Por Guillermo Deloya
Si bien es cierto que en una democracia son necesarios los contrapesos que representan diversos organismos autónomos es fundamental confiar en el funcionamiento de las instituciones más allá de lo fortuito que resulta el paso de los hombres en los encargos.
La renuncia de quien fuera secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, reavivó de inmediato los temores en el sentido de que el presidente López Obrador tiene la intención de quitarle al país valiosas instituciones. Voces que se alzan sobre preocupaciones de muy difícil realización.
Pero por igual nada sería más lesivo y poco atinado que existiese una voluntad real para llevar a cabo una extinción sobre un organismo como el Coneval. Lo anterior cobra especial trascendencia cuando se sabe que la función con la que cumple se encuentra centrada en dirigir la brújula del combate al flagelo de la pobreza que por tiempos ancestrales ha azotado al país. Este organismo público permite reales mejoras en la toma de decisiones en materia de desarrollo social: la carencia del mismo llevaría a un tránsito ocurrente y a ciegas de una de las líneas de actuación más sensibles de toda la administración pública.
Más aún, en su momento la lógica detrás de su conversión al nivel de órgano constitucional autónomo obedeció precisamente al sano alejamiento que se requería para evitar la injerencia de un Poder Ejecutivo que tuviera la tentación de reflejar estadísticas y mediciones distintas a la realidad vivida. No se puede atacar la pobreza si para mantener la buena imagen de un presidente se obliga al órgano técnico a maquillar cifras y mentir sobre las evaluaciones de programas y políticas públicas en la materia.
Estafeta
Hernández Licona trabajó durante más de 13 años para dirigir al organismo encargado de medir la pobreza, así como el seguimiento a la elaboración del presupuesto federal, los programas presupuestales transversales para el combate a la pobreza y desigualdad social y toda intervención gubernamental relativa a la justicia social. Labor cumplida de la más plausible manera.
Junto a él al Consejo lo dirigieron desde el órgano colegiado grandes académicos de instituciones renombradas como El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otros.
Lo cierto es que el Coneval, desde que alcanzó su autonomía en la Carta Magna, no ha sido del todo cómodo para los gobernantes. Recordemos cómo en el último cuarto del sexenio de Enrique Peña Nieto, con el ex candidato presidencial José Antonio Meade como titular de Sedesol, se vivió una pugna entre la administración pública federal y el organismo relativa a la metodología de medición de la pobreza: si no se modificaba, la evaluación de la política social resultaría en un número sustancialmente más elevado de pobres que los que al ex presidente Peña Nieto le habría gustado reconocer.
Aparentemente el ahora ex secretario ejecutivo del Consejo no supo adaptarse a la política presupuestal austera del nuevo gobierno. Y sin embargo lo que hubiera parecido un golpe a las instituciones autónomas, que en la práctica son contrapesos del poder político concentrado en el Ejecutivo, es solo un cambio de estafeta. Existen aún muchos candados de control que evitan precisamente el capricho del gobernante como forma de política pública.
Estoy convencido que el Coneval es fundamental, junto con el INEGI, para contar con datos confiables y suficientes que permitan al gobierno hacer lo mejor por el país; bien dicho por el ex titular: “El liderazgo presidencial combinado con buena información generará mejores resultados para el país”.
No sería entendible el fusilamiento de la confianza ciudadana al minar su derecho a la información objetiva sobre el devenir en tan sensible materia. Por igual, tampoco sería aceptable lesionar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho con un atentado a los pesos y contrapesos que por mandato constitucional ha costado décadas construir. Una vez que el Ejecutivo ha aclarado que esta no es la ruta sino la continuidad con austeridad solo queda hacer votos por que la nueva conducción sea afortunada y apegada a la veracidad que obliga en un país donde ya no cabe la frívola simulación.