, más dañinas. El clic tiene un efecto real: es mucho más potente que si lo dijeran directamente a la cara del acusado; y lo hacen para dañar su historial. Desde un punto de vista humano el golpe de efecto en las redes sociales es mucho mayor. Y a mí me parece que esa impunidad debe terminar”, esgrime Fuentes.
—¿Qué está fallando?
—Creo que falta preparación, formación, educación y enseñar a las personas y a las familias que somos inmigrantes digitales. ¿Cómo educar a nuestros hijos para no depender de las redes sociales, usarlas adecuadamente y no provocar socialmente ningún daño? El único camino es dar una formación muy buena.
—¿Cómo se lucha contra el daño moral?
—Lamentablemente la realidad va por delante de la legislación, de la justicia y los programas educativos: nos ha rebasado… Las manifestaciones hirientes en las redes sociales no pueden quedar en la impunidad y menos en un momento en que tenemos en España la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.
¿Qué dice esta ley? Aborda la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales como “un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera la Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales cuando dispuso que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Derecho al olvido
A decir de Fuentes debe existir un derecho al olvido en internet: “Se tiene que ir a ello, aunque eso no quita que en cualquier momento por la vía judicial se pueda investigar o consultar algún expediente; pero los seres humanos se equivocan y tienen también derecho a la rectificación, y al olvido digital: que no quede allí una huella imperecedera en internet”.
En el mismo sentido se manifiesta Cristina Guerrero, abogada y directora del área territorial de Empleo de Málaga, quien se declara en pro de borrar esa huella digital porque “a través de las redes sociales se difama bajo ningún costo y con el anonimato la gente se envalentona; la verdad no interesa, lo hace la mentira o bien las medias verdades”.
—¿Y el movimiento #MeToo?
—¡Uf, complicado! Como mujer no puedo entender a mujeres que han subido a las habitaciones y denuncian por las redes sociales 15 años después. Y, evidentemente, me considero una persona feminista, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo.
—¿Cómo cree que España ataja el problema de estas denuncias, de que cualquier persona te pueda difamar por las redes sociales?
—Creo que al final se controlará toda esta historia. Imagino que cada vez irá a más, pero es complicado y difícil porque no a todas las redes sociales les interesa pararlo.
—¿Conoce a alguien cercano al que hayan denunciado en las redes?
—No he conocido gente cercana con acoso o ciberbullying, pero sí por acoso político. Lo sé en muchísimos casos. Y todo lo que se dice en las redes los ha dejado en nocaut técnico. Aun cuando esa persona se explique y evidentemente exponga toda la verdad al final nadie lo resarce: todo el daño de la difamación permanece.
Por su parte Celia Carrión, investigadora de la Universidad de Salamanca, condena que ciertas personas se escondan y digan cosas que no se atreverían a sostener en un cara a cara: “Yo diría que otra vez la realidad ha ido muy adelante que el Derecho; estamos con un Derecho que va siempre rezagado respecto de la realidad social; por supuesto, que la tecnológica, que la política. Y hay que actualizar los mecanismos jurídicos para crear una seguridad cibernética para los ciudadanos”.
—¿Qué haría falta para tener penas más fuertes?
—Formación, como en todo. No hay mala fe muchas veces. Lo que hay es un problema de urgencia versus importancia y formación. Atendemos lo urgente y no lo importante. Habría que haber planificado y contar con planes de formación.
—La gente tiene derecho al olvido a evitar las huellas indelebles…
—Totalmente. El derecho al olvido y filtros con una serie de condicionantes son necesarios. Tanto la norma y la regla sirven para regular la convivencia, y las redes sociales no son más que otro foro de comunicación y de interrelación personal. Por tanto, necesita una adecuada regulación.
Al respecto la Comisión Europea abordó el derecho al olvido bajo ciertas condiciones en una búsqueda en internet: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que establece, como ya venía aplicando la agencia en sus resoluciones, que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre”.
¿Qué significa exactamente? Es la manifestación del derecho de supresión aplicado a los buscadores de internet: “El derecho de supresión hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales”.
Historiales manchados
Preguntamos a Carrión si conoce a alguien afectado por bulos y calumnias en internet, a lo que responde: “Sí. Y muy fuertemente le pasó a una chica, quien lamentablemente lo manifestó con retrasos escolares importantes; ella empezó sus prácticas como abogada y por un tema de un escarnio de compañeros celosos que no consiguieron la plaza que generaron un cantidad de información tremenda en internet le valió no solo el puesto sino además una depresión de casi cinco años”.
Por eso es tan delicado ese universo digital: en opinión de Amelia Marín, presidenta de Zonta, no se ejerce un control adecuado en el uso de las redes sociales, no se puede verter opiniones o comentarios en relación a terceras personas que no están presentes. “A mí me parece que no es del todo correcto. Debería haber una legislación que no permita ni hablar ni hacer comentarios respecto de cualquier otra persona sin el consentimiento de esta. Eso solucionaría muchos problemas. Sé que la legislación española avanza en ese sentido pero creo que aún hay que adoptar una serie de medidas que permitan paliar antes de que se produzca el hecho”, dice la activista granadina.
—El daño no es exclusivo de un género…
—Este tipo de conductas afectan tanto a hombres como a mujeres y a todo tipo de colectivos… y muchos son vulnerables, como los niños, los adolescentes, los homosexuales.
Marín comenta que en su profesión como notario han llegado a buscarla personas que pretenden recoger en un acta notarial o “hacer algún tipo de manifestación” de acoso sufrido por las redes sociales; sin embargo, la actuación de la legislación española no permite que “los notarios podamos recoger ese tipo de manifestaciones sino que son hechos directamente denunciables”.