Ciudad de México, a 17 de mayo. Con una importante serie de innovaciones que buscan establecer una nueva política en materia de cultura cívica, fomentar valores democráticos
para una convivencia pacífica y generar una cultura de respeto a la ley y el Estado de Derecho, el Congreso capitalino aprobó la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, por la que se abroga la anterior legislación, que databa del 29 de diciembre de 2017.
A nombre de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Participación Ciudadana, el diputado Eduardo Santillán Pérez, presentó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide esta ley, el cual fue emitido inicialmente por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
“En términos generales se establece una nueva visión que refuerza la concepción del trabajo comunitario como principal sanción para las infracciones de carácter administrativo. Se establece que por cada hora de trabajo comunitario se compute el equivalente a dos horas de arresto. Esto, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental, que pretende que las y los ciudadanos que cometen una infracción en la capital puedan establecer nuevos mecanismos de convivencia”, explicó el legislador de Morena.
Detalló que se establecen nuevas modalidades de trabajo comunitario, acudir a cursos, talleres y conferencias, o asistir a terapias en materia de convivencia familiar, cultura de la paz y reglamento de tránsito.
Como parte fundamental de esta nueva ley, el diputado Santillán destacó el establecimiento de las denominadas foto cívicas, en vez de las foto multas instauradas por el gobierno anterior, “para que no sea la política en materia de tránsito una política que tienda a la recaudación a través de la imposición de multas, sino una cultura que fomente la seguridad de los peatones, de los ciclistas y de los automovilistas”.
Esta nueva legislación establece un esquema de sanciones que va de la amonestación al trabajo comunitario y crea un novedoso proceso de justicia en línea. “Se establece un proceso ágil y expedito, que permitirá que el ciudadano pueda tener garantizado en todo momento el respeto al debido proceso y que al mismo tiempo se puedan utilizar los sistemas tecnológicos, tanto en la identificación de conductas que violen el Reglamento de Tránsito, pero también de métodos tecnológicos y en línea para llevar a cabo procedimientos de carácter jurisdiccional”, dice la ley.