A la tragedia que significa abandonar el lugar donde nacieron por motivos que incluyen pobreza extrema, violencia, inseguridad, desastres naturales —terremotos o inundaciones—, así como conflictos armados y guerras civiles, los migrantes suman a su destino incierto nuevos obstáculos que los colocan en el límite de una existencia cada vez más infortunada y con limitadas oportunidades de alcanzar mejores condiciones de vida.
Expatriados contra su voluntad, vistos cada vez más como un peligro en aquellas regiones por la que transitan por el temor de que les quiten empleos a los locales y que la inseguridad aumente con su presencia, los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son perseguidos, víctimas de racismo, criminalizados y utilizados con fines político-electorales.
Al igual que ocurre en otras áreas del planeta con altos niveles de atracción de migrantes, el éxodo que realizan hacia Estados Unidos —el gran centro de atracción del continente americano por las oportunidades laborales y de desarrollo que ofrece—, cientos de miles de personas buscan eludir el destino de pobreza que ven en su futuro y deciden tomar un camino lleno de peligros, sin medir riesgos y vicisitudes.
El rechazo a la inmigración por parte de Donald Trump desde el primer día como presidente de Estados Unidos materializado en leyes, iniciativas, decretos y una retórica racista e incendiaria contra los migrantes ilegales agrava la de por sí precaria condición de quienes pretenden llegar a ese país, así como de los que ya se encuentran en territorio estadunidense y viven una permanente zozobra de ser deportados.
Las constantes expresiones con que el mandatario estadunidense denigra y calumnia a los migrantes, a quienes califica de criminales, terroristas y traficantes de drogas, no solo son expresiones xenofóbicas con fuerte impacto entre grupos de ultraderecha: tienen además un claro propósito electoral en la búsqueda de su reelección presidencial.
Mayores dificultades
A esta difícil situación hay que añadir el cambio drástico de las condiciones en que los migrantes realizaban su travesía por México, debido a las medidas que ahora aplica el gobierno mexicano como consecuencia de las presiones de Trump para detener el paso de esa población hacia EU.
La aplicación de una política de migración ordenada, segura y regular por parte del gobierno mexicano después del acuerdo migratorio firmado con Washington a partir de las amenazas del mandatario estadunidense para detener las caravanas en los hechos ha significado el cierre de la frontera sur con apoyo de la Guardia Nacional, la vigilancia en la frontera norte para tratar de inhibir el ingreso de migrantes a la Unión Americana, así como el reforzamiento de la vigilancia en carreteras para detectar a personas con estancia irregular y la persecución a organizaciones de traficantes de personas.
Si bien estas medidas permiten una disminución importante de quienes buscan ingresar a ese país también generan una crisis humanitaria por la situación en que se encuentran miles de migrantes en los albergues de ambas fronteras y las limitaciones que enfrentan los gobiernos locales para atender sus necesidades y garantizar la protección de sus derechos humanos durante su estancia en nuestro país.
Fenómeno de las caravanas
El aumento explosivo de migrantes centroamericanos que en su gran mayoría buscaban llegar a la frontera norte de México para de ahí tratar de ingresar de manera ilegal o mediante solicitud de asilo humanitario a EU se presentó a finales de 2018 y principios del presente año mediante caravanas organizadas en Honduras y Guatemala.
Con el propósito de escapar de la pobreza, la violencia, la inseguridad y la falta de empleos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias enteras decidieron sumarse a la convocatoria para integrarse a las caravanas, una forma inédita de organizarse —y también muy polémica por los intereses y agendas ocultas de distintos grupos políticos y hasta criminales que las auspiciaban‒ para emprender grandes marchas hacia territorio estadunidense, un viaje peligroso que implicaba recorrer más de mil kilómetros, muchos de ellos a pie.
Así, el ingreso irregular a territorio mexicano que durante décadas hicieron ciudadanos de países centroamericanos de manera individual o en pequeños grupos a través de nuestra frontera sur con Guatemala (que se encontraba prácticamente sin vigilancia), cambió con la presencia de miles de personas organizadas.
La política migratoria aplicada de manera tradicional por los gobiernos mexicanos hacia los migrantes provenientes de Centroamérica (a los que en las últimas oleadas se les sumaron ciudadanos cubanos, africanos y haitianos, principalmente) si bien era de un control migratorio formal en los hechos no era estricta y se toleraba su permanencia y traslado a través del territorio mexicano, lo cual generó un mayor interés para los migrantes y consecuentemente más concentración de ellos en México.
Sin embargo la organización de grandes contingentes representó un desafío para el gobierno mexicano que estaba a punto de concluir, el cual puso en marcha medidas que permitieran un ingreso ordenado y no violar las leyes mexicanas en la materia, lo que no fue suficiente para contener el paso de las caravanas.
Estas movilizaciones provocaron airadas protestas del presidente Donald Trump, quien exigió a nuestro país parar el flujo de migrantes que tenían como destino la Unión Americana.
Mediante amenazas como cerrar la frontera con México, además del reforzamiento de los principales cruces fronterizos entre ambos países con la Guardia Nacional y el envío de militares Trump mantuvo sus advertencias de que nuestra nación detuviera el paso de los migrantes o de lo contrario tomaría medidas más drásticas contra nuestro país.
Apertura y presión de EU
Al inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una postura de apertura y apoyo a los migrantes, a quienes se les ofreció la posibilidad de obtener permisos especiales para transitar por el país y la posibilidad de trabajar en las grandes obras de infraestructura proyectadas por la nueva administración, en particular en el sur de México.
Sin embargo el objetivo final de los migrantes era EU, por lo que la disposición de la administración entrante se reflejó en un mayor número de personas que ingresaron para trasladarse al norte del país, situación que se reflejó en un incremento explosivo de detenciones en la frontera de México con Estados Unidos, que alcanzó la cifra de casi 600 mil de noviembre de 2018 a junio del presente año y de continuar esa tendencia superará el millón al cierre de 2019.
A finales del mes de mayo Trump anunció que impondría aranceles de manera escalonada a las exportaciones mexicanas a su país a partir del 10 de junio, medida que permanecería “hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados” que llegaban a EU a través de México.
La aplicación de aranceles afectaría de manera grave a la economía mexicana porque más de 70% de nuestras exportaciones va al mercado estadunidense. De ahí que ante la real posibilidad de que Trump cumpliera su amenaza el presidente López Obrador envió a una delegación mexicana –que encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard— a negociar directamente a Washington para tratar de impedir que se aplicara esa medida.
Acuerdo incómodo
Después de una tensa negociación de varios días, y cuando estaba a punto de terminar el plazo para llegar a un acuerdo, el viernes 7 de junio Ebrard anunció un acuerdo en materia migratoria para cancelar la amenaza de aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas a partir del lunes 10 de junio.
Esa negociación implicó que México aceptaba por razones humanitarias que migrantes que habían solicitado asilo en EU ingresaran a territorio mexicano para esperar la respuesta a su pedido, lo que oficializó el programa Quédate en México, que Washington impuso a nuestro país de manera unilateral.
También aceptó ofrecer oportunidades laborales y de acceso a la educación a los migrantes y a sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección de sus derechos humanos.
Además, de acuerdo con lo anunciado por Ebrard, se desplegaría la recién creada Guardia Nacional en diversos puntos de la frontera sur del país.
Estas medidas significaron aceptar las condiciones impuestas en materia migratoria por EU a fin de evitar por el momento la aplicación de aranceles.
El acuerdo sería revisado en un periodo de 45 días y se tendría una evaluación final a los 90 días, los cuales se cumplieron el martes 10 de septiembre.
Balance
De acuerdo con el balance que presentó el viernes 6 el secretario de Relaciones Exteriores las acciones aplicadas permitieron una reducción del flujo migratorio en 56% entre junio y agosto pasados.
Agregó que se desplegaron 14 mil 951 elementos de la Guardia Nacional para atender el fenómeno migratorio en la frontera norte y diez mil 500 elementos en la frontera sur.
El canciller resaltó que a pesar de ser uno de los despliegues más grandes y complejos que ha habido en materia de seguridad solamente se han presentado siete quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a garantías individuales de esa población.
En ese periodo, indicó, se recuperaron 35 tractocamiones con un total de dos mil 186 personas, de las que casi 40% eran menores de edad; se abrieron 778 carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República; han sido puestos a disposición del juez 622 sujetos, y se ha vinculado a proceso por tráfico de personas a 357 individuos.
“De esta forma se busca que la migración a nuestro país sea segura, ordenada y regular”, destacó Ebrard.
“Sin avergonzarnos”
Al reunirse el martes 10 en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, Ebrard les informó que México logró avanzar 90% del objetivo central que acordó en el acuerdo para reducir los flujos migratorios, lo que demostró el éxito de la estrategia aplicada.
El canciller mexicano garantizó que las nuevas medidas migratorias se habrán de mantener y los resultados serán irreversibles, al tiempo que rechazó medidas adicionales en el corto plazo.
Durante un breve encuentro con Trump, previo a la reunión con los funcionarios estadunidenses, Ebrard le manifestó que a estas alturas tratar de convertir a México en un tercer país seguro no es una solución.
Y luego de esa reunión resaltó que “de lo que se ha implementado no nos arrepentimos porque es cumplir con lo que la ley mexicana dice. No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzarnos: jamás lo haríamos. México no considera que ser tercer país seguro sea una solución en este punto. Además de que no existe una autorización del Senado y del propio presidente para ir en esa dirección. Estamos en 90% del objetivo central, que es mantener el histórico de los flujos migratorios”, consideró en conferencia de prensa.
Contención de migrantes
Si bien México ha logrado disminuir el número de personas en tránsito hacia EU —y con ello evitó la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas—, también surge una situación de crisis entre los migrantes.
El despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, en las carreteras que usan de manera tradicional los migrantes, la colocación de retenes y la supervisión de unidades de transporte público y de carga para detectar a personas con estancia irregular modificó el panorama de zonas fronterizas del sur del país, por lo que los migrantes tuvieron que utilizar otras vías para internarse y desplazarse por nuestro territorio.
A los principales accesos de la frontera norte también se desplazaron elementos de la Guardia Nacional, soldados, marinos y agentes migratorios para inhibir el paso hacia EU, lo que si bien no impidió que siguieran llegando migrantes, sí disminuyó el número de quienes arribaban a esa zona.
La difícil situación que ya se vivía en las principales ciudades fronterizas de México por la presencia de miles de migrantes se volvió crítica cuando empezaron a llegar los solicitantes de asilo que esperaban respuesta a su solicitud en EU ya que muchos albergues empezaron a saturarse y se dificultó el apoyo de alimentación, alojamiento y servicios de salud.
Críticas
Si bien para el gobierno mexicano las medidas migratorias aplicadas para contener el paso de migrantes se realizan conforme a la ley, analistas y organismos de derechos humanos y Organizaciones No Gubernamentales las critican.
En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador un centenar de organizaciones de la sociedad civil manifiestan que a 90 días del acuerdo en materia migratoria México se ha convertido en el muro fronterizo de Trump, porque a partir de ese convenio se desprendieron una serie de violaciones a los derechos humanos de indocumentados en territorio nacional.
Instaron al mandatario mexicano a poner fin a presiones de la Unión Americana en materia migratoria, así como a terminar con los actos que se desprendieron de las negociaciones y “han resultado en violaciones a los derechos de las personas migrantes y en un incremento sustancial en su grado de vulnerabilidad”.
Por su parte la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por las políticas migratorias aplicadas por Estados Unidos, México y algunos países centroamericanos, porque ponen en un creciente riesgo a los migrantes, especialmente a los niños.
Bachelet criticó los acuerdos para devolver a las personas solicitantes de asilo en EU que han sido obligadas a volver a México para esperar allí la resolución de sus casos, además de hacer un reclamo a nuestro país por bloquear 35 mil solicitudes de asilo en zonas de frontera y por el aumento de detenciones y deportaciones de migrantes.
Altos costos
Genoveva Portillo Gómez, profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM, refiere que el incremento de migrantes en México fue una llamada de atención al gobierno del presidente López Obrador porque causó alarma en EU ante la perspectiva de que ingresaran en ese país y motivó la amenaza de Trump de aplicar aranceles a las mercancías mexicanas en caso de que no fueran contenidos en nuestro país.
Expone que el gobierno mexicano se vio obligado a firmar un acuerdo migratorio para reducir el número de migrantes, lo que se logró en estos últimos tres meses.
Y si bien se alcanzó una reducción de 56% recuerda que México ha pedido a la Casa Blanca que también contribuya de manera económica para ayudar a las naciones expulsoras de migrantes a crear un mayor número de empleos.
La académica advierte que la actual situación se traduce en una crisis humanitaria porque muchos migrantes que solicitan asilo en EU son regresados a México mientras les resuelven su situación, lo que conlleva hacinamiento, inseguridad y violaciones a sus derechos humanos.
Respecto del uso electoral de los migrantes por parte de Trump la especialista considera que al presidente estadunidense le funcionó muy bien hablar de migración en su pasada campaña y seguirá el mismo camino para obtener la reelección.
La experta apunta que los costos para México a partir del acuerdo migratorio son evidentes y fuertes ya que hombres, mujeres y niños migrantes son vulnerables y están expuestos a la violación de sus derechos humanos.
Acerca de futuras presiones que pueda sufrir México por parte de Estados Unidos advierte de los riesgos de una posible reelección de Donald Trump ya que estaríamos expuestos a los estados de ánimo de un líder impredecible y que usa el tema migratorio para alcanzar sus fines políticos y electorales.