Domingo 22 de septiembre de 2019
Legislativas

Reglas electorales deben ser consensadas: diputados.

Reforma electoral.
2019-06-26 14:24:32 por Redacción
Foto: Cortesía.

Ciudad de México, a 26 de junio. El coordinador del grupo de trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), expresó que las reglas del proceso electoral deben ser consensadas, sin dogmas, sin perjuicios, sin vulnerar instituciones ni procesos, y con parámetros que se orientan sobre la austeridad.

En la segunda mesa de trabajo con Consejeros de los Organismos Públicos Electorales Locales, Gutiérrez Luna indicó que la intención de generar esquemas de austeridad no tiene destinatarios, ni hay ningún interés oculto de revisar lo que ha sido el encarecimiento de la democracia, pero sin ponerla en riesgo.

Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, expresó que hay mucho por hacer en materia electoral en los estados y preguntó dónde los OPLE pueden ampliar sus facultades como vigilantes de una elección u organizadores de la misma, ya que sería imposible quitarlos en regiones de usos y costumbres, como Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. “Necesitamos construir una ley consensada”.

La diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla externó su preocupación para construir los perfiles idóneos de quiénes deben ocupar los organismos locales electorales, porque en el ámbito federal se tiene la participación de un órgano técnico, uno político y, en lo administrativo, está la Cámara de Diputados que nombra a los consejeros.

Del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván se manifestó por alinearse a las funciones del INE y de los OPLE para tener un ejercicio electoral más eficiente en los estados y en la federal, el cual sea más aseado y claro. “El tema de la austeridad no puede orientar una reforma. No hay nadie que diga cuánto se ahorra con la eliminación de los OPLE y los tribunales locales. La democracia en México requiere de consensos”.

El diputado Santiago González Soto (PT) resaltó que todos deben colaborar en mejorar el sistema democrático. Preguntó si los OPLE son necesarios en el país; cuáles son sus fortalezas, porque hasta el momento se han escuchado debilidades; qué tanto soportan los procesos electorales; cómo contribuyen a fortalecer la democracia y de qué manera ayudan a eliminar vicios.

Por Morena, el diputado Alejandro Viedma Velázquez calificó este encuentro como inédito. “No es final, sino el arranque para establecer vínculos; no sabemos adónde llegará la Reforma Electoral; necesitamos de los consensos y en ese camino vamos”.  

Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido, dijo estar en contra de que desaparezcan los OPLE, pues se requiere fortalecer el andamiaje del país. “Necesitamos avanzar en la democracia y en la participación ciudadana en los comicios; que estos foros sean un paso hacia ello y no una mera simulación”.

Por parte de la Red Nacional de Educación Cívica de los Organismos Públicos Locales, Laura Bringas se manifestó a favor de una reforma que fortalezca a las instituciones, al federalismo y a la democracia mexicana. “Estamos para ayudarles a construir la mejor Reforma Electoral no para los OPLE o partido político, sino para las y los mexicanos”.  

Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, de Guanajuato, indicó que los procesos para la organización de las elecciones son complejos y costosos, pero es el costo por su diseño para combatir la desconfianza. Subrayó que resulta riesgoso y poco recomendable concentrar todo el poder electoral en un sólo ente; por el contrario, se tendrían que fortalecer los organismos electorales estatales dotándoles de plena autonomía e independencia.

Marco Iván Vargas Cuéllar, de San Luis Potosí, consideró que se tendría que pensar en la distribución de las funciones entre INE y OPLE, y que los organismos locales se encarguen de las actividades que materialmente implican mayor cercanía con la ciudadanía, y el INE emita los lineamientos. “Una distribución de nuestro trabajo sobre un concepto más amplio de organización democrática, no nada más electoral, cuidando eficacia, eficiencia, austeridad y gobernabilidad”. 

De Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón expuso que los OPLE representan en promedio el 0.23 por ciento del gasto de las entidades federativas y si el costo es per cápita sin prerrogativas de partidos políticos, es de 45.38 pesos anuales por ciudadano. Se pronunció a favor de que exista una reforma y revisar competencias para lograr mayor eficiencia en el gasto, transversalizar de manera institucional el fomento de valores democráticos y construcción de ciudadanía, “pero siempre garantizando la autonomía, la certeza, la independencia, y la imparcialidad”.  

Tania Celina Vásquez Muñoz, de Veracruz, señaló que es indispensable fortalecer las atribuciones de los organismos públicos locales, si se desea consolidar una democracia ciudadana y sostenible a largo plazo. Consideró que una verdadera reforma de Estado en el ámbito electoral ya no debería criticar la organización de las autoridades electorales, “máxime que éstas han fomentado la alternancia política del país en condiciones de paz”.

En tanto, Francisco Martínez Ballesteros, de Hidalgo, señaló que el presupuesto de los institutos electorales estatales, en todos los casos, es menor al uno por ciento; por lo que planteó establecer un piso para que a partir de ahí se pueda regular una base y que cada estado, con base en sus necesidades y posibilidades, pudiera considerar otras alternativas.

Viridiana Maciel Sánchez, de Baja California, señaló que la organización de las elecciones no es la única función que desempeñan los institutos electorales locales, porque se subestiman sus otras actividades como la sustentación de los medios de impugnación. Consideró que se pueden emitir medidas de austeridad dentro y fuera del proceso electoral en los rubros que no representen eliminación de derechos humanos de los empleados y que no pongan en riesgo el proceso electoral.

Edmar León García, de Guerrero, precisó que desaparecer los OPLE sería desaprovechar la experiencia que tienen en representación indígena, en específico sobre el ejercicio de derechos político-electorales, la libre determinación y autonomía, toda vez que se tratan de poblaciones vulnerables en auge del reconocimiento de estos derechos. Estimó que se requiere mejorar a los OPLE, lo que permitirá la contención de conflictos desde lo local y el fortalecimiento del federalismo en la democracia del país.

Sergio Flores Cánovas, de Nayarit, dijo que no es necesaria una refundación del sistema electoral ni de las instituciones electorales, lo que se requiere es hacer ajustes en el sistema y en la legislación electoral. Sostuvo que desaparecer los OPLE sería configurar un centralismo y lastimaría la soberanía de los estados; además, no se generaría un ahorro porque “se desaparecería una estructura, pero hay que compensarla para cubrir las tareas”.

De Nayarit, Claudia Zulema Garnica Pineda dijo que para fortalecer la autonomía de estos organismos, aparte de que los gobiernos no recorten presupuesto, debe haber un apartado en la ley que establezca cómo integrar el presupuesto de ellos, y que se destine por lo menos un cinco por ciento para educación cívica, que se presente cómo llevarlo a cabo ante el Congreso y luego eventualmente cómo lo debe administrar y ministrar Ejecutivo estatal.

Enseguida, Saúl Rodríguez Camacho, de Chihuahua, resaltó la trascendencia de estos organismos para los estados, para garantizar la diversidad e inclusión, promover el voto y el uso de tecnologías como las urnas electrónicas. “La existencia de autoridades electorales en las entidades federativas facilita la exploración de diversas formas de expresión ciudadana y de vinculación con la sociedad para promover la participación, así como de colaboración y coordinación con autoridades, instituciones académicas y organizaciones civiles para divulgar cultura democrática en todos los ámbitos”.

Norberto Sánchez Briones, de Tlaxcala, destacó que los OPLE han ganado la credibilidad de la ciudadanía, por lo que propuso que dentro de la reforma se tomen en cuenta la particularidad de cada entidad, que posean presupuesto directo, se erradiquen indicios discriminatorios, se realice un régimen de partidos con cancha pareja y se dé facilidad de la creación de más entes políticos, a fin de fomentar la pluralidad.

 

De Querétaro, Gema Morales Martínez propuso fortalecer el aparato de electoral a través de la educación cívica local que permite la cercanía con la sociedad. Se pronunció por no desaparecer los OPLE, ni sus áreas de educación cívica, sino reforzarlos con más educadores, replicadores y alianzas para lograr mayores y mejores resultados. Dijo que la educación cívica es una de las mayores aportaciones de estos organismos, pues contribuye a la formación de ciudadanía y la cultura cívica democrática, promoviendo la convivencia social, los valores cívicos-democráticos y el reconocimiento de los derechos y obligaciones de los individuos.

De Durango, Fabiola Bringas Sánchez, afirmó que la evolución del sistema electoral, no necesariamente es a través del ahorro, sino gastar mejor y que los procesos sean más cercanos a la ciudadanía. Indicó que el INE no tiene la estructura y los recursos para hacer la tarea de las 32 entidades federativas; propuso estandarizar el presupuesto operativo y cobertura mínima para el fomento de la educación cívica y la participación ciudadana.

Jorge Valladares Sánchez, de Yucatán, manifestó que tienen una triada virtuosa; el hecho de atender lo electoral y tener una labor paralela con el Instituto Nacional Electoral. Esta triada está conformada en principio por la educación cívica, qué es el proceso constante y permanente que desarrollan todos los días en cada una de las localidades y estados, para un resultado específico que no es el electoral, sino la participación ciudadana.

De Nuevo León, Sara Lozano Alamilla, resaltó que el Estado tiene una deuda histórica con la población porque ha desatendido de manera persistente a la educación cívica y esta reforma mantiene ese rumbo. Por ello, consideró que las modificaciones deben ser en términos de la educación cívica, si hay una voluntad política para fortalecer a la ciudadanía.

Por su parte, Beatriz Rangel Juárez, de Jalisco, refirió que se parte de un modelo que se creó en 1996, “lleno de candados y producto de la desconfianza”; han transcurrido más de 20 años y hoy se sigue votando sobre billetes; por lo que resaltó la importancia de superar la brecha y dar el salto a la innovación que seguramente traerá un enriquecimiento y fortalecimiento y profundización de la democracia. 

De Baja California Sur, Chikara Yanome Toda, planteó generar un marco normativo que permita el ejercicio de derecho a votar a personas con alguna discapacidad motriz o con una condición que impida su traslado a una casilla de votación. Este marco normativo, dijo, debe considerar la posibilidad de una urna itinerante que facilite el voto en casa o el uso de medios electrónicos.

Jorge Antonio Vallejo Buenfil, de Yucatán, aseguró que no podrá ser mediante estos “ejercicios centralizados” de parlamento abierto como se puede agotar la discusión de la reforma electoral, pues el actual sistema ha llevado casi medio siglo para su formación. “Aunque no es por el que muchos luchamos, es el que fuimos capaces de construir por años”, enfatizó.

 

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